Ayuso debe una explicación

Rectificar puede ser necesario, pero no sustituye a la obligación de explicar.

La decisión de la Comunidad de Madrid de poner a la venta el ático de lujo adquirido el pasado mes de abril en el distrito de Chamberí apenas veinticuatro horas después de conocerse públicamente su compra constituye un reconocimiento implícito de que la operación era difícilmente defendible. Lejos de cerrar la polémica, el brusco cambio de criterio la agrava. La sucesión de explicaciones contradictorias y la ausencia de información esencial, empezando por el precio desembolsado, convierten este episodio en un problema de transparencia institucional que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no puede despachar de esta manera.

La cuestión no reside únicamente en la conveniencia de adquirir un inmueble de uso residencial de alto valor. Lo verdaderamente preocupante es que la operación se desarrollara con una opacidad incompatible con los estándares democráticos. El Ejecutivo madrileño ha dado una serie de versiones que transmiten improvisación y alimentan la sospecha de que nunca existió una justificación sólida para esta compra cuya racionalidad sigue sin acreditarse. Las administraciones públicas gestionan recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Por ello, cada inversión extraordinaria debe responder a criterios objetivos de necesidad, eficiencia y oportunidad, además de estar acompañada por una explicación completa. Nada de eso ha ocurrido eLa Comunidad de Madrid debe aclarar sin dilación todos los extremos de esta operación: el precio de compra, el procedimiento seguido, los informes que la respaldaron, el uso previsto originalmente y las razones que justifican ahora su venta. Rectificar puede ser necesario, pero no sustituye a la obligación de explicar. Solo una rendición de cuentas completa permitirá disipar las dudas y reafirmar un principio irrenunciable: la gestión del dinero público exige el máximo rigor.n este caso. Cuando una administración ofrece versiones incoherentes sobre una decisión de elevado impacto económico, erosiona la confianza de los ciudadanos en la gestión de los fondos públicos.