Damos lástima como Gobierno, como oposición y como ciudadanos. Mientras unos miran hacia otro lado y otros se pierden en la batalla política, nuestras fronteras siguen siendo desafiadas.
Lo ocurrido en Ceuta debería haber bastado para entender la gravedad del problema. No fue un episodio menor ni algo que debamos normalizar. Es una cuestión de Estado: España debe controlar sus fronteras y decidir quién entra en su territorio. No es un simple flujo inmigratorio y, si lo fuera, se pide permiso, no se invade. Son invasores.
Si entrar ilegalmente en España resulta fácil y después resulta difícil devolver a quienes entran sin permiso, el mensaje que se manda es demoledor: merece la pena intentarlo. Y ese mensaje corre por todo Marruecos y toda África. No se puede ser más imprudente, temerario e irresponsable de lo que está siendo este Gobierno, que sabía lo que iba a pasar. Y, si no lo sabía, debería dimitir igualmente por inepto. Es de una enorme gravedad el juego perverso con la inmigración sin control de este Gobierno y de todos sus socios.
A este Gobierno, que cambia y fabrica leyes como churros, le exigimos que derogue cualquier norma que impida expulsar de inmediato a quienes entraron y entren ilegalmente. Ni excepciones convertidas en norma ni una permisividad que incentive nuevos intentos. Lo que está por venir puede tener para los españoles un coste inimaginable.
¿Pero qué Gobierno es este? Si no dimiten, deberían ser denunciados por alta traición. Su obligación es velar por los intereses de los españoles, no por los de quienes vienen de fuera. Para eso, que vayan y se presenten por Marruecos.
España y los españoles -los ceutíes también lo son- tienen derecho a recuperar sus espacios, su seguridad y su tranquilidad. No hemos construido durante décadas un Estado de bienestar para que quien entra ilegalmente pueda aprovecharse de él sin llamar a la puerta siquiera. Y tampoco podemos olvidar que detrás de estas entradas hay mafias que se enriquecen con la desesperación de miles de personas. Y todo ello mientras un país que no deja de reivindicar Ceuta y Melilla pretende apropiarse de unos territorios que nunca fueron suyos. La mano blanda no es humanidad: es irresponsabilidad.
Repito: Ceuta y Melilla son España y, además, frontera exterior de la Unión Europea. Europa no puede mirar hacia otro lado ni dejar sola a España ante un problema que afecta a todos, y mucho menos ante un Gobierno tan temerario en su conjunto.
La confianza en este Gobierno se ha agotado: demasiadas contradicciones, demasiada improvisación y demasiadas explicaciones cambiantes. España necesita claridad, firmeza y una verdadera política de Estado.
Recuperar el control de nuestras fronteras no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de Estado.
Porque gobernar es tomar decisiones, aunque sean difíciles. Y, si esperamos a que el problema sea incontrolable y no expulsamos a todos de inmediato, puede llegar un día en que ya no podamos hacerlo. Hay que aplicar los procedimientos acelerados y cambiar las legislaciones pertinentes. De lo contrario, el efecto llamada puede convertirse en un suicidio nacional.
Ni un día más. España debe recuperar el control, y eso pasa por expulsar a quienes entren ilegalmente y por impedir que nuestras fronteras sigan siendo atacadas.
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