El indulto «de tapadillo» a Laura Borràs eleva la tensión en el PSOE
Cargos socialistas cuestionan la idoneidad de una decisión con «agosticidad» y para perdonar un delito de corrupción: «Es una incoherencia. No tiene nada que ver con la normalización»
El Gobierno reservó para el último Consejo de Ministros antes del descanso estival una cascada de cinco indultos parciales entre los que destaca el de Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña y dirigente independentista de Junts. La decisión estuvo rodeada de un halo de opacidad en la gestión de los tiempos y la comunicación de la misma. Pese a comparecer casi dos horas desde el Palacio de la Moncloa, en la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, Pedro Sánchez no hizo ninguna referencia al mismo y la única publicidad que se dio a la medida se limitó a una escueta nota del Ministerio de Justicia, distribuida de manera desigual y con fallos en su redacción. En ella se refería que la pena de Borràs —de cuatro años, seis meses y un día de prisión— quedaba conmutada por otra de dos años, lo cual le permitirá esquivar la cárcel. No obstante, el perdón no abarca la pena de inhabilitación de 13 años que pesa sobre la dirigente catalana y que se mantiene.
En su argumentación, el Ejecutivo se aferra a que la vía del indulto ya la señaló el propio tribunal sentenciador, dado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llevaba aparejado la calificación de la condena como «desproporcionada y excesiva». Pese a contar con el aval judicial, la decisión es una prerrogativa exclusiva del Gobierno y esto ha generado un profundo malestar en el seno del PSOE. En concreto, dirigentes socialistas consultados cuestionan la idoneidad de la medida de gracia en este momento —de alta sensibilidad, por los múltiples frentes judiciales asociados a la corrupción— y en el concreto caso de Borràs. La dirigente de Junts fue condenada en marzo de 2023 por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esto es, por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, en favor de un conocido.
Meses después, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el 'procés', por lo que quedaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Varios son los cargos del PSOE que critican que se haya tomado la decisión. En el fondo, porque ver a políticos indultando a políticos por delitos de corrupción mina gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Más, en un momento tan delicado para el Gobierno y el partido, después de la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos. Y en la forma, por haberlo hecho «de tapadillo». Casi todos los cargos consultados muestran su disconformidad en privado y alguno también lo hace en público. El más explícito ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que —en una entrevista en la Cadena Ser— censuró la «agosticidad» del indulto parcial. «¿De verdad ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción?», se preguntó.
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