La exministra Laya, imputada por la entrada furtiva en España del líder del Polisario
El juez del ‘caso Gali’ la interrogará por posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha Fernández Laya tendrá que declarar como imputada por la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El juez zaragozano Rafael Lasala abrió diligencias hace cuatro meses, al apreciar indicios de delito en aquella operación urdida desde el Gobierno. Investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras.
La imputación de la exministra se ha producido tras la petición cursada por los abogados que ejercen la acusación popular, después de que el diplomático Camilo Villarino, que era el director de gabinete de Laya, apuntara hacia ella en una reciente declaración ante el juez. Villarino fue imputado a primeros de agosto, después de que confesara que había sido él quien había dado instrucciones al Estado Mayor del Aire sobre la entrada furtiva de Gali en España. Y hace una semana, al ser interrogado ante el juez, dijo que todo eso lo había hecho siguiendo instrucciones de González Laya. Pero adivirtió que ella no actuó a iniciativa propia, que no actuó por su cuenta. La citación de Laya como imputada busca conocer de dónde partió realmente la orden y, por tanto, quiénes más participaron en el seno del Gobierno en un caso que compromete a Pedro Sánchez.
Aunque el juez acaba de decidir llamar a declarar a la exministra en calidad de imputada, aún no se ha fijado día y hora para su comparecencia ante el juzgado. El instructor ha dado orden para que se le facilite el domicilio de González Laya y, cuando lo tenga, le notificará la fecha para tomarle declaración como investigada en este caso. Su imputación se produce un par de meses después de haber sido detituida como ministra de Asuntos Exteriores.
Pedro Sánchez prescindió de González Laya en la remodelación del Gobierno que llevó a cabo en julio. La sustituyó por el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Éste, nada más tomar posesión, prescindió también de Villarino como director de gabinete.
El ‘caso Gali’
Gali llegó a España en un avión de la Presidencia de Argelia. Aterrizó en la Base del Ejército del Aire en Zaragoza y no fue sometido a control de pasaportes, para que no quedara constancia de su entrada en España. Fue trasladado en ambulancia al hospital público de Logroño, donde ingresó encubierto por otra identidad. El 2 de junio salió del hospital y regresó a Argelia desde el aeropuerto de Pamplona, donde embarcó sin ser sometido tampoco al control de pasaportes y documentación .Cuando Gali entró en nuestro país estaba incurso en causas penales abiertas por la Justicia española, entre otras por terrorismo y genocidio.
La investigación del juez Lasala ha permitido destapar la cadena de órdenes que Villarino cursó con la cúpula del Ejército del Aire. En concreto, con quien en ese momento era el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez. Éste fue el encargado de garantizar que las instrucciones llegaban hasta la Base de Zaragoza. Poco después, el Gobierno lo promocionó: fue nombrado representante militar de España ante la OTAN y la UE, su actual destino.
Además de las pruebas testificales, el juez recabó los mensajes de teléfono móvil que se cruzaron Villarino y el teniente general Fernández Sánchez. En ellos se evidencia cómo el Gobierno usó al Ejército para encubrir la entrada de Gali en España.
ES UNA VERGÜENZA
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