La agonía del Parlamento
La presente legislatura está sufriendo la paulatina liquidación de las funciones constitucionales de las Cortes y la degradación del Parlamento como representante del pueblo español
La palabra agonía tiene varias acepciones según la Real Academia Española, pero aplicada a las Cortes Generales la más adecuada es la que remite a la lucha de un moribundo por su vida. En manos del Gobierno socialista y su método sanchista de ejercer el poder, nuestro Parlamento está agonizando en espera de que se cumpla el plazo constitucional de cuatro años para ser renovado en sus dos Cámaras (el Congreso de los Diputados y el Senado). Sánchez ha manipulado la previsión de tal plazo por la Constitución como si su cumplimiento fuera obligatorio y conllevara, además, su permanencia en la Moncloa. Es el proceso de confusión tan propio de los líderes que no confían mucho en la democracia. La Constitución encomienda a las Cortes la representación del pueblo español, el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, la aprobación de los presupuestos generales y el control sobre la acción política del Gobierno. El mandato de Sánchez desde 2023 se ha construido sobre la paulatina liquidación de estas funciones constitucionales y de la degradación del Parlamento como representante del pueblo español.
Sánchez y su gobierno no han sido capaces siquiera de presentar un proyecto de ley de Presupuestos desde 2023, sin que semejante fracaso sistémico les afecte mínimamente en la dignidad política y personal. Privar a España de Presupuestos Generales, una y otra vez, y no convocar elecciones anticipadas para dar paso a la voz de los ciudadanos es más que un fraude de Constitución, es un secuestro del Parlamento que bien merecería una respuesta contundente, incluso penal. Lo mismo sucede con la potestad legislativa, en general. El Congreso mantiene encallados setenta y siete proyectos y proposiciones de ley, incluyendo los remitidos por el Senado, con la inestimable colaboración obstruccionista de la presidenta de la Cámara Baja. Un Parlamento que no aprueba presupuestos ni tramita leyes, es un Parlamento constitucionalmente malversado y constituye la imagen de una democracia parlamentaria saqueada por un Gobierno que prometió que gobernaría sin el Parlamento y lo está haciendo. Un Ejecutivo también incapaz de garantizarse la aprobación de reales decretos leyes por el Congreso de los Diputados, conformándose con el plazo de vigencia que dure hasta el rechazo parlamentario.
El control del Congreso sobre la acción del gobierno se ha convertido en una pasarela para la arrogancia de Pedro Sánchez, siempre burlón con su impotencia parlamentaria. Ministros reprobados siguen en sus puestos, despreciando la pérdida de confianza expresada contra ellos por el pueblo representado por el Congreso y el Senado.
La parálisis de las Cortes Generales constituye una crisis constitucional muy grave, porque se debe a la deslealtad del PSOE y de su máximo dirigente y de unos socios nacionalistas y de extrema izquierda que nunca han destacado precisamente por su apego a la Constitución de 1978. Sin lealtad de los partidos políticos y de los gobiernos a los que apoyan no hay constitución que funcione. La Constitución de 1978 ya sabe que la buena fe sobre la que descansa la armonía entre poderes del Estado ha sido malversada por la izquierda y esta realidad emplaza a un próximo gobierno liberal y conservador a introducir las reformas que sean precisas para que ningún otro «sanchismo» vuelva a provecharse de ella.
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