El juez Castro investigará a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales.
El magistrado prepara ya la imputación de Camps y Barberá por los contratos a dedo.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales entre 2007 y 2010 tras incorporar las 10 declaraciones de la renta de la hija de Rey al sumario del caso Nóos. El magistrado reclama también a Hacienda que revise si el dinero defraudado por Urdangarin en Aizoón se invirtió en el palacete de Pedralbes y otras atenciones personales y familiares. Castro pide en su acto que la Agencia Tributaria emita un informe "sobre las cuentas corrientes de las que doña Cristina de Borbón y Grecia sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión y depósitos de los que sea titular". El magistrado precisa que pretende así que la Agencia Tributaria "colme", con ese nuevo informe a realizar en el menor plazo de tiempo posible, "cualquier laguna o cualquier contradicción" sobre el documento que ya elaboró ese organismo el pasado 14 de enero, en el que se descartaban irregularidades fiscales.
El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach pidió la semana pasada que el juez solicitara un informe a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministero de Hacienda, para determinar si cabía imputar a doña Cristina por delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Según publican distintos medios hoy, este informe, que aún no está en poder del juez, apuntaría a que la hija del Rey no habría cometido delito fiscal. El magistrado ha decidido, sin embargo, abrir ya la investigación.
El magistrado imputó a la infanta Cristina el pasado 3 de abril tras considerar que conocía las irregularidades de los negocios por los que su marido está implicado en el caso Nóos. El fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a esta decisión y la Audiencia de Palma dejó en suspenso la imputación el pasado 7 de mayo. La resolución judicial cerró la puerta a la vinculación de la Infanta por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no hay indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales. Pero el mismo auto judicial abrió la vía para reactivar la imputación de la hija del Rey por delito fiscal. En el auto hecho público hoy, el juez pide la adscripción a su juzgado de un funcionario del cuerpo de vigilancia aduanera para que lo asesore en materia tributaria.
El fiscal Pedro Horrach reclamó al juez Castro que pidiera de inmediato a la Agencia Tributaria un informe sobre si el delito fiscal que los expertos de Hacienda atribuyeron en enero pasado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de su empresa Aizóon, era extensible a la Infanta, ya que ella es dueña del 50% esta sociedad. Varios medios de comunicación aseguran hoy que la Agencia Tributaria descartará que haya existido este delito.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego" en lo que respecta a una posible imputación de la Infanta por delito fiscal y ha subrayado que "una vez se reciba el informe" las partes lo valorarán. Mientras el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado que le parece "muy interesante" que el informe de la Agencia Tributaria encargado por la Fiscalía no encuentre elementos para imputar a la Infanta Cristina por un delito de fraude fiscal. También el abogado de la Infanta, Miquel Roca, ha aplaudido que el informe de la Agencia Tributaria no encuentre elementos para imputar a la hija menor del Rey por fraude fiscal.
El magistrado imputó a la infanta Cristina el pasado 3 de abril tras considerar que conocía las irregularidades de los negocios por los que su marido está implicado en el caso Nóos. El fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a esta decisión y la Audiencia de Palma dejó en suspenso la imputación el pasado 7 de mayo. La resolución judicial cerró la puerta a la vinculación de la Infanta por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no hay indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales. Pero el mismo auto judicial abrió la vía para reactivar la imputación de la hija del Rey por delito fiscal. En el auto hecho público hoy, el juez pide la adscripción a su juzgado de un funcionario del cuerpo de vigilancia aduanera para que lo asesore en materia tributaria.
El fiscal Pedro Horrach reclamó al juez Castro que pidiera de inmediato a la Agencia Tributaria un informe sobre si el delito fiscal que los expertos de Hacienda atribuyeron en enero pasado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de su empresa Aizóon, era extensible a la Infanta, ya que ella es dueña del 50% esta sociedad. Varios medios de comunicación aseguran hoy que la Agencia Tributaria descartará que haya existido este delito.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego" en lo que respecta a una posible imputación de la Infanta por delito fiscal y ha subrayado que "una vez se reciba el informe" las partes lo valorarán. Mientras el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado que le parece "muy interesante" que el informe de la Agencia Tributaria encargado por la Fiscalía no encuentre elementos para imputar a la Infanta Cristina por un delito de fraude fiscal. También el abogado de la Infanta, Miquel Roca, ha aplaudido que el informe de la Agencia Tributaria no encuentre elementos para imputar a la hija menor del Rey por fraude fiscal.
Los magistrados de la Audiencia Provincial que suspendieron la imputación de la Infanta, intuyeron que la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia podría ser “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos de su esposo en Aizóon, su empresa conjunta. La infanta presidió las dos últimas juntas universales anuales de accionistas cuando anteriormente actuaba de secretaria en el ajustado reparto de papeles para dos.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach entiende que no se modificará el criterio de los inspectores tributarios que en enero cargaron directamente en el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, tres posibles delitos fiscales, a través de su empresa Aizóon. El fiscal y la Agencia Tributaria sostienen que un socio, en este caso la infanta, no puede asumir una imputación del administrador, su esposo.
“No se puede descartar” sostuvo la Audiencia de Palma e indicó al juez que abriera “líneas de investigación”, insinuadas. La Sala insistió que se “despejen las dudas e inconsistencias” del primer informe de los inspectores de Hacienda para que estos “den respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas al posible blanqueo de capitales”.
El juez requiere a Diego Torres que se abstenga de presentar correos que impliquen intromisión en la esfera de la intimidad ajena. Transmite la llamada de atención de la Audiencia a los letrados a atenerse a la buena fe procesal.
Camps y Barberá, al borde de la imputación
El juez prepara ya la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la parlamentaria autonómica y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Castro reclamará a las Cortes valencianas que acrediten la condición de diputados de ambos y enviará parte de la causa a la justicia valenciana.
Camps y Barberá están al borde de la imputación por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigían Urdangarin y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero colocó a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.
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