LA UE SUSPENDE A ESPAÑA POR LOS IMPUESTOS VERDES

Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, este lunes en Bruselas.

La Comisión Europea suspende a España por su política de impuestos verdes.

Bruselas critica los bajos ingresos por fiscalidad medioambiental y el mantenimiento de los subsidios a los combustibles fósiles.

Bruselas ha presentado este lunes el análisis de las políticas medioambientales de los 28. Y la Comisión Europea suspende la política fiscal de España. Critica que sea el tercer país de la UE con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. En concreto, estos impuestos supusieron el 1,85% del PIB en 2014, frente al 2,46% de media en la UE. También afea que, al haber gravado menos el gasóleo —más contaminante— que la gasolina, la "dieselización del parque automovilístico" sea superior a la media europea. "España todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa", sostiene el informe.

El Gobierno no puede mostrar sorpresa, ya que muchos organismos internacionales llevan años pidiendo que reforme su sistema impositivo para gravar más las actividades contaminantes y desincentivarlas. El síntoma más evidente de esta enfermedad es la baja recaudación por este tipo de impuestos. "Según datos de 2014, España es el tercer país con el porcentaje más bajo en la UE (tras Lituania y Eslovaquia)", apunta el análisis. "Los ingresos por impuestos medioambientales supusieron únicamente el 1,85% del PIB frente a una media del 2,46% en la UE”, añade. Además, “es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales (5,5% del PIB en 2014, media de la UE 6,35%)". Ocupa el sexto puesto por la cola en esa clasificación.

Bruselas sostiene que en los últimos años 2se han adoptado algunas medidas", principalmente, en energía. Recuerda el nuevo impuesto de 2013 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y los "impuestos a la producción de energía eléctrica, a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos".

Añade Bruselas al listado el "nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos". Pero, indica, "es probable que los efectos prácticos de este nuevo impuesto sean insignificantes". Aquel tributo se aprobó en plena tormenta por las prospecciones en Canarias para romper la oposición social. Pero las prospecciones en España están paralizadas.

"Hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos", recomienda la Comisión.

Ignorar sus informes

La Comisión recuerda a España que, en 2014, encargó a un comité de expertos el informe de la Reforma del Sistema Tributario, el Lagares. Ese análisis propuso "recomendaciones" para "armonizar y mejorar el funcionamiento de los impuestos medioambientales en España, incrementando los ingresos de manera más lógica y sostenible". Pero esos consejos, dice Bruselas, "no forman parte de la reforma fiscal nacional aprobada en España a finales de 2014".

"La reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente es otro reto fundamental. España todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa", resalta. "España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente", concluye.

Uno de los casos más llamativos de las subvenciones a los combustibles fósiles es el del "diferencial diésel-gasolina", que "no está justificado desde una perspectiva medioambiental". Bruselas recuerda que "el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados". Pero las cargas impositivas del diésel son más bajas que las de la gasolina en España. La consecuencia es una mayor "dieselización" del parque móvil: "Más del 55% de los nuevos vehículos matriculados en la UE son diésel, mientras que en España esta cifra llega al 63%". Bruselas también pide reconsiderar "las exenciones del impuesto sobre el carbón".

Calidad del aire

Bruselas señala deficiencias en la aplicación de las políticas medioambientales de los 28. El objetivo de la Comisión con este análisis es ahorrar en torno a 50.000 millones anuales en costes directos por la erosión del medio ambiente en la UE. "Una aplicación fragmentaria y desigual de la legislación medioambiental europea no redunda en beneficio de nadie", ha apuntado el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

Bruselas ve serias deficiencias en la gestión de residuos y señala también que más de 130 ciudades europeas —ocho en el caso de España, entre ellas Madrid y Barcelona— incumplen las normas de calidad del aire. Y casi la mitad de los socios de la UE —13 de los 28— tiene procedimientos abiertos por incumplimientos con las normas de aguas, con concentraciones de nitratos preocupantes en prácticamente todos los países.

Desorden autonómico

Cuando Bruselas menciona el documento Reforma del Sistema Tributario —conocido como informe Lagares, por Manuel Lagares, el experto que lo coordinó— también hace referencia a la descoordinación entre Administraciones. "Muchos impuestos medioambientales, por ejemplo los relativos a la gestión de los residuos, la extracción de agua, la contaminación del agua, las aguas residuales y la contaminación del aire, se adoptan y aplican a escala regional e incluso local, con una elevada dispersión normativa y distintos enfoques", señala. "Esta situación heterogénea puede conducir a la fragmentación del mercado y a ineficiencias económicas", añade la Comisión. Bruselas recomienda a España "considerar todo el potencial de la fiscalidad medioambiental, así como aplicar un informe coherente en todo el país, a fin de aprovechar los beneficios ambientales, económicos y sociales (puestos de trabajo)".

La Comisión utiliza otro informe del Instituto de Política Medioambiental Europea (IEEP, por sus siglas en inglés) para resaltar el potencial de la reforma fiscal verde para España: "dichos impuestos podrían generar 3.450 millones más para 2018 y alcanzar los 6.960 millones en 2030, lo que equivaldría a un aumento de un 1,11% y 1,82% del PIB en 2018 y 2030, respectivamente".

ESPAÑA VA POR LIBRE Y MANTIENE EL CLIENTELISMO DE LOS AMIGOS DEL GOBIERNO Y NO SE ENTERA DE QUE ESTÁ EN EUROPA,LOS VEHÍCULOS DIESEL TIENEN UN IMPUESTO CUANDO LOS COMPRAS DE NUEVOS, SON MÁS CAROS QUE LOS DE GASOLINA.NO SERÍA JUSTO QUE AHORA TAMBIÉN LOS GRAVARAN CON EL DIESEL.