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jueves, 24 de junio de 2021

LA CONFERENCIA EPISCOPAL SUSCRIBE LA POSICIÓN DE LOS OBISPOS CATALANES PERO ACENTOS DISTINTOS

 La Conferencia Episcopal suscribe la posición de los obispos catalanes pero con «acentos distintos»

Los obispos apelan al diálogo con Cataluña pero desde el «respeto al marco jurídico» de la Constitución y el estatuto de autonomía

Partiendo de la premisa de que los indultos a los presos del 'proces' ya han sido otorgados por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) apeló este jueves al «diálogo» con Cataluña pero desde el «respeto al ordenamiento jurídico» que España se ha dado «a través de la Constitución y del estatuto de autonomía».

El secretario general y portavoz de la CEE, monseñor Luis Argüello aseguró que «tras un amplio diálogo en el seno de la comisión permanente y con diversas opiniones sobre cómo debería organizarse la vida política y social», los obispos suscriben la posición de los obispos catalanes con respecto a las medidas de gracia pero «con acentos distintos».

«Nosotros estamos como los obispos catalanes por el diálogo, por la aplicación de la ley, que se respete la justicia. Estamos porque no haya posturas inamovibles, estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible abordar un asunto cada vez más enquistando y que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior de la sociedad catalana y en el conjunto de España», afirmó.

El portavoz de los obispos pide a los presos indultados que «se alejen de situaciones inamovibles» para recuperar la convivencia en Cataluña y España

Durante la rueda de prensa, al término de la reunión de la Comisión Permanente, el portavoz aclaró que la nota del pasado jueves de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense en la que afirman que «el logro de un recto orden social necesita algo más que la aplicación de la ley» no supone que «no sea necesaria la aplicación de la ley». «Este respeto al orden jurídico es una actitud humilde que debemos pedir a todos los actores políticos», aseveró.

En esta línea, recordó que antes del referéndum ilegal del 1-0, las actuaciones de la Generalitat y el parlamento catalán «pusieron en cuestión la propia legalidad catalana a través del estatuto de autonomía y el mismo reglamento del Parlamento de Cataluña».

El portavoz lamentó la pretensión de algunos grupos políticos de querer «construir todo desde cero» como «si lo vivido anteriormente no significase nada». Con respecto al problema del desafío soberanista consideró que «se mezclan las dificultades vividas a lo largo de la historia sobre el encaje de todas las nacionalidades y regiones con un momento cultural singular relativista, marcado por la emoción y el sentimiento, en el que se subrayan las identidads y se vive una particular cultura de la cancelación como si lo vivido anteriormente no significase nada».

«Las legítimas propuestas de una organización distinta ha de hacerse respetando los procedimientos y las pautas de las Constitución compartida»

Ante esta cultura «desconstructivista» que no solo afecta a la política sino también a la educación y a la antropología, el prelado en la misma línea que los obispos catalanes «invitó a buscar una solución satisfactoria que se aleje de situaciones inamovibles, que no ayudan a construir armónicamente la sociedad». El portavoz consideró necesario «subrayar» este aspecto después de las manifestaciones realizadas el miércoles por los presos indultados cuando salieron de prisión.

Pese a no estar de acuerdo con el «adanismo» cultural y político, el portavoz admitió que hay espacios para las reformas. «La Constitución no es un dogma, ni las tablas de la ley pero sí que marca un campo de juego incluso para su propia modificación», afirmó.

En este sentido, y parafraseando a Francisco recordó que «el desarrollo del país, la consolidación de la nación y la construcción de la patria» supone «el reconocimiento de una historia compartida y un marco legal». «Las legítimas propuestas de una organización distinta, que nuestra Constitución pensamos que reconoce, ha de hacerse respetando los procedimientos y las pautas de las Constitución compartida», insistió.

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