Vox y Cs piden al Supremo la suspensión cautelar de los indultos hasta que se resuelvan los recursos
Ciudadanos sortea la posible falta de legitimación como partido y decide presentar el escrito con particulares como perjudicados directos
Desde la interposición del recurso hasta la formalización de la demanda pueden pasar meses
Vox y Ciudadanos han pedido este jueves la suspensión cautelar de los indultos a los condenados del 'procés' para que vuelvan a la cárcel mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos presentados. Si bien las dos formaciones coinciden en este punto, los escritos difieren y la formación naranja –también ha pedido medidas cautelarísimas– no lo hace como partido, sino a título individual de Inés Arrimadas y otros diputados del Parlamento de Cataluña en el momento de los hechos.
Ante la posibilidad de que el Supremo rechace la legitimación del partido para poder recurrir los indultos, Ciudadanos ha optado por que sean particulares los que den este paso como perjudicados. En concreto lo hacen la propia Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo, pues los tres eran diputados autonómicos en el momento en el que se consumaron los delitos y tienen, por tanto, un interés directo en que las medidas de gracia sean anuladas. Los tres vieron menoscabados sus derechos parlamentarios y precisamente por este motivo recibieron el apoyo del Tribunal Constitucional. Así lo han explicado a las puertas del tribunal Arrimadas y el portavoz y diputado Edmundo Bal, tras presentar horas antes, de madrugada, su escrito de interposición contra la medida de gracia concedida por Pedro Sánchez.
Respecto a la solicitud de las cautelarísimas y las cautelares, Bal ha expuesto que esperan tener una respuesta a finales de la semana que viene o comienzos de la siguiente. «Hemos pedido que se suspendan (los indultos) y vuelvan a la cárcel», ha dicho el portavoz de la formación en el Congreso. En ese sentido, Bal ha explicado que se cumplen los dos requisitos para esta medida, fundamentados en la apreciación del buen Derecho, en tanto el Supremo y la Fiscalía se han opuesto a la concesión de los indultos, y el peligro para la sociedad, basado en el riesgo de fuga de los condenados y de reiteracin delictiva. «Estamos aquí para defender la Constitución, la verdad y la memoria», ha aseverado Arrimadas.
En sus recursos ante la Sala Tercera, Ciudadanos cree sin embargo que estos indultos han sido concedidos a partir de un acto arbitrario desde el punto de vista jurídico -además de indigno desde el punto de vista político- por parte del Gobierno. Consideran que la arbitrariedad que aprecian ya la ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en el informe en el que se opuso a su concesión al no ver razones de justicia, equidad ni utilidad pública.
Tras la interposición del recurso, la Sala Tercera tendrá que resolver primero su admisión a trámite, algo para lo que es fundamental pasar el filtro de la legitimación. Una vez superado, será cuando los magistrados requieran al Gobierno los informes que no ha querido hacer públicos y a los que los decretos publicados en el BOE se remiten para justificar esa "utilidad pública". Una vez que los recurrentes tengan acceso a esos expedientes será cuando formulen ya su demanda para impugnar las medidas de gracia. Todo este camino puede prolongarse meses.
Argumentos de Vox
Fuentes de Vox, por su parte, han detallado que presentaron el recurso a mediodía ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En su caso sí se presenta como partido, al estimar que están legitimados para ello por haber actuado como acusación popular en el procedimiento. Santiago Abascal, que ha comparecido con los primeros espadas del partido, ha tildado la medida de gracia como un acto de «traición y corrupción».
Marta Castro, vicesecretaria Nacional Jurídica, refiere en su escrito la inexistencia de ámbitos administrativos inmunes al control judicial, por lo que no pueden existir comportamientos de la Administración Públicaen ese sentido y, por tanto, «resultaría absolutamente inaceptable concluir que una decisión como la aquí impugnada es insusceptible de revisión jurisdiccional».
Vox, además, defiende que es el único de las tres partes acusadoras en disposición de someter la medida tomada por el Consejo de Ministros por ejercer la acusación. El recurso incide igualmente en la idea de que no existe «signo alguno de arrepentimiento» de los políticos condenados y alude a que los implicados, con el ánimo de reptir lo ocurrido, han vuelto a incitar a la «movilización tumultuaria y a un nuevo alzamiento contra el orden constitucional y la soberanía nacional». Por esta cuestión y porque «han de tenerse en cuenta los intereses públicos y privados que resultarían gravemente perturbados», también han solicitado las cautelares.
ME PARECE BIEN Y EL REY ¿QUÉ HACER CON ÉL
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