¿Cuánto nos cuesta la corrupción?
Un estudio de la Universidad de Las Palmas presentado el pasado verano cifraba en 40.000 millones de euros el "coste social" de la corrupción en España. Su método de estimación se basaba en el análisis del impacto de la corrupción sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
El último Barómetro Global de la Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional revelaba también que en 51 países de todo el mundo, se considera a los partidos políticos como la institución más corrupta. En España, los políticos obtenían una nota de 4,4 sobre 5 en la escala de corrupción.
Los ciudadanos percibimos, por tanto, el origen de la corrupción pero, ¿sabemos cuánto nos cuesta? Estimar una cifra aproximada del coste que la corrupción política tiene sobre la economía de nuestro país es más complicado que señalar a los culpables.
El mayor saqueo de dinero público en España se detalla posiblemente en el sumario del caso de los ERE de Andalucía. El fondo que constituyó la Junta en 2001 para subvencionar ERE de empresas en crisis disponía de un fondo de 721 millones hasta 2010, que según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas tendría un impacto final de 1.217 millones. De esa cantidad total se hizo un uso fraudulento de al menos 140 millones de euros.
En la Comunidad Valenciana, con una deuda pública de 29.643 millones, el impacto de la corrupción está más repartido y ha manchado casi todos los niveles de la administración pública. Valencia se ha convertido en el foco de la metástasis del cáncer de la corrupción política durante los últimos años, pero pocos perciben el impacto dinero que ello ha tenido en sus bolsillos.
'Mientras corría el dinero y había trabajo y obras, aunque fueran ilegales, a la gente no le importaba nada'
Jesús Lizcano (Transparencia Internacional España)
Según detalló la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado mes de abril, los juzgados valencianos investigan más de 140 causas por corrupción en las que están imputados políticos en activo. No sólo en Valencia. El municipio alicantino de Ibi instruye 17 causas de corrupción política, Torrevieja, siete. Nules, 11. Y Orihuela, 43.
Los socialistas valencianos presentaron el pasado mes de febrero un estudio que concluía que la corrupción en la Comunidad Valenciana redujo la actividad económica de la región en 1.184 millones de euros en tres años, una media de 395 millones al año.
El periodista Sergi Castillo, autor del libro 'Tierra de saqueo', calcula en su libro que la factura de la corrupción en la Comunidad Valenciana supera los 12.500 millones de euros, sólo mil menos que todo el presupuesto de la Generalitat para 2013. "Es una cantidad muy parecida a la deuda histórica que ahora se reclama a Madrid, una deuda que si se hubiera cobrado, probablemente también se habría desviado o despilfarrado", asegura el escritor.
Castillo asume que su cifra es "imposible" porque combina el dinero malversado con el gasto en grandes eventos o los millones que se han puesto en manos de empresas implicadas en tramas de corrupción.
Por ejemplo, según recoge su libro, las 14 empresas investigadas por la presunta financiación ilegal del PP valenciano y las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas recibieron 4.894 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana en tiempos de Camps. Siete empresas están siendo investigadas en el TSJ de Valencia y ocho en la Audiencia Nacional. Las empresas de la trama Gürtel gestionaron 120 millones de euros en toda España.
"La crisis que sufrimos los valencianos se puede deber a una mala financiación o a una mala gestión de nuestros gobernantes, pero yo no tengo la menor duda de que la corrupción ha sido decisiva. Cuando falta dinero para maestros o para jeringuillas en los hospitales, se han movido casi 13.000 millones en tramas corruptas", explica Castillo.
La factura valenciana
El método más eficaz para acercarnos a la cifra real de dinero perdido en tramas corruptas es sumar los euros público malversados. Por ejemplo, el caso Emarsa, con más de 30 imputados, investiga el saqueo de fondos públicos en la depuradora de Pinedo, en Valencia. En 2010 el PP liquidó la empresa en quiebra y se destapó un agujero de 17 millones de euros. El juez instructor del caso, Vicente Ríos, estima que el desfalco supera los 25 millones, cifra en la que fijó las fianzas para los dos principales imputados.
El caso Gürtel, más allá de provocar la dimisión del ex presidente Francisco Camps y de haber hecho desfilar por los juzgados a cerca de 70 diputados, altos cargos o empresarios de la Comunidad Valenciana, podría haber dejado un importante agujero en las cuentas públicas.
Gürtel obtuvo en Valencia contratos por 5.027.604 euros, de los cuales 298.380 euros eran beneficios ilícitos
Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2005 y 2009, la Generalitat adjudicó a las empresas de la trama Gürtel contratos por valor de 5.027.604 euros, de los cuales 298.380 euros corresponden a beneficios ilícitos por duplicidades de pago o por sobrecostes en la facturación.
En la rama que investiga los contratos de la administración valenciana con las empresas de Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia, la Policía mantiene que los cabecillas de Gürtel pactaron con quien entonces era el máximo responsable de Canal 9 (Pedro García) inflar el precio de contratación del montaje de los equipos de imagen y sonido para la cobertura del acto de Benedicto XVI. El precio final se disparó hasta los 6,4 millones de euros y los ahora imputados se repartieron, según los informes policiales, casi 3 millones.
Idéntica cantidad, 3 millones de euros, es el dinero que, según la Agencia Tributaria, pagó el PP valenciano en 2007 y 2008 sin declararlo y a través de Orange Market por actos electorales. Dos informes remitidos al juez que investiga la posible financiación ilegal de los 'populares' valencianos mantienen que el partido de Camps colaboró en un fraude en el IVA y engañó a la Sindicatura de Cuentas.
El caso Cooperación, que sentará este mes en el banquillo al ex conseller Rafael Blasco, investiga el desvío de ayudas destinadas al Tercer Mundo a una red de empresas. Según consta en la instrucción, de 1,8 millones de euros que debían llegar a proyectos solidarios en Nicaragua, 969.875 euros se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia, mientras que 456.960 euros -exactamente el 25% de las subvenciones- fueron a una empresa de Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama. A Nicaragua solo llegaron 43.000 euros.
La segunda pieza del caso investiga el presunto desvío de otros 3,5 millones en ayudas a un entramado de empresas entre 2009 y 2011.
En el panorama de la Comunidad Valenciana hay que añadir, entre otros muchos casos, la reciente condena a Carlos Fabra por defraudar a Hacienda 693.074 euros entre 1999 y 2003 o el ingente sumario del caso Brugal, que investiga la gestión irregular de residuos y el urbanismo en la provincia de Alicante. Se rastrean los delitos de cohecho y tráfico de influencias en un negocio que supera los 800 millones de euros, aunque no la malversación de fondos públicos.
Los efectos económicos
Jesús Lizcano es presidente de Transparencia Internacional España. Advierte de que el perjuicio económico de la corrupción va más allá del dinero derrochado o desviado. "Más allá del gasto en macroproyectos que no han tenido ni el interés, ni el retorno, ni la rentabilidad calculada y que interesaban sólo a unos pocos, hay una cantidad enorme de obras cuyos contratos no se adjudican al mejor, ni al más competente, ni al que ofrece más seguridad. Se generan unos sobrecostes y una imagen que acaban creando expectativas negativas para posteriores licitaciones o potenciales inversores, que saben que no se valorará la mejor oferta en calidad y precio, sino la que esté más cerca del poder".
'La corrupción incrementa la economía sumergida, reduce ingresos públicos y acaba repercutiendo en una mayor carga fiscal'
Lizcano asegura que el dinero negro que genera la corrupción incrementa la "economía sumergida", reduce los ingresos públicos y acaba repercutiendo en "una mayor carga fiscal para los contribuyentes".
¿Lo perciben los ciudadanos? "Cada vez más. En España hay una gran falta de cultura y de educación democrática, de mirarse los programas. El 70% de los políticos imputados por corrupción volvió a salir elegido en las últimas elecciones, de todos los partidos. Y eso no se penalizaba hasta ahora".
El presidente de Transparencia Internacional cree que la crisis económica ha traído una parte positiva. Ha crecido la intolerancia hacia la corrupción. "La situación está cambiando en los últimos meses. Hasta ahora incluso al que dejaba de pagar a Hacienda o se enriquecía con pelotazos se le veía como alguien muy listo. Mientras corría el dinero y había trabajo y obras, aunque fueran ilegales, a la gente no le importaba. Ha sido una seña de identidad del pueblo español. Hemos sido muy permisivos y así nos ha ido. Ahora han cambiado las tornas, a la gente le fastidian los listos estos porque ahora la gente no tiene dinero para comer".
COMENTARIO:
Lo de la corrupción es como las incautaciones de droga. Se incauta un porcentaje mínimo de la droga que se mueve en el país. Pues con lo de la corrupción es lo mismo. Tan solo se destapa una mínima cantidad de todos los casos que hay, es decir, que si el "coste social" se valora en 40.000 millones de euros, podemos tranquilamente multiplicar por 5 y nos quedaremos cortos.
Hasta que todo el dinero obtenido por Corrupción no se devuelva y los corrupto vayan a la Cárcel, no solucionaremos nada- !!Hace falta penas de Cárcel con devolución de lo robado...¡¡-
Hay demasiados imputados entre dirigentes políticos que nadie dimite, y que casualidad la inmensa mayoría son de los que gobierna el partido mayoritario
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