EL PODER JUDICIAL CONFIRMA POR AMPLIA MAYORIA EL VARAPALO A LA LEY DE VIVIENDA DEL GOBIERNO.

 El Poder Judicial confirma por amplia mayoría el varapalo a la ley de vivienda del Gobierno

El CGPJ rechaza por 15 votos a 6 el anteproyecto con el que PSOE y Unidas Podemos pretenden una «expropiación de competencias» autonómicas en esta materia

Como todo apuntaba, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado hoy su rechazo total y contundente al anteproyecto de ley de vivienda que pretende aprobar el Gobierno para intervenir el mercado inmobiliario en España. Así se ha confirmado esta mañana después de que el Pleno del CGPJ haya aprobado por 15 votos a 6 la ponencia encargada a Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, vocales a propuesta de PNV y PP, respectivamente. Según ha podido saber ABC, los vocales que han votado en contra del informe de la mayoría son el propio Cuesta, Concepción Sáez, Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Mar Cabrejas.

Esta es la posición definitiva del órgano de gobierno de los jueces tras desestimar hace dos semanas un primer informe, redactado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que avalaba esta polémica iniciativa del Gobierno.

Dos tercios del CGPJ tumbaron esa ponencia del vocal propuesto por el propio PSOE por su escasa «solvencia técnica» y excesivo «sesgo ideológico», según explicaron fuentes del propio Consejo.

El informe aprobado este jueves, cuyo contenido se conoció a principios de esta semana, recuerda al Gobierno que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía. Y a dvierte al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos (UP) que «el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y sin perjuicio de las competencias del Estado que incidan en dicha materia».

«Inseguridad jurídica»

Por todo ello, el CGPJ define este anteproyecto del Gobierno como una «expropiación de la regulación autonómica» que provocará una «gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí». También señala que la nueva ley no justifica de manera suficiente la necesidad de las medidas previstas por PSOE y UP ni evalúa los «beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas», máxime cuando otras similares que se han aplicado en España y países de nuestro entorno «han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos».

Sobre la disposición para limitar el precio de la vivienda en las zonas más caras, especialmente los alquileres, el CGPJ señala que es una cuestión «constitucionalmente sensible» con un «alcance limitado y un farragoso contenido». Apunta que también se han adoptado medidas extraordinarias en esa línea durante la pandemia, pero cuestiona que «quizás no resulte adecuado» prolongarlas una vez resuelta la crisis sanitaria, como pretende esta ley.

Otros derechos afectados

Además, el órgano de gobierno de los jueces añade que el derecho a una vivienda digna se reconoce, pero no se define en el artículo 47 de de la Constitución, que «no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad». Es decir, que PSOE y UP no pueden escudarse en ese artículo para justificar su nueva ley tal y como la han planteado.

Y no sólo porque invada competencias autonómicas, sino que también afecta a derechos constitucionales como los de propiedad privada o libertad de empresa, tan fundamentales en la Carta Magna como el de una vivienda digna. Todo ello, advierte el CGPJ, causará «múltiples incidencias» si el Gobierno se empeña en ignorar estas advertencias del Poder Judicial.

Lo más probable es que eso es justo lo que harán PSOE y Unidas Podemos, a tenor de las declaraciones de varios ministros de ambos partidos desde que el CGPJ tumbó el informe favorable del exdiputado socialista y vocal a propuesta del PSOE. Distintos miembros del Gobierno se han afanado durante estas dos semanas en recordar que este informe es preceptivo, pero no vinculante, para despacharlo como un mero trámite y continuar así con su polémico anteproyecto de ley.

Ignorar al Poder Judicial

El próximo paso será ratificarlo en Consejo de Ministros. Unidas Podemos presiona al PSOE para hacerlo ignorando las recomendaciones y advertencias del Poder Judicial. Después llegará al Congreso de los Diputados, donde se someterá al debate parlamentario, las enmiendas de los grupos y la votación final que daría paso a su entrada en vigor.

Un trance en el que, de nuevo, PSOE y UP necesitarán el apoyo de socios habituales como ERC o Bildu. Lo único cierto a día de hoy es que, cuando apenas ha dado los primeros pasos, esta iniciativa del Gobierno ya arrastra el rechazo demoledor y muy mayoritario del Poder Judicial. Sin embargo, eso no parece importar demasiado a un Consejo de Ministros en el que se sientan tres jueces, como los socialistas Marlaska (Interior), Robles (Defensa) y Llop (Justicia).