La falta de control de los complementos a mínimos afectó a 124.522 jubilados entre los años 2009 y 2010.
La Seguridad Social acaba de cerrar la campaña de control del fraude en el cobro de pensiones que decidió no hacer el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en sus últimos años de gobierno. Los resultados de este control, cuyo objetivo es determinar la existencia de fraude en el cobro de los complemento a mínimos, reflejan que 124.522 pensionistas percibieron de forma irregular estas ayudas estatales durante los años 2009 y 2010, y quién sabe si también durante 2011, un ejercicio que en estos momentos está siendo comprobado minuciosamente por los técnicos del Ministerio de Empleo.
Esta percepción irregular de las ayudas estatales implicó que el erario público abonó de forma fraudulenta 234,5 millones de euros a pensionistas que no tenían derecho a cobrarlas durante los dos años citados, según se refleja en los resultados de la campaña de inspección a los que ha tenido acceso ABC.
Los complementos de mínimos son las cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión contributiva que no alcance el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo de estas ayudas no es otro que garantizar un nivel mínimo de subsistencia a todos los pensionistas que no cotizaron los suficiente para llegar a la jubilación mínima, por lo que el abuso en el cobro de los mismos resulta del todo insolidario.
Pago con impuestos
Durante este año el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con el mandato legal que fue impuesto en el año 2002 por el Pacto de Toledo y asumió el pago con impuestos de estas ayudas destinadas a las prestaciones más bajas, que hasta 2013 en parte estuvieron sustentadas por las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores. El Estado ha destinado durante este ejercicio 7.895 millones de euros a esa ayuda que percibe en la actualidad uno de cada cuatro pensionistas.
El problema con estos pagos es que han ido engordando año tras años fruto de las decisiones políticas de turno. Así, si en 2002 los complementos a mínimos costaban 4.187 millones de euros, a finales de 2011 la cifra se disparaba hasta casi 7.500 millones. El sistema de Seguridad Social, con cargo a las cotizaciones sociales, llegó a pagar por estas ayudas, estrictamente políticas, un total de 3.871 millones de euros en 2012, más que en 2002 cuando la partida destinada a este concepto ascendía a casi 3.882 millones de euros.
El sistema público de protección social realiza anualmente una campaña de inspección sobre los perceptores del complemento de mínimos, pero la sorpresa de los gestores de la Seguridad Social ha sido mayúscula cuando han comprobado que en los últimos años del Gobierno de Rodríguez Zapatero estos programas de control del fraude no se habían realizado.
Curiosamente, los años que no fueron auditados por los gestores del Gobierno socialista son los previos a las elecciones generales de noviembre de 2011 y curiosamente también en uno de ellos, 2009, el Ejecutivo decidió no dotar el fondo de reserva, como tampoco lo hizo en 2008, pese a estar obligado a hacerlo por ley por tener superávit en las cuentas de la Seguridad Social.
Los datos de fraude detectados en 2012 se corresponden con percepciones cobradas de forma irregular en los ejercicios de 2009 y 2010. Lo que hace en estos casos el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) es verificar el nivel de ingresos de los pensionistas correspondiente a cada ejercicio mediante un cruce informático con la Agencia Tributaria. Entre 2009 y 2010 se inspeccionó a más de 4,6 millones de pensionistas. Ahora, los técnicos de la Seguridad Social ultiman los controles sobre 2011 en busca de irregularidades.
Hasta ahora, han detectado que 68.027 pensionistas superaron inicialmente el límite de ingresos para percibir complementos a mínimos, aunque aún no están concluidos los trabajos que determinen cuántos jubilados tendrán que devolver finalmente estas ayudas, ni tampoco el importe total que se reclamará por la Administración por haber sido pagadas de forma irregular.
Una vez que la Seguridad Social detecta el cobro de una cantidad indebida, la existencia de algún abono fraudulento, el paso siguiente que realiza es reclamar las cantidades percibidas de forma ilegal a los jubilados, pero la legislación ofrece la posibilidad al jubilado de devolverlo de forma progresiva. Salvo que el pensionista en cuestión decida devolver de forma íntegra y en un solo pago las cantidades que no tendría que haber percibido, la Seguridad Social da la opción al jubilado de que estas cantidades puedan ser devueltas con descuentos, que serán aplicados sobre la pensión en sucesivos meses.
Así, el importe del descuento que se ofrece por la Administración se sitúa entre un 15% y un 20% de la cuantía de la pensión cuando esta sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación vigente para mayores de 65 años, o entre un 10% y un 14% cuando la pensión sea inferior a la mínima indicada, según refleja la legislación vigente.
Topes para 2013
El derecho a percibir los complementos a mínimos no se consolida en la paga de los pensionistas, se revisa de forma anual, y es incompatible con la percepción por el beneficiario de ingresos de trabajo, de capital, o de cualquier otra fuente de renta, aunque siempre que la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda de una determinada cuantía.
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