La directora de la Agencia Tributaria: “No sé ni lo que he dicho”.(Personas floreros)
Beatriz Viana reconoce no saber lo que ha respondido a los medios sobre la amnistía fiscal.
Ha vuelto a negar que Bárcenas se acogiera a la regularización.
La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha reconocido este jueves, tras responder a numerosas preguntas de los periodistas sobre el llamado caso Bárcenas, que ni siquiera sabía qué había contestado y que podría ser "cualquier barbaridad". Previamente, en rueda de prensa, Viana había vuelto a negar que Bárcenas pueda acogerse a la amnistía fiscal.
"No sé ni lo que he dicho. Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho", ha asegurado Viana al término de la rueda de prensa sin percatarse de que los micrófonos aún estaban abiertos y que habían recogido sus palabras.
La directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, que estaba sentada a su lado ha sido la que, mediante gestos, le ha señalado que los micrófonos estaban "funcionando todavía". "Ya", ha contestado Viana, que se ha mostrado nerviosa al conocer ese hecho.
Uno de los cargos que acompañaba a las dos directoras a este acto se ha dirigido a ellas para indicarles la salida y evitar más preguntas de los periodistas. "Que todavía tendrán ganas de hacer más", ha exclamado.
La mayoría de las preguntas de la rueda de prensa, convocada para presentar el balance anual de resultados del Departamento de Aduanas, han estado centradas en el caso Gürtel y la amnistía fiscal a la que podría haberse acogido el extesorero del partido, Luis Bárcenas.
La directora de la Agencia Tributaria ha vuelto a negar que Bárcenas pueda acogerse a la amnistía fiscal, ya que, según ha recalcado, un imputado por delito fiscal no puede beneficiarse del proceso de regularización tributaria. Además, ha dicho que Hacienda contestará "lo antes posible" a la Audiencia Nacional si los implicados de Gürtel se acogieron a la regularización.
Una partitocracia agotada.
El inmenso poder de los partidos, un lastre para su supervivencia.
Las omnipotentes cúpulas de los partidos políticos españoles deberían ser las más interesadas en acabar con el sistema electoral al que deben su inmenso poder, ya que tal sistema constituye un pesado lastre que los hunde en el fango de los escándalos y les impide salir a flote.
La percepción pública de los cargos públicos como meros apéndices del cuerpo del partido, comandado por un único cerebro que todo lo controla, nos lleva fácilmente a deducir que cualquier caso de corrupción de los apéndices es también un caso de corrupción del cuerpo entero, del cual es responsable el cerebro o mando central. Y no puede ser de otra manera cuando sabemos que desde el más modesto de los alcaldes hasta el más poderoso de los ministros deben su cargo y su carrera al partido tanto o más que a los votantes.
Es el partido el que lo selecciona para su lista electoral y lo sitúa en la primera posición o en la última. Es el partido el que establece pactos de amplio alcance territorial para intercambiar apoyos que significan alcaldías. Es el partido el que lleva a un alcalde a la candidatura autonómica y lo convierte en parlamentario, luego lo hace nombrar consejero, o lo sube hasta el Congreso de los Diputados. Y es el partido el que puede cercenar en redondo las prometedoras carreras de personas de gran valía pero poco sumisas.
Todo eso lo sabemos los ciudadanos, y por ello nos resultan tan difíciles de tragar las protestas de inocencia que circunscriben los casos de corrupción tan sólo a las personas imputadas. Puesto que alguien es alcalde o consejero porque el partido lo puso ahí, el partido es, cuando menos, responsable político de sus tropelías, y en la medida en que las cajas están conectadas, también puede ser responsable económico.
En los albores de la transición hubo acuerdo en reforzar el papel de los partidos para apuntalar el nuevo sistema institucional, pero de ello ya hace tres décadas y media. El sistema ha dado de sí lo que tenía de bueno, pero también lo que tenía de malo, y ahora ya no contribuye a consolidar la democracia sino a todo lo contrario. Hay un clamor popular al respecto; y si los partidos quieren sobrevivir para cumplir su indispensable función, deberán renunciar a su poder inmenso para que los ciudadanos sintamos de una vez que nuestro diputado es nuestro acierto y nuestra culpa, y no los de su sigla; y que si mete la pata, o la mano, donde no debe, su ruina dependerá de nuestra ira y no de los jerarcas de su organización.
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