Morir antes de jubilarse.
La reforma del sistema público de pensiones.
El gobierno de los constantes incumplimientos le ha encargado a un comité de expertos (la mayoría vinculados a bancos y compañías de seguros) el diseño de una reforma del sistema público de pensiones. En cualquier país medianamente serio, una reforma de tal calado social llevaría bastante tiempo de reflexión y debate, pero aquí lo hemos resuelto en menos de un mes, como si se tratara del cambio de estatutos de un casino provinciano. Salvo un voto discrepante, el criterio de los once comisionados coincide exactamente con los criterios del Gobierno y de la «troika» de Bruselas.
Al recibir el documento, la ministra de Empleo se congratuló de la rapidez con la que actuaron los comisionados. «¡Es un récord!», dijo exultante la señora Báñez con esa cara de alegría simplona que pone cada vez que se le aparece en su despacho la Virgen del Rocío para darle alguna buena noticia. La diligencia de los sabios para responder al encargo del Gobierno puede dar pie a la suspicacia y más de algún mal pensado creerá que lo sustancial del trabajo se comenzó a pergeñar poco después de la toma de posesión de don Mariano Rajoy, si no antes, porque cuestiones tan delicadas no deberían ser resueltas con peligrosas improvisaciones. Claro que, después de haberse sabido que la actual política de austeridad europea se basó en el estudio chapucero de dos prestigiosos economistas norteamericanos de Harvard, podemos creernos cualquier cosa. Por no hablar de una de las últimas salidas de pata de banco del Fondo Monetario Internacional, que ahora reconoce públicamente que quizás puede haberse equivocado imponiéndole a Grecia un severo programa de reformas económicas y sociales que no ayudaron al país a salir de la crisis, sino que la agravaron.
Con independencia de todo ello, el informe de los sabios recomienda al Gobierno dos cuestiones fundamentales. Una, que desvincule la evolución de las pensiones de las oscilaciones del IPC y las ligue, en cambio, al estado de cuentas del sistema (la famosa reserva). Y otra, que calcule las prestaciones de los futuros jubilados según su esperanza de vida. Dos recomendaciones insidiosas. El problema de fondo es que las pensiones deben financiarse con cotizaciones que tienden a decrecer ante la general rebaja de salarios. Y dada la orientación ideológica de quienes nos gobiernan, no parece probable que opten por cubrir el hipotético déficit del sistema mediante impuestos o aumento de las cotizaciones empresariales. La orientación ultraliberal dominante la expresa muy bien Henri de Castries, presidente y consejero delegado de la aseguradora AXA. Según dice este señor, con brutal naturalidad, «cuando los sistemas de pensiones fueron introducidos por Bismarck allá en el siglo XIX, la esperanza de vida de los obreros era de 40 años y su edad de jubilación de 65 años. Así que, la mayoría de la gente se moría antes de jubilarse. Hoy en día, la gente se jubila a los 60 años y vive hasta los 90». Conclusión: hay que morirse al dejar de trabajar.
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