El déficit público de la Administración central ya ha llegado a mitad de año a lo que el Gobierno, tras el visto bueno de Bruselas a un ajuste presupuestario menos brusco, planeó para 2013. Hace apenas un mes, Hacienda adaptó sus previsiones al nuevo objetivo marcado por la Comisión Europea: reducir el déficit púbico del 7% del PIB, con el que España cerró 2012 (descontadas las ayudas públicas a la banca) al 6,5% en este ejercicio. Adjudicó la mitad de ese desfase presupuestario, un 3,8% del PIB, a la Administración central; el resto lo repartió entre comunidades (1,3%) y Seguridad Social (1,4%). Pero las cuentas estatales de junio evidencian que, tras cinco años de incumplimientos, alcanzar el objetivo sigue siendo complicado pese a que la Comisión permitiera levantar el pie del freno.
Las cuentas presupuestarias de junio, cifras que ha publicado el Ministerio de Hacienda este martes, dejan el déficit acumulado por la Administración central en el primer semestre en 40.000 millones de euros, lo que equivale ya al 3,8% del PIB que Hacienda reservó como desfase del Gobierno para todo el año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha optado por destacar que el saldo negativo es, en términos de contabilidad nacional (la que prescribe la agencia europea Eurostat), un 8,2% inferior al junio del año pasado, cuando el déficit de la Administración central se situaba en el 4,15% del PIB. Una reducción que ha atribuido a la mejora de la recaudación por las subidas de impuestos aprobadas el año pasado, lo que se traduce en una mejora de los ingresos impositivos del 4,7% respecto a 2012.
Montoro ha relacionado este incremento en la recaudación tributaria con el "punto de inflexión de la economía española", que enlaza dos años de retroceso. "Esto demuestra que el fin de la recesión está ahí", ha añadido el ministro, tras recordar que el PIB trimestral solo se contrajo un 0,1% entre abril y junio. Sin embargo, esa mejora en los ingresos impositivos y cotizaciones (unos 2.000 millones más que el año pasado) se ve minimizado por el incremento del gasto en el pago de intereses (unos 1.750 millones más que en 2012), reflejo de una deuda pública que enfila ya el 90% del PIB.
Para la segunda mitad del año, las previsiones de actividad económica son algo mejores, lo que debería ayudar a que el incremento de los ingresos impositivos se mantuviese. Eso, y la última vuelta de tuerca fiscal del Gobierno, con subidas de los impuestos al alcohol y el tabaco y una nueva eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades. En contra juegan que el gasto por intereses no dejará de aumentar, como tampoco lo harán las aportaciones del Gobierno a la Seguridad Social para completar las pensiones mínimas. Y que el año pasado, el Ejecutivo del PP suprimió la paga extra de los funcionarios en Navidad, medida que este ejercicio se ha comprometido a no adoptar.
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