Un órdago que solo puede ganar el Supremo

Albares y Bolaños han preferido correr el riesgo de desacatar al Supremo con tal de evitar o entorpecer la auditoría judicial del censo.

El Gobierno ha tensado y roto la cuerda con la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante el obstruccionismo al cumplimiento de las medidas cautelares sobre la aplicación de la 'ley de nietos'. Y la Sala ha respondido de la única manera que podía hacerlo, a la luz de la obligación constitucional que pesa sobre todos los poderes públicos de acatar y cumplir las resoluciones judiciales. Los efectos electorales de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática quedaron suspendidos el 10 de septiembre pasado por orden de la Sala Tercera. El Gobierno ha tenido casi un mes y medio para ejecutar lo ordenado y se ha negado de mala fe, pretendiendo convertir su pasividad en el motivo para dejar sin efecto la suspensión cautelar. Es decir, ha pretendido que el cumplimiento de las decisiones la Sala Tercera quedara en manos de su propia incompetencia.

La respuesta de la Sala Tercera es contundente y ajustada a derecho, y revela el pulso insólito de una Administración insumisa. A través de dos autos, el Alto Tribunal considera «incomprensible» que la Administración representada por el abogado del Estado sea capaz de cifrar en 163.020 las personas afectadas por la suspensión cautelar de su derecho al voto, pero no de identificarlas para que puedan ejercer su oposición ante el tribunal. Aciertan los magistrados cuando señalan a «la propia inacción de la Administración» como responsable de que finalmente no voten aquellas personas que podrían haberlo hecho de haber sido identificadas debidamente. Solo podrán votar aquellos a quienes los consulados certifiquen su condición de ser hijos o nietos de españoles exiliados, como prevé la ley. Por el momento, la Sala Tercera solo ha recibido 91 certificados consulares que acreditan el cumplimiento de esa condición. La Instrucción de la investigada Sofía Puente queda fuera de la ecuación tramposa del Gobierno.