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lunes, 27 de julio de 2026

LA CORRUPTELA DE LOS MEDIOS PROPIOS DEL ESTADO TRAS EL CASO ABALOS PONE EN LA PICOTA A INECO ,ISDEFE,Y TRAGASA ENT LA UE.

 

La corruptela de los 'medios propios del Estado' tras el caso Ábalos pone en la picota a Ineco, Isdefe y Tragsa ante la UE

Son empresas públicas o entidades instrumentales de la administración que funcionan como 'brazo ejecutor' al que el Gobierno o entidades públicas pueden encargar directamente obras, servicios o suministros, sin necesidad de realizar una licitación o concuPartidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil critican de manera insistente lo que consideran una constante «politización» de los entes públicos desde que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Argumentan, y coinciden unos y otros, que se prioriza la lealtad partidista frente a la meritocracia, señalando el trasvase de personas afines al PSOE hacia puestos directivos. De hecho, los últimos escándalos relacionados con el caso de la 'fontanera de Ferraz', Leire Díez, ha destapado la utilización de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- y de sus principales empresas públicas como instrumentos al servicio del partido del Gobierno para controlar sectores estratégicos, colocar a afines y extender su poder político con dinero público.

De hecho, el nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos, digamos, más ordinarios si cabe, como los enchufes de las exnovias y amigas del exministro José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la propia Díez en Correos; o, los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exgerente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa -la empresa pública vinculada a la energía nuclear-; o, el nombramiento a dedo en compañías bajo la tutela del organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda, de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia o la misma Correos, donde han acabado militantes socialistas bajo el foco de las presuntas corruptelas.rso público

Ahora, diferentes fuentes del sector privado advierten también de los amaños y enchufes en los denominados 'medios propios del Estado' -en concreto, tres: Ineco, Tragsa, y su filial Tragsatec, e Isdefe-, que están regulados por la Ley de Contratos del Sector Público y bajo vigilancia europea. Se trata de empresas públicas que se han convertido en un coladero de contratados sin ton ni son. En la peor situación, Tragsa, que ha pasado de 12.000 empleados antes de la llegada de Sánchez al poder a prácticamente más que duplicar la plantilla con amiguetes o favores a personas del entorno de los partidos políticos socios del Gobierno.

En Ineco, los dos enchufes más sonados fueron Jésica Rodríguez, contratada en la empresa pública por mediación del exministro José Luis Ábalos, y Álvaro Larios Ruiz, un joven cercano al exlíder socialista José Bono contratado con fondos europeos, un caso que requirió explicaciones por parte del Gobierno. Jésica también terminó colocada en Tragsatec donde también colocaron a una edil investigada por fraude electoral a favor del PSOE, la socialista Rocío López Cid.

En Isdefe, tal y como publicó ABC recientemente, se colocó a David Romero Sánchez, responsable durante casi un año de la estrategia digital de la Moncloa. Además, la empresa está presidida por Manuel Cutrín, exdirigente del Partido Socialista en la provincia gallega de Lugo y uno de los hombres en la diana del resto de los colocados como lo fuera su número dos, Teresa Castillo, que dimitió recientemente tras ser citada por parte del juez Santiago Pedraz, junto a 25 personas más, investigadas por las presuntas irregularidades en la SEPI. Se trata de una diplomada en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X El Sabio que, durante su etapa en el Isdefe, se encargaba de gestionar una empresa clave del sector de la defensa.

Los 'medios propios del Estado' no son propiamente compañías 'made in Spain'. Se trata de empresas públicas o entidades instrumentales de la administración que funciona como un «brazo ejecutor» al que el Gobierno de turno o entidades públicas pueden encargar directamente obras, servicios o suministros, sin necesidad de realizar una licitación o concurso público, ocupándose por ejemplo de extinción de incendios, accidentes ferroviarios, temas relacionados con el sector de la defensa…


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