Durante años, la izquierda que ha gobernado España -PSOE, Podemos y posteriormente Sumar- ha abordado el problema de la vivienda principalmente desde los desahucios, los grandes propietarios y la protección del inquilino.
Pero la vivienda es mucho más: oferta, demanda, precios, suelo, construcción, población, turismo, inmigración, empleo y capacidad real de las familias para acceder a una vivienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda, con límites a determinadas actualizaciones de alquiler y mecanismos específicos para los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables. Pero proteger a quien puede perder su vivienda no significa que haya más viviendas disponibles ni que una familia pueda permitirse comprar o alquilar.
Una política de vivienda no puede limitarse a intervenir cuando el problema ya se ha producido.
El problema fundamental es que, en muchas zonas, la demanda crece más deprisa que la oferta. El Banco de España ha señalado que el aumento de los precios del alquiler está relacionado con ese desequilibrio, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas, y también con el crecimiento demográfico y la concentración de población.
Por eso hay una pregunta inevitable:
¿Cuántas personas necesitan vivienda y cuántas viviendas estamos creando?
España tenía 49,1 millones de habitantes a comienzos de 2025 y el INE registró un crecimiento de más de medio millón de personas en un solo año. La población con nacionalidad extranjera aumentó un 6,3 % y, en julio de 2026, superaba ya los 7,4 millones, según datos provisionales del INE.
No se trata de convertir la inmigración en el único culpable de la crisis de vivienda. Se trata de reconocer que cuando aumenta rápidamente la población, aumenta también la demanda potencial de vivienda, y esa realidad debe formar parte de cualquier política seria de planificación.
Lo mismo ocurre con el turismo. El Banco de España señala que el auge de las viviendas turísticas presiona al alza la demanda y que los usos turísticos y no residenciales tienen especial importancia en determinadas zonas de la costa mediterránea y las islas. En 2025 estimaba unas 355.000 viviendas turísticas de promedio, aproximadamente el 1,5 % del parque total, aunque con una incidencia mucho mayor en el mercado del alquiler y una fuerte concentración territorial. ¿Igual pasaba todo por prohibir alquilar pisos a extranjeros y que se vayan de hotel?.
Por eso tampoco sirve señalar únicamente al propietario que alquila una vivienda si tiene a miles demandando.
El problema es mucho más complejo.
Si una ciudad recibe más población, concentra empleo, atrae turismo y tiene una oferta insuficiente, el precio sube. Y si parte de las viviendas se destina a usos turísticos o temporales, aumenta aún más la presión sobre el mercado residencial.
Los acuerdos políticos de Sánchez con Podemos y posteriormente con Sumar han puesto mucho énfasis en la regulación y la protección del inquilino. Pero la pregunta que debería hacerse cualquier Gobierno es:
¿Dónde están las viviendas que necesitan las familias?
Una familia joven no necesita solamente que le expliquen cómo evitar un desahucio. Necesita encontrar un piso, que el alquiler sea compatible con su sueldo y, si quiere comprar, que exista una vivienda cuyo precio pueda pagar.
Y eso exige construir.
Exige suelo disponible, seguridad jurídica, inversión, vivienda pública, colaboración entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, rehabilitación, transporte que permita ampliar las zonas residenciales y una planificación que tenga en cuenta el crecimiento demográfico y la actividad turística.
La vivienda tampoco puede abordarse como si propietario e inquilino fueran siempre bloques enfrentados. Si se quiere ampliar el parque de alquiler, hay que preguntarse qué incentivos existen para que el propietario mantenga una vivienda en el mercado residencial.
Cuando la política se limita a imponer restricciones sin solucionar la escasez, existe el riesgo de que parte de la oferta desaparezca o se desplace hacia otros usos. El propio Banco de España ha identificado el auge de los alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada como factores que han limitado el crecimiento de la oferta residencial.
Ahí está una de las grandes contradicciones del discurso político de estos años:
se habla constantemente de proteger el derecho a la vivienda, pero mucho menos de crear las condiciones necesarias para que exista vivienda suficiente.
La vivienda no puede ser solamente una bandera electoral. No puede reducirse a los desahucios, a señalar a los propietarios o a controlar los alquileres. Tampoco puede ignorar el crecimiento de la demanda, el turismo o la evolución demográfica. ¿Igual también tiene que ver la política económica del gobierno que empobrece a las familias y les impide alquilar o comprar?
Una política de vivienda verdaderamente ambiciosa tendría que empezar por una pregunta incómoda:
¿Cuántas viviendas necesita España, dónde las necesita y por qué no se están construyendo al ritmo necesario?
Mientras esa pregunta no ocupe el centro del debate, podremos aprobar leyes, anunciar medidas y celebrar pactos políticos. Pero las familias seguirán encontrándose con lo mismo:
poca oferta, mucha demanda y precios cada vez más alejados de sus salarios.
Y la vivienda tampoco puede analizarse aislada del funcionamiento general del país.
Un Estado que no protege suficientemente la propiedad privada, permite el deterioro de sus espacios públicos, no garantiza siempre una atención sanitaria a tiempo, no cuida como debería a sus mayores, tiene dificultades para gestionar sus fronteras y genera dudas sobre la igualdad de todos ante la ley y la separación de poderes corre el riesgo de sufrir un deterioro progresivo de sus instituciones y de la confianza ciudadana.
Porque el problema no es solamente cuánto cuesta un alquiler.
El problema es qué modelo de sociedad estamos dejando a quienes vienen detrás.
Y después de años gobernando, no basta con cambiar el discurso cuando la realidad se vuelve políticamente incómoda.
La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, no nuevos anuncios, pactos y promesas de quienes ya han tenido la oportunidad de demostrar con hechos qué políticas funcionan y cuáles no.
El derecho a la vivienda no se garantiza únicamente con leyes: se garantiza haciendo posible que existan viviendas suficientes, accesibles y al alcance de quienes necesitan vivir en ellas.
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