Las organizaciones de consumidores están convencidas de que la nueva Ley de Cadena Alimentaria será su "mordaza". El proyecto que prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que su titular, Miguel Arias Cañete, presenta como la iniciativa 'estrella' de su mandato, está pasando por una verdadera tormenta, después de que el Grupo Popular haya incorporado una enmienda para 'dificultar', mediante la imposición de estrictas condiciones, la elaboración de análisis comparativos sobre calidad de los alimentos según las marcas.
"Ha sido una propuesta que han intentado colar por la puerta de atrás", explica Rubén Sánchez, portavoz de la Asociación de Consumidores de Andalucía, Facua. "El texto inicial no incluía nada de esto pero creemos que es consecuencia de la presión del 'lobby' industrial , que no quiere transparencia ni que se conozcan los fraudes".
Según Sánchez, esta enmienda tiene garantizado el respaldo de la mayoría absoluta del PP en el Congreso y el Senado, por lo que será difícil la vuelta atrás. "El Ministerio dice ahora que el texto contaba con nuestro apoyo, pero es que la cuestión de los análisis no estaba incluida en el proyecto inicial. Pensamos que, a partir de descubrirse los fraudes con la carne de caballo, la industria se ha puesto más nerviosa", concluye.
Comparaciones
Desde hace muchos años, las organizaciones de consumidores han venido realizando análisis comparativos de productos como parte de sus funciones de asesoramiento a los ciudadanos. Sin embargo, cuando el objeto analizado han sido los alimentos, sobre todo los más básicos y habituales en la cesta de la compra, como los aceites de oliva o la leche, la polémica siempre ha acompañado a los resultados.
Así sucedió con los informes sobre ambos alimentos publicados por la Organización de Consumidores de España (OCU), cuyas conclusiones fueron cuestionadas por el sector por la metodología utilizada y por la falta de contraste con sus propios análisis y criterios. En suma, los productores alegaban cierta "indefensión" y no dudaron en llevar sus reclamaciones a los tribunales, aunque -según afirman las organizaciones de consumidores- no hay ninguna condena.
En la enmienda presentada por el PP se plantea que estos análisis comparativos se realicen cumpliendo una serie de trámites previos, sobre todo la consulta con las empresas implicadas, algo que ha provocado que la OCU haya calificado este texto como "ley mordaza" contra los consumidores.
Concretamente su director general, José María Múgica, advierte que la iniciativa "equivale a la desaparición de cualquier análisis comparativo, porque los plazos que se imponen para poder hacerlos públicos se hacen prácticamente eternos". Asegura, además, que los fabricantes que salgan mal parados en un análisis sólo tendrían que ir poniendo trabas para obligar a posponer la publicación de los resultados hasta que consideren que ya resulta irrelevante su contenido.
Derecho a la contradicción
El grupo parlamentario popular justifica la enmienda por la defensa de los principios de veracidad, rigor técnico y derecho a la contradicción en defensa de los derechos del consumidor. El Ministerio, por su parte, afirma que se ha entrevistado con la OCU y otras asociaciones y que se planteó una regulación de los análisis, cosa que la organización de consumidores desmiente.
OCU insiste en que si algún fabricante, marca o producto siente que su honor o nombre se ha dañado por un estudio comparativo, tendrá a su disposición los tribunales de justicia para pedir una reparación. Además, entiende que el Gobierno, con esta norma, ataca a uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución: la libertad de expresión.
OCU es la asociación de consumidores que más tiene que perder si prospera esta normativa ya que durante mucho años su principal fuente de ingresos proviene de la publicación de informes en su revista, financiada por los suscriptores.
Dudas de la metodología
Los análisis comparativos de marcas de alimentos han resultado polémicos. En el caso de la leche, algunos ganaderos dudan de la metodología, sobre todo cuando se da el caso de que las marcas blancas o terceras marcas de una firma comercial resultan mejor valoradas que otras 'de primera'. En cuanto a los aceites de oliva, también se ha cuestionado por parte de algunas grandes firmas la recogida de muestras y los métodos de análisis, así como que los resultados no se contrastan con las empresas afectadas previamente a la publicación.
OCU califica de "censura" la obligación de dar a conocer los resultados previamente a los afectados y advierte que activará sus mecanismos técnicos y jurídicos a nivel nacional e internacional para evitar que se pongan obstáculos a su labor.
Críticas del campo
Uno de los principales objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria es procurar equilibrar las fuerzas entre productores y la gran distribución en el mercado. Por eso ha sido bien vista por los agricultores y ganaderos que llevan mucho tiempo lamentando su escasa capacidad de maniobra en la negociación de precios para su productos ante los grandes grupos multinacionales.
Aunque en principio no se pronuncian contra los nuevos condicionantes a los análisis comparativos de los alimentos, también han encontrado una "sorpresa" en la tramitación de la ley. Al parecer uno de sus mayores empeños, el de que se penalice la utilización como 'productos reclamo' de alimentos básicos como la leche, el aceite de oliva o la fruta de temporada, y la venta 'a pérdidas' no aparece expresamente. Desde Coag se muestran convencidos de que "el Ministerio ha cedido a las demandas de la industria alimentaria".
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