LLUVIA DE INSULTOS A LOS JUECES DESDE EL CONGRESO Y CON PERMISO DEL PSOE.

 Lluvia de insultos a los jueces desde el Congreso y con permiso del PSOE

La Cámara Baja da luz verde a tramitar la nueva ley que recortará las funciones del Poder Judicia.

El Pleno del Congreso puso ayer en marcha la reforma planteada por PSOE y Podemos para el Consejo General del Poder Judicial, que permitirá al Gobierno interferir en este órgano y recortar sus atribuciones. Una amplia mayoría de 188 votos a favor (PSOE, Podemos y sus socios independentistas), frente a 152 en contra (PP, Vox y Ciudadanos), y siete abstenciones dio luz verde a tramitar una polémica iniciativa que llega al pleno sin los informes de los órganos consultivos del Estado y superando fases aceleradamente.

El texto iniciará ahora un recorrido parlamentario que durará unos meses aunque la izquierda intentará agilizar al máximo para poder tomar cuanto antes el control del CGPJ. No obstante, el deterioro de este órgano comenzó ayer mismo con un bronco debate en el que socialistas y populares que se acusaron mutuamente de atacar a la democracia y politizar a los jueces, al tiempo que brindó a los socios más radicales del PSOE la oportunidad perfecta para redoblar sus ataques a la Justicia, con el significado de hacerlo desde la tribuna del Poder Legislativo.

La reforma planteada por el PSOE y su socio de coalición sirvió de este modo de herramienta para la campaña de desprestigio que Podemos, ERC o Bildu han lanzado contra los jueces. Y, además, con el permiso de la Presidencia de la Cámara –en manos socialistas–, que en ningún momento llamó la atención a los oradores ni siquiera cuando insultaron a los magistrados. A estos les llovieron los calificativos de franquistas, prevaricadores, se les acusó de violar los derechos humanos, estar comprados por el PP o delinquir.

«Comprados por el PP»

El diputado de Bildu Jon Iñarritu llegó a definir a los jueces como «togas franquistas que se revuelven cuando no les gustan las decisiones políticas» e insistió en esta idea al defender la necesidad de «desfranquizar la Justicia». Podemos también participó en este bochornoso ataque a los jueces y a la separación de poderes.

El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, señaló la existencia de «cloacas judiciales» que, junto a las policiales y mediáticas, suponen «una amenaza a la convivencia pero también a la democracia». «Esto que pasa con el gobierno de los jueces en España es golpismo institucional», se refirió en alusión al «bloqueo» del PP a la renovación del CGPJ.

A partir de ahí, acusó al presidente de este órgano, Carlos Lesmes, de nombrar «fraudulentamente, ilicitamente a jueces afines», y señaló a otros como Concepción Espejel o Francisco Pérez de los Cobos como parte del «pasteleo» del PP. Sobre este grupo dijo después que «no se conforman con comprar a los árbitros (en alusión a los jueces), también quieren secuestrar al gobierno del CGPJ».

Desde ERC, la diputada Carolina Telechea, también acusó al CGPJ de «colocar a dedo a sus afines». «Precisamente aquellos que velan o deben velar por el cumplimiento de la legalidad son los primeros que se la saltan», continuó, antes de asegurar que todos los miembros del Poder Judicial, sin excepción, están salpicados por «escándalos». A Lesmes le acusó de mover «hilos» para ayudar al PP «en muchos problemas judiciales», además de moverse «bien» y colaborar con «las cloacas del Estado».

«Es urgente que el CGPJ saque sus manos de la política», añadió, culpando a los jueces de favorecer también a los grandes lobbies y a la Monarquía. Tras ello, Telechea acusó al Tribunal Supremo de «prevaricar» y violar los derechos humanos por decidir volver a juzgar a Arnaldo Otegui.

«Régimen dictatorial»

En este marco, el diputado socialista Francisco Aranda culpó al PP de esta reforma al imponer al CGPJ un bloqueo «sobre todo político», mientras el PP, por boca de Luis Santamaría, advirtió que con esta ley cae «buena parte de nuestra libertad y nuestra democracia».

Siguiendo este hilo cargó contra el Gobierno por intentar imponer un «régimen dictatorial» con «maniobras fascistoides». La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, anunció que su grupo recurrirá el nuevo texto ante el Tribunal Constitucional por suponer un asalto a la Justicia.

LAS DON ÚNICAS INSTITUCIONES QUE LES FALTA POR DESTRUIR ATAQUES SIN PIEDAD.