EL CONSEJO DE ESTADO ENMIENDA LA PLANA A SÁNCHEZ Y PIDE UN PLAN B

 El Consejo de Estado enmienda la plana a Sánchez y pide un plan B

El órgano consultivo denuncia las carencias de la ley actual y reclama una reforma anti-pandemias

El Gobierno se queda cada vez más solo en defender que no es necesario aprobar ninguna reforma legal para controlar la pandemia sin la cobertura del estado de alarma.

El Consejo de Estado se une ahora a la mayoría de las autonomías y la oposición parlamentaria para enmenderle la plana al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y advertirle que la legislación actual presenta «carencias» cuando se trata de hacer frente a una pandemia.

En un dictamen emitido por unanimidad el pasado 22 de marzo y remitido a la vicepresidenta Carmen Calvo, la Comisión Permanente de este órgano relata las cuatro lagunas existentes en la legislación vigente: «las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable; y los términos y alcance de la garantía judicial».

Todas ellas se deben a la falta de «concreción» de la legislación española y la «crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad del coronavirus» las ha «puesto de manifiesto», subraya el organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega.

Por todo ello, pide al Gobierno una reforma legislativa señalando, en concreto, a la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Un texto que esta misma semana Calvo seguía defendiendo como suficiente para afrontar la pandemia sin el marco del estado de alarma. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite mucha respuestas en emergencias sanitarias, en emergencias de pandemia. No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», señaló el miércoles en Mérida, en alusión precisamente a la citada ley, según informó Víctor Ruiz de Almirón.

Para el Consejo de Estado, en cambio, el contenido de ese texto «podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras».

El órgano consultivo se pronunció de este modo tras ser consultado por el Gobierno sobre la constitucionalidad de la ley gallega que establece la vacunación obligatoria. El órgano consultivo encontró «fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad» contra el texto de Alberto Núñez Feijóo, y así concluye el dictamen. Pero «el análisis de la cuestión debatida» le lleva a constatar que el marco jurídico sanitario no es suficiente ante una pandemia y así se lo advierte al Ejecutivo.

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