Justicia dice que no le compete eliminar los vestigios de criminales socialistas de la Guerra Civil.
En febrero pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que retirasen de sus calles los homenajes de exaltación franquista para no incumplir la ley de Memoria Histórica.
En febrero de este año, la recién creada Dirección General de Memoria Histórica, liderada entonces por Fernando Martínez López, pidió por carta a 656 ayuntamientos españoles que eliminaran de su callejero cualquier vestigio que exaltara la Guerra Civil u homenajeara el franquismo para no contravenir la ley de Memoria Histórica. El pasado 11 de julio, la misma institución, instaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dependiente del Ministerio de Justicia, defiende que no hay una normativa que le exija tomar medidas para retirar de las ciudades y pueblos españoles posibles homenajes a aquellos dirigentes socialistas que jugaron un papel fundamental en los crímenes de guerra que tuvieron lugar en las zonas controladas por el Gobierno de la II República entre 1936 y 1939, los años en los que se desarrolló la Guerra Civil.
Este último posicionamiento del Ministerio cuestiona el espíritu conciliador que la ley de Memoria Histórica dice perseguir en su artículo primero. De hecho, el talante asertivo y contundente que el director general de Memoria Histórica demostró en aquellas misivas del mes de febrero para eliminar los vestigios franquistas, poco tiene que ver con la respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, que da a una pregunta de la Plataforma Patriótica Millán Astray.
La asociación de veteranos legionarios, en medio de la campaña por eliminar el nombre del fundador de la Legión del callejero y tras ser señalada por el senador de Compromís, Carles Mulet, como una organización a extinguir, decidió preguntar al Ministerio, a través del mecanismo público de Transparencia, por las medidas que estaba tomando su Dirección General de Memoria Histórica para «limpiar» el callejero de pueblos y ciudades ante cualquier posible vestigio que homenajeara a miembros socialistas que, en la Guerra Civil, hubieran jugado un papel determinante en los conocidos como «crímenes de la retaguardia».
Ante esta pregunta, la Dirección General contesta lo siguiente: «Se informa que no existe normativa de aplicación que nos exija realizar estas actuaciones». La institución añade a continuación que «el artículo 15» de la ley de Memoria Histórica sólo hace referencia «a las medidas que podrán adoptar "las Administraciones públicas competentes para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva..." en alusión a un periodo determinado, que es el de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
Dos lecturas de la ley
Esta interpretación de la ley que hace la Dirección General de Memoria Histórica es radicalmente opuesta a la que hizo en febrero, cuando pidió la retirada de los vestigios franquistas de 656 municipios repartidos por toda la geografía española. En aquella carta, el director general lanzó unas contundentes advertencias a los alcaldes afectados para aplicar, curiosamente, ese artículo 15 de la norma del que el Ministerio se desvincula cuando se trata de eliminar vestigios de los crímenes de guerra relacionados con socialistas: «El artículo 15 de la ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia».
Se da la circunstancia, además, de que este organismo, creado por Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se atribuye entre sus funciones -publicadas en internet y disponibles para todo aquel que quiera consultarlas- la capacidad de proponer y, en su caso acordar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, «la retirada de cualquier símbolo de exaltación,personal o colectiva de la Guerra Civil o de la dictadura», así como, de acuerdo con las administraciones competentes, adoptar «las medidas necesarias para su ejecución». Justo la misión de la que huye en este caso.
ME PARECE UNA LOCURA COMO SI NO HUBIERA EN ESPAÑA COSAS MUCHO MÁS IMPORTANTES,
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