Llevo días dándole vueltas a una noticia ("Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico". LNE, 3-7-26) que me ha devuelto a una etapa muy concreta de mi trayectoria profesional, cuando estaba al frente de una unidad policial que, entre otras responsabilidades, asumía el traslado de personas con trastornos mentales a la unidad de psiquiatría del HUCA. Aquella experiencia me permitió conocer de cerca una realidad tan compleja como, con frecuencia, invisible para la sociedad.
Que el traslado de un enfermo mental al hospital tenga como consecuencia la muerte de este nos lleva a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una actuación que debería ser sanitaria se torna en problema de orden público?
Las personas que atraviesan un episodio agudo de enfermedad mental necesitan atención clínica, profesionales especializados y recursos sanitarios preparados para intervenir en situaciones de alta complejidad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, el primer rostro que encuentran no es el de un médico, un enfermero o un psicólogo, sino el de un agente de las fuerzas de seguridad.
Los agentes de las fuerzas de seguridad cumplen una función esencial para garantizar la seguridad de todos los implicados. Pero no son profesionales sanitarios. Convertirlos en la respuesta principal a una emergencia de salud mental supone trasladarles una responsabilidad para la que ni su misión ni su formación están diseñadas.
Por esta razón, durante reunión celebrada en la sede del Sespa con motivo de una situación similar, se aseguró que los agentes de Policía no acompañarían a los profesionales sanitarios en el interior de las ambulancias debido a los riesgos que esa medida entrañaba para los propios efectivos policiales, el personal sanitario y, por supuesto, para los pacientes. En su lugar, se estableció que el apoyo policial se prestaría mediante la escolta de los vehículos sanitarios por parte de patrullas durante los desplazamientos. Lejos de responder a una decisión arbitraria, este criterio se sustentaba en las conclusiones alcanzadas por la Junta de Jueces, reunida en Zaragoza en 1997 para abordar específicamente esta cuestión. Sin embargo, todo apunta a que aquel mensaje nunca llegó a calar en la administración sanitaria.
Las administraciones sanitarias tienen la obligación de revisar sus protocolos, reforzar los equipos de intervención en salud mental y asegurar que ningún paciente sea privado de una atención clínica adecuada durante un traslado hospitalario. Las fuerzas de seguridad no pueden ser el sustituto de unos recursos asistenciales que deberían estar presentes desde el primer momento.
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