En España no hay libre competencia entre las formaciones políticas como la hay en Alemania, donde la corrupción se depura a nivel interno para evitar la fuga de votos, lo que el sistema hispano hace casi imposible.
Se acuerdan de Zu Guttenberg? Tenía solo 39 años y era ministro de Defensa en Alemania. Pasaba por ser el político más valorado del país, y nadie dudaba de que sustituiría a Merkel en el liderazgo del partido. Pero en marzo de 2011 se vio obligado a dimitir ¿Su delito? Había copiado, en la universidad, partes de su tesis doctoral. Mientras escribo esto, y como en una suerte de confirmación de lo que voy a defender aquí, acaba de ocurrir lo mismo con la ministra de Educación, Annette Schavan.
¿Por qué nosotros no somos así? Algunos enarbolan la teoría de la cultura política del país, una manera elegante de decir que no podemos ser de otra manera, que llevamos la corrupción en la sangre. Bien, no es cierto. Como todo en política, no es cuestión de genes, sino de voluntad. Y el espejo alemán nos devuelve al menos dos lecciones de las que deberíamos tomar buena nota.
La primera es institucional. Quien obligó a Guttenberg a dimitir fue, por supuesto, su partido. En Alemania son los propios partidos los que se encargan de limpiarse a sí mismos. ¿Son los partidos alemanes mejores que los nuestros por naturaleza? No, lo que ocurre es que desarrollan sus funciones en un marco institucional que les obliga a combatir la corrupción. Un marco institucional que tiene un nombre obvio: libre competencia.
Pero en España no tenemos libre competencia entre partidos. Lo que tenemos es bipartidismo. Por rara que nos suene, la pregunta clave para abordar la corrupción en España es la siguiente: ¿Hay algo más desamparado desde el punto de vista electoral que los ciudadanos de centro-derecha y derecha de este país? Ocurra lo que ocurra, solo tienen una opción: votar al PP. Y algo muy parecido ocurre con los ciudadanos de izquierda: solo pueden votar PSOE… o dejar que gane el PP.
Esa es una realidad institucional implacable y feroz para los millones y millones de españoles que viven en las circunscripciones pequeñas, en las que no es posible la pluralidad y solo existen esas dos opciones. Y esa realidad implacable y feroz dibuja, frente a la urna, una alternativa diabólica: o votas PP aunque incluya corruptos en sus listas, o dejas que gane el PSOE. Y viceversa: o votas PSOE, te convenza o no, o dejas que gane el PP. Una indignada atrapó de forma magistral el corazón del bipartidismo: “Es un absurdo absoluto que la forma de castigar a un partido sea votar a otro con el que no se está de acuerdo”.
¿Qué tiene que ver el bipartidismo con la corrupción? Todo. En un sistema así los electores no somos los soberanos de los dos grandes partidos; somos sus súbditos. Porque ambos juegan con la ventaja de saber que tienen a su favor el propio sistema electoral —esto es, las reglas del juego— y que por tanto el ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía se llevará a cabo siempre de forma beneficiosa para ellos. En el PP pueden hoy huir hacia adelante solo porque saben que, en la próxima jornada electoral, sus millones de votantes no tendrán otra opción que elegir entre ellos y el PSOE. Esto es, porque saben que todo aquel a la derecha del PSOE estará obligado a votarles.
En Alemania el universo es otro. Hay proporcionalidad perfecta: cada partido recibe la cuota de escaños que le dan sus votantes, sin trampa ni cartón. Circunscripción única y absoluta igualdad de oportunidades para todos los partidos. Libre competencia. Si el partido de Merkel presenta un corrupto, sus votantes tienen otras opciones cercanas por las que decantarse. Cercanas… eso es fundamental, porque implica que los votantes conservadores no tienen como única alternativa a un partido de izquierda. En un escenario así, los electores son libres y, por tanto, la corrupción se paga electoralmente cara.
En un escenario como el español, no. Aquí son los votantes los que están cautivos del partido y no al revés. Rajoy lo demostró de modo inmejorable. “Lamento el daño que están haciendo al Partido Popular”, tuvo el valor de decir. Pero, si hay algo indiscutible en todo esto, es que el daño al partido lo han hecho ellos, los dirigentes. Son ellos, nadie más, los que han traicionado a sus millones de electores. En Alemania los echarían a patadas con la primera información periodística. Y lo harían desde el partido. Porque allí los ciudadanos son soberanos. Aquí no. Aquí los millones de ciudadanos conservadores no tendrán otra posibilidad que votarles a ellos y por eso Rajoy puede hacer lo que hizo: insultar a su inteligencia, la de sus propios electores, a la cara y en público. Son sus votantes en sentido patrimonial: no pueden ir a otro lado.
La segunda lección es ideológica. Es sabido que el partidismo, en la forma de bipartidismo imperfecto que adquiere entre nosotros, lo ha acabado colonizando todo: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, las comunidades autónomas, las cajas de ahorro. Pero empieza a colonizar también nuestras propias categorías de análisis.
Solo eso explica que hayamos llegado a pensar que la solución a la corrupción pasa por un pacto entre los dos grandes protagonistas del duopolio representativo que padecemos. Es todo lo contrario, ese pacto es el problema. Porque el pacto democrático obvio es otro. El pacto democrático obvio es entre cada partido y sus votantes. Son los votantes los que exigen a su partido que no se corrompa. Y, si no cumple, se irán a otro partido. Pero, claro, para eso tiene que haber proporcionalidad y libre competencia entre partidos. Esto es, que el elector sea soberano y elija con entera libertad entre las diferentes opciones. Aquí es al revés. Aquí el menú a dos ya está fijado de antemano y fosilizado ad eternum gracias a la ley electoral. Por eso las decisiones las pactan entre ellos y por eso a ese pacto a los votantes ni se nos invita, porque ya se sabe que solo podremos votar por uno o por otro.
Alemania funciona mejor que España por muchos factores; uno de ellos, sin duda, el institucional. Los partidos se depuran a sí mismos y así la dinámica es otra. Porque fijémonos en la dinámica que se avecina en nuestro país tras la declaración de Rajoy. Una dinámica con solo dos posibilidades, la horrible y la inconcebible.
La horrible es un Gobierno con indicios más que sólidos de corrupción. Los ciudadanos españoles tenemos documentos de puño y letra del tesorero del partido en los que se afirma que Rajoy y el PP se financiaban ilegalmente. Tenemos las declaraciones de un diputado del PP, en estas mismas páginas, afirmando que los sobres existían. Tenemos la confirmación por varios miembros del PP de que varias de las anotaciones de Bárcenas son ciertas. Y tenemos —y también es algo ya perfectamente empírico— la propia reacción de la cúpula del PP: en la hipótesis de la inocencia, no reúnes al partido… ¿Para qué, si todo es falso? Si todo es falso descuelgas el teléfono, hablas con tus abogados y te querellas. Y punto.
La inconcebible es un Gobierno bajo chantaje. Todo apunta a que Bárcenas está coaccionando al PP para que desde el Gobierno le protejan. Y todo apunta a que ha ganado la batalla, porque solo eso explica que desde el PP amenacen a los mensajeros, pero que a él, que es el remitente, ni lo mencionen. Lo que implica, claro, que todavía guarda más munición. Esta es, en efecto, la hipótesis teórica más verosímil, aquella en la que encajan como un guante todos los datos empíricos que tenemos. Y, si eso es así, entonces el propio Gobierno es preso de su hombre y se mantiene como Gobierno con la obligación de protegerlo.
Y ahora recordemos a Guttenberg y Schavan, dimitidos a la fuerza… ¡por copiar en la universidad! Y no permitamos nunca que nos digan que no podemos ser como ellos. Podemos, claro que podemos. Solo tenemos que arrancar nuestra mirada del lodazal en el que se ha convertido nuestro sistema representativo y mirar un poco más allá. Y empezar a creer.
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