Embargan a UGT casi diez millones de euros en sedes por el caso de los ERE
Con esta medida el sindicato asegura que salvaguarda su actividad mientras UGT Andalucía se desliga de este caso, que achaca a la Federación de Industria, Construcción y Agro
El Tribunal de Cuentas embarga a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT casi diez millones de euros en sedes por su posible responsabilidad civil en el caso de los ERE. Así lo confirman fuentes del sindicato desde Andalucía, que señalan que este proceso nada tiene que ver con ellos y solo afecta a la mencionada federación.
Así, según adelanta El País, el Tribunal de Cuentas ha aceptado esta solución para que el sindicato haga frente a la posible irregularidad que se está investigando en la concesión de ayudas en los ERE de la Junta. Son, en concreto, 9,7 millones de euros en diversas sedes lo que ha embargado el Tribunal, extremo que, indican desde el sindicato, facilita que se pueda seguir con la actividad mientras se dirime si se condena o no a UGT.
Desde el sindicato reconocen que otra fórmula de hacer frente a esos casi diez millones de euros podría haber supuesto un bloqueo de sus cuentas así como de sus fuentes de ingresos. Pero no ocurrirá tal cosa. El sindicato salva esta bola de partida que podría haber comprometido su actividad y seguirá peleando por su inocencia, señalan fuentes de la organización, con los recursos presentados.
En UGT Andalucía dejan claro que no es su organización la que está bajo la lupa en este caso. Es más, añaden que «UGT Andalucía no está acusado en ningún caso de los ERE y sí está personado como acusación en más de uno». Señalan que es la mencionada federación la que tiene que hacer frente a este asunto y que es una organización «independiente de UGT Andalucía».
De hecho, afirman que ninguna de las sedes embargadas están en Andalucía y «de haberlas, no serían de UGT-A», añaden. Además, y sobre un posible cierre del sindicato por este caso, descartan que pueda llegar a producirse porque «estamos en el artículo 7 de la Constitución, sería inconstitucional paralizar nuestra actividad». Añaden que los sindicatos «son parte de la Democracia» y su actividad «no es tan fácil paralizarla».
El caso ERE y UGT
El caso en cuestión afecta, sobre todo, a presuntas irregularidades contables en empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva a las que la Junta concedió subvenciones cuando el PSOE estaba aún en San Telmo. Dichos EREs fueron negociados en su momento por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA), entidad que ahora se enfrenta a los embargos para hacer frente a la posible responsabilidad patrimonial.
El caso no es nuevo. De hecho lleva abierto una década y ahora la novedad es que la federación de UGT hace frente a su posible responsabilidad con sus locales. El pago definitivo, en todo caso, no se hará hasta que no haya sentencia firme y en el caso de que el sindicato acabe condenado.
ESO SE VEIA VENIR
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