EL DERECHO DEL TABAJADOR

 No sé a qué viene el cabreo de la vicepresidenta Díaz, ni en el Gobierno, ni en los sindicatos, cuando todos sabemos que a lo que se está aludiendo es a las bajas laborales fraudulentas. La baja laboral es un derecho administrativo consolidado, gracias a Dios, que absolutamente nadie cuestiona. La medida queda aupada socialmente con amplia mayoría. A lo que nos estamos refiriendo todos es a las bajas que obtienen quienes carecen de elementos para su concesión, exagerando sus miedos y posibles dolencias, así como abusando de las múltiples garantías que otorgan los servicios sanitarios y la Administración en su globalidad. Ningún médico se opone a su solicitud, fundamentalmente en temas delicados de los que carecen de conocimiento suficiente, como es la saludad mental. Ni que decir tiene, que la empresa incluso desconoce el motivo de la baja y sus circunstancias concretas, de no ser que el afectado quiera comunicar algo. Dada la enorme amplitud de las bajas supuestamente fraudulentas, todos disponemos en nuestro entorno de alguien que puede dar fe de este tipo de fraude que malos trabajadores aplican para el cuidado de sus niños enfermos, la preparación de oposiciones, holgazanería, vacaciones añadidas o simplemente por joder. De esto estamos hablando, y esto es lo que España no puede soportar, ni tampoco su productividad. No vendría de más que los concernidos divulgasen cifras en relación con las fraudulentas. O es que no se atreven. Así que Gobierno y sindicatos, cíñanse a la mesa de acuerdo con la patronal para encontrar una solución fáctica, porque hay muchísimo abuso; porque es muy grave; porque el perjuicio económico es enorme; porque genera un tóxico ambiente de trabajo entre compañeros; porque es del todo insoportable para las empresas y para la Seguridad Social. Y no hagan por favor un número de lo que es sencillamente transparente.