El activismo en un periodista es la negación del periodismo. Cuando un profesional sustituye la búsqueda de la verdad por la defensa de una causa política, deja de ser periodista para convertirse en propagandista. Y con ello no solo se desprecia a sí mismo, sino que degrada una profesión cuyo único compromiso debería ser con los hechos, la libertad y los ciudadanos.
Pero el problema alcanza una dimensión mucho más grave cuando ese activismo se ejerce desde un medio de comunicación público, sostenido con el dinero de todos los contribuyentes. De quienes votaron al Gobierno y de quienes votaron a la oposición. De quienes piensan de una manera y de quienes piensan exactamente lo contrario.
Un gobierno democrático tiene la obligación de gobernar para todos. Un medio público tiene la obligación de informar a todos. Cuando una televisión pública se convierte en un altavoz del Ejecutivo y trata a la oposición como un enemigo al que ridiculizar o desacreditar, deja de prestar un servicio público y pasa a desempeñar una función partidista. Es una traición a la ciudadanía que la financia.
En España hemos normalizado lo que jamás debería haberse normalizado. Se ha aceptado como inevitable que los medios públicos se utilicen como herramientas de comunicación política. Se ha asumido que el periodista militante es una figura legítima cuando trabaja al servicio del poder. Y se pretende presentar como pluralismo lo que, en demasiadas ocasiones, no es más que propaganda financiada con dinero público.
El llamado sanchismo ha llevado esta forma de entender la política hasta extremos que considero incompatibles con una democracia liberal. Pactos que durante la campaña electoral se negaban categóricamente y que, una vez obtenido el poder, se convirtieron en la base de la legislatura. Acuerdos con fuerzas independentistas que protagonizaron el desafío institucional de 2017 en Cataluña. Cesiones políticas, institucionales y económicas que, en mi opinión, responden más a la necesidad de mantenerse en el poder que al interés general.
Todo ello supone, a mi juicio, un deterioro de principios esenciales como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la responsabilidad política. Porque la democracia no consiste únicamente en reunir una mayoría parlamentaria. También exige coherencia, respeto a la palabra dada, sometimiento al Estado de derecho y lealtad a las instituciones que representan a todos los españoles.
La mentira nunca fortalece una democracia. El engaño al elector nunca puede considerarse una virtud política. Y utilizar las instituciones públicas como patrimonio del Gobierno constituye una degradación de la calidad democrática.
En ese contexto, el papel de determinados periodistas resulta especialmente preocupante. Quien desde una televisión pública renuncia a la independencia para convertirse en portavoz oficioso del poder político no está ejerciendo el periodismo. Está utilizando una profesión noble para justificar intereses partidistas.
El Código Deontológico del periodismo exige independencia, rigor, honestidad y respeto por el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Cuando esos principios se sacrifican para proteger al poder, el periodista deja de servir a la sociedad y comienza a servir a quien gobierna.
Y ese es el mayor desprecio que puede cometerse contra una profesión cuya razón de ser es precisamente vigilar al poder, no obedecerlo.
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