A la muerte de Franco, hace ya más de cincuenta años, la inmensa mayoría de los españoles estaban convencidos de que un nuevo régimen emergería y que debería hacerlo alejado de los odios del pasado; un régimen de carácter democrático en el que todos cupiesen y en el que, para llegar a él, todos deberían renunciar a principios y dogmas que consideraban irrenunciables.
Partamos de una premisa: ni en el irrespirable clima político de la España de los años treinta, ni en la monstruosa guerra civil que se produjo como consecuencia, había un lado bueno y otro malo. Basta leer a dos autores que fueron testigos de ella como Manuel Chaves Nogales ("A sangre y fuego") y José María Gironella ("Trilogía sobre la Guerra Civil española": "Los cipreses creen en Dios", "Un millón de muertos", "Ha estallado la paz") para comprender que las atrocidades antes, durante y después fueron ejecutadas por ambos bandos contendientes; y si uno mató más fue, sencillamente, porque venció al otro bando. Si hubiese sido al revés, las consecuencias habrían sido las mismas.
Volvamos a aquellos años de la segunda mitad de la década de los setenta, cuando un grupo de políticos de altura, desde la derecha más dura hasta la izquierda más dura, coordinados por un presidente del Gobierno proveniente de las filas del antiguo régimen y nombrado por el sucesor del dictador, Juan Carlos I, fueron capaces de llegar a un entendimiento que se tradujo en advenimiento de un nuevo régimen, basado en una Constitución aprobada abrumadoramente por los españoles en diciembre de 1978, un proceso que se conoce como la "Transición", elogiado mundialmente, que nos llevó a la etapa de paz y prosperidad más larga de la historia moderna de España. Un proceso cuya premisa fundamental fue la de sellar las heridas del pasado, potenciar lo que nos unía y no lo que nos separaba, tratando de no dejar a nadie fuera.
Aunque hubo años muy difíciles y un terrorismo sin sentido que lejos de abandonar las armas, a pesar de la amnistía que se promulgó en 1977, trató de dinamitar todo el proceso, el compromiso de mirar hacia adelante se mantuvo durante los gobiernos de la UCD, del PSOE con Felipe González y de José María Aznar con el PP.
Todo se torció con la entrada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde su traumática llegada al poder, después de un horrendo atentado terrorista islamista que dejó cerca de doscientos muertos, su estrategia política consistió en levantar un muro alrededor de los conservadores españoles, aunando fuerzas con partidos nacionalistas cuyo objetivo siempre ha estado alejado de los intereses de España, y, para cimentarla, promulgó en 2007 la "Ley de Memoria Histórica", que venía a dinamitar por completo el espíritu de concordia al que se había llegado durante la Transición. Esta ley vino a abrir heridas profundas que parecían cicatrizadas, definiendo quiénes eran los buenos y quiénes los malos, y, lo que es peor, inoculando, mediante un relato sesgado de lo ocurrido, el odio en nuevas generaciones ajenas a todo aquello.
El Gobierno socialista de Zapatero finalizó de manera estrepitosa en el año 2011, dejando al país al borde de la quiebra técnica y de la intervención de los organismos financieros internacionales y de la propia Unión Europea; un Gobierno encabezado por un sujeto del que, tras el descubrimiento en su poder de un fabuloso alijo de joyas, hemos podido constatar su hipocresía e inmoralidad.
El Gobierno de Mariano Rajoy que lo sustituyó cometió un gravísimo error, pues, abrumado por la situación económica que recibió, no acometió la labor esencial de volver a reivindicar el espíritu de la Transición, derogando la infame Ley de Memoria Histórica para derribar hasta sus cimientos el infame muro erigido por su antecesor. Se centró, con éxito, en sacar a España del pozo en el que la recibió, pero las semillas sembradas por Zapatero continuaron creciendo.
Después llegó Pedro Sánchez, y aquel muro fue reforzado y elevado. Recogiendo a todas y cada una de las fuerzas centrípetas a la unidad de España, ahondó en la destrucción del espíritu de la Transición, aprobando otra infame ley, la llamada Ley de Memoria Democrática, más sectaria y divisiva aún que la nacida en tiempos de su antecesor socialista, gobernando con una mayoría que le invistió, pero que no le habilitó para legislar. Durante este tiempo, se ha mantenido en el poder, desdeñando el Poder Legislativo, desafiando al Poder Judicial y menoscabando la figura del Jefe del Estado.
La labor del previsible Gobierno conservador que saldrá de las urnas el próximo mes de noviembre será ímproba, pero deberá comenzar a acometerse desde el minuto cero. El éxito que supuso la Transición española debe ser reivindicado. Las leyes de memoria sectarias que trataron de destruirla deberán ser derogadas, y las heridas reabiertas deberán ser curadas. No será fácil, puesto que aquellos que van a perder poder e influencia tratarán de incendiar la calle. Pero el nuevo Gobierno deberá actuar con toda la firmeza necesaria dentro de la más estricta legalidad.
Aunque en las próximas elecciones el PSOE obtenga un resultado "aseado", los graves hechos ocurridos durante estos últimos años -algunos ya juzgados y condenados, otros en proceso, pero con gravísimos indicios delictivos- sin duda dinamitarán la cúpula del partido. Será una excelente oportunidad para que quienes recojan ese timón recuperen aquel espíritu de concordia y nunca más volvamos a unas trincheras que jamás debieron haberse reabierto.
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