Gallardo y Sánchez tendrán vetado cualquier contrato público

La inhabilitación implica que el primero no puede ostentar ningún cargo público ni concurrir a elecciones; el segundo no podrá ser contratado como músico por ninguna entidad pública

La sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a David Sánchez Pérez-Castejón y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa tiene unas consecuencias jurídicas de enorme calado, pues más allá del reproche penal, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo