ÁNGEL GONZÁLEZ
Condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación, el político sigue defendiendo su inocencia.
La Presidencia Colegiada de Izquierda Unida de Asturias ha decidido finalmente suspender de militancia al diputado regional y portavoz en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ángel González, condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa cuando ocupaba un cargo en el Gobierno regional.
Ante la suspensión cautelar de González, la Portavocía de Izquierda Unida en la Junta General será ocupada a partir de ahora, y de forma interina, por la portavoz adjunta, Emilia Vázquez, hasta que el Consejo Político haga una propuesta.
Frente a la insostenible situación generada y tras producirse voces críticas en el seno de la organización, el coordinador de Izquierda Unida de Asturias, Manuel González Orviz convocóuna reunión extraordinaria de la Presidencia para tratar de solventar el tema, tras la cuál ha determinado que la suspensión es «inevitable».
La resolución, aprobada por 28 votos a favor y cinco en contra, considera que González podría haber incurrido en faltas muy graves al haber causado un evidente deterioro, daño y menoscabo a la imagen pública de la agrupación «máxime teniendo en cuenta el actual contexto social y político del país donde los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad de las personas que ostentan responsabilidades públicas». A su vez, advierte de que la relevancia que le da su trayectoria y su cargo agravan su conducta, la cual puede tener «graves consecuencias» en el funcionamiento interno del partido y en las elecciones europeas.
González, aferrado al cargo
González, que señaló hace pocas horas que no presentaría su dimisión, deberá someterse a la decisión del partido después de haber afirmado que sólo se aferraba a su derecho de defensa, y «no a ningún cargo, ni a ningún sillón, ni prebenda ni cosas de esas». Concretamente, el político se pronunció así cuando acudía a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias junto a su abogada para presentar un recurso de casación.
El portavoz, que ha sido condenado por manipular los contratos para adquirir monolitos conmemorativos para las fosas comunes del franquismo, será inhabilitado a pesar de que sigue defendiendo su inocencia.
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