Interior traslada a otros siete etarras a prisiones del País Vasco, cuatro de ellos con delitos de sangre
Se trata de uno de los mayores acercamientos de etarras y coincide con la exigencia de Sortu a Sánchez de que los presos salgan a la calle si quiere su apoyo para seguir en La Moncloa la próxima legislatura
El Ministerio del Interior ha anunciado esta tarde el traslado de siete presos de ETA, cuatro de ellos con delitos de sangre, a cárceles del País Vasco. Hay que recordar que esa comunidad ya ha asumido las competencias penitenciarias, de modo que dependerá del gobierno autónomo decisiones como la concesión de terceros grados.
La decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se conoce unos días después de que ABC desvelara el precio que Sortu ha puesto a Pedro Sánchez para apoyarle la próxima legislatura: la excarcelación de todos los internos de la banda terrorista. Es más; las conversaciones, según fuentes de la izquierda abertzale, ya han comenzado.
Entre los presos acercados por Interior, de acuerdo con la administración vasca, está Lierni Armendáriz, que participó en el asesinato de Ernest Lluch, y también de tres personas más: José Luis Ruiz Casado, Miguel Gervilla y Francisco Cano.
En estos momentos cumplía condena en la prisión cántabra de El Dueso. Cumple el próximo año las tres cuartas partes de su condena, que fue refundida a 30 años. También se la condenó por homicidio, atentado, colaboración con banda armada, estragos, tenencia de armas, robo con fuerza y falsificación.
Otro de los acercados, Ángel Aramburu, cumplía condena en la cárcel de Dueñas, en Palencia, por el asesinato de un guardia civil en la localidad madrileña de Villalba. Este sujeto no comple las tres cuartas partes de la condena hasta 2028, y además de ese por crimen está condenado por estragos, colaboración con banda armada y por una falta de lesiones. Su pena asciende a 35 años.
El tercer etarra con delitos de sangre beneficiado es Asier García Justo, uno de los autores del asesinato del ertzaina Iñaki Totorika en un atentado perpetrado en Hernani (Guipúzcoa) el 8 de marzo de 2001 y que también causó importantes heridas a su compañero de patrulla. Fue condenado a 30 años por los delitos de atentado y colaboración con banda armada, por los que ingresó en prisión el 13 de marzo de 2001. Cumplía condena en Asturias y el año próximo cumplirá las tres cuartas partes de la condena.
Finalmente, Manuel Miner, también autor del asesinato del ertzaina Totorika, y que cumplía prisión en el Dueso, será igualmente trasladado a una cárcel del País Vasco. La Audiencia Nacional condenó también a Miner por la explosión de varios coches bomba en Madrid, uno de ellos en las cercanías del Santiago Bernabéu en 2002, coincidiendo con un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, y por el intento de asesinato de los exministro socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández. No cumplirá las tres cuartas partes de la condena hasta 2024.
Los otros tres etarras beneficiados son José Ignacio Reta de Frutos, Javier Zabalo, y Víctor Franco. El primero de ellos cumplía en Soto del Real y el tercero en Logroño.
No es el primer acercamiento de presos que hace Interior tras la asunción de la competencia de Prisiones por parte del Gobierno vasco, pero sí es la más numerosa, lo que indica que se va a potenciar este tipo de decisiones, amparadas en la legalidad penitenciaria pero que cumplen con la exigencia de los proetarras de que todos los internos de ETA sean trasladados a centros de esa comunidad.
Para la izquierda abertzale es esencial mantener el control sobre los presos, sobre todo porque hay sector crítico, cercano al 25 por ciento de sus bases, que considera que se han hecho demasiadas concesiones sin que a cambio haya contrapartidas importantes, especialmente en este asunto. De ahí la exigencia de Sortua de que en año y medio todos los internos de la banda estén en la calle.
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