La entrada en vigor del artículo 13 bis de la Ley 4/2026 ha encendido todas las alarmas en las unidades de psiquiatría de Asturias.
Limitar los ingresos involuntarios estrictamente a casos de "urgencia vital" demuestra un profundo desconocimiento de cómo funcionan las enfermedades mentales graves.
Un paciente en pleno brote psicótico o con una depresión mayor severa puede no estar en riesgo de muerte inminente hoy, pero sí estar perdiendo por completo el juicio, destruyendo su entorno y deteriorándose irreversiblemente. Atar de manos a los psiquiatras y obligarlos a esperar a que la situación sea extrema para poder actuar no es defender los derechos del paciente, es abandonarlo a su suerte y dejar desamparadas a cientos de familias asturianas que ya no saben adónde acudir.
La ideología no puede pasar por encima del criterio clínico y del sentido común.
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