Vox acusa a Mónica Oltra de un delito de prostitución de menores ante la Fiscalía de Valencia
La formación se escuda en el informe del Síndic de Greuges sobre abusos en centros públicos para denunciar a la vicepresidenta de la Generalitat por «dejación de funciones»
Vox ha denunciado a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ante la Fiscalía Provincial de Menores de Valencia, por los supuestos delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como por su presunta implicación en un delito de prostitución de menores.
La denuncia también se dirige contra la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, según han informado en un comunicado. La formación busca que ambas sean llamadas a declarar y que se requieran a Igualdad todos los documentos sobre inspecciones y medidas de control en los centros de menores de la región.
El departamento jurídico del partido que lidera Santiago Abascal se apoya en el informe del Síndic de Greuges en el que se explicaba -con cifras ofrecidas por Igualdad- que el protocolo de abusos a menores titulados se activó en 175 ocasiones entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021.
La propia Oltra compareció en las Cortes Valencianas la semana pasada para detallar que ninguno de esos abusos había sido cometido por profesionales del sistema de protección, que muchos se producen antes de la tutela y se denuncian cuando el menor ingresa en el centro, o que también se contabilizan las atenciones por conductas sexuales impropias de la edad.
El Síndic, el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo, cerró el expediente recomendando mejoras en los protocolos de actuación a la Administración valenciana.
No obstante, desde la Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, señalan ante el Ministerio Público que fue este organismo público el que «se ocupó de realizar la investigación y comprobación de datos obrantes en una queja» del PP, «función que debería haber asumido la Conselleria que dirige Oltra» como «máxima responsable» de lo que ocurra a estos niños y «responsable directa» de Gavidia.
Por ello, acusan a la vicepresidenta de «dejación de funciones» y previenen, además, que si llegaron a realizar las actuaciones pertinentes «fueron inútiles», al no evitar que las menores sufrieran los abusos. «Los responsables del cuidado de la integridad física y psíquica de las menores no han ejercitado ninguna acción encaminada a la investigación de estos penosos hechos», denuncia Castro.
Los trabajadores sociales piden que no se politice
Al respecto, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana -Valencia, Alicante y Castellón- han emitido un comunicado conjunto para reclamar «que no se haga política con los y las profesionales de los servicios sociales». Las tres entidades expresan su malestar a raíz de unas declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que comparó los casos de abusos a niñas tuteladas en Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana.
«Consideramos que estas palabras implican acusaciones generalizadas contra las personas cuidadoras de los centros de protección para personas menores de edad, lo cual esparce entre la sociedad una duda sobre la integridad, la dedicación y la vocación de todas las personas que nos ocupamos profesionalmente de la atención a la infancia y la adolescencia», señalan.
Los mismos profesionales condenan «cualquier acto de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como también una instrumentalización injustificada», por lo que exigen «una acción de gobierno y una oposición política que esté a la altura de esta realidad social» para que los menores estén «siempre por delante».
No hay comentarios:
Publicar un comentario