EL GOBIERNO DEFIENDE QUE LAS REGIONES PODRÁN APLICAR PERIMETRACIONES PARCIALES.

 El Gobierno defiende que las regiones podrán aplicar perimetrajes parciales y no elaborará ninguna legislación para suplir el estado de alarma

Deja en manos de los tribunales superiores de justicia de cada región la validación de estos perimetrajes que el Gobierno cree que no podrían ser genéricos, sino ceñidos a un ámbito territorial limitado. Y no por tanto válidos para cerrar toda una región

El toque de queda sí que no podrá aplicarse en ningún caso. Pero el Gobierno cree que con la Ley 3/1986 las autonomías podrán perimetrar parte de su territorio..

El Gobierno defiende que no será necesaria una legislación adicional para seguir haciendo frente a la pandemia cuando, si se cumple la previsión lanzada ayer por el presidente del Gobierno, el estado de alarma deje de estar vigente en nuestro país. La capacidad de respuesta pasará entonces a manos de las comunidades autónomas, pero ya sin el paraguas legal que representa el estado de alarma, y a la coordinación de todas ellas con el Ejecutivo central en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles en Mérida que existen «instrumentos» suficientes para hacer frente al día después. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite mucha respuestas en emergencias sanitarias, en emergencia de pandemia. No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», ha defendido la número dos del Gobierno.

Fuentes gubernamentales apuntan a que en el Ejecutivo están pensando en la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta norma es muy escueta, apenas consta de cuatro artículos. En el artículo tercero se expresa lo siguiente: «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Desde el Gobierno consideran que esta norma es suficiente para que las comunidades autónomas puedan proceder a confinar parcialmente áreas de su territorio inferiores al municipio, según explican fuentes de La Moncloa. No obstante, después del verano los tribunales superiores de justicia emitieron pronunciamientos dispares respecto a las limitaciones dictadas por los gobiernos regionales. Existen más dudas sobre cómo responderían los tribunales ante cierres más amplios si es que estos tuvieran que tomarse. Desde el Gobierno explican que esto «dependerá de los TSJ», pero su interpretación de la norma es que «no pueden ser genéricos», sino aplicados a un ámbito muy específico.

Calvo se ha mostrado clara respecto a la posición del Gobierno. Desechando la posibilidad de elaborar ese «plan b jurídico» que lleva demandando meses el PP y que desde Ciudadanos reclaman también. Aunque ambos lo hacen desde concepciones distintas, los dos reclaman al Ejecutivo que debe actuar. La propia Calvo se mostró partidaria en mayo del pasado año de estudiar alternativas legales. Y el Gobierno es comprometió con ERC y Cs a estudiar estas vías legales en la última prórroga del estado de alarma. Pero después el Gobierno cambió el paso aduciendo que se había consultado a la Abogacía del Estado y la manifestación jurídica fue que «no era necesario» porque «hay herramientas legales suficientes», explican en el Gobierno.

Desde La Moncloa se empezó a explicar desde el verano que no se iba a proceder con estas reformas porque existían dudas sobre su constitucionalidad, al tratarse de actuar sobre derechos fundamentales mediante legislación ordinaria. Pero este mismo argumento limitaría de forma drástica las capacidades que tendrían las regiones al amparo de la ley 3/1986. Que en cualquier caso requerirían del aval judicial, abriendo de nuevo la puerta a esos pronunciamientos contradictorios que tuvieron lugar después del pasado verano.

Lo que sí será la herramienta principal de actuación serán las competencias propias de las comunidades para decretar el cierre de establecimientos o los aforos. Mientras las cuestiones relativas al perimetraje serán objeto de ese debate jurídico. Donde no parece haber opción es en las limitaciones a la movilidad nocturna, el conocido como toque de queda. No se podrá aplicar sin estado de alarma.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas «generales» que, como el toque de queda, requieren de este «paraguas» legal. Eso sí, Montero insistía en ese enfoque de que las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios: «Ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva», ha argumentado en una entrevista en RNE.

Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que «podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio», pero ha admitido que cada territorio puede «poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios». No obstante, la estrategia del Gobierno es que el plan de vacunación sirva para ya en las próximas semanas hundir el repunte sostenido que viene produciéndose en el número de contagios desde hace dos semanas.

ESO NO ES CONSTITUCIONAL Y HABRÁ BATALLA SEGURA