La libertad de prensa, uno de los más sólidos pilares de las sociedades democráticas, no sólo se siente amenazada por la presión de los poderosos y el desplome del mercado publicitario. Una legislación restrictiva también puede coartar la labor periodística y condicionar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y relevante. El borrador de la ley que promueve el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, ha encendido las luces de alarma de todas las asociaciones de la prensa de España, dado que algunos artículos «imponen límites inaceptables» y vulneran derechos tan fundamentales como el del acceso a la información y la libertad de información.
De prosperar la iniciativa, los jueces dispondrían de amplios poderes para impedir las filtraciones de un sumario, incluida la potestad de paralizar la difusión de la noticia. Los periodistas y los editores que incumplieran «el sigilo y la reserva» de las investigaciones judiciales se expondrían a responsabilidades penales. Las restricciones también afectarían a encausados, testigos, abogados o peritos. Cerrojazo absoluto.
Gallardón olvida los impagables servicios que la prensa presta a la sociedad al desvelar excesos, ilegalidades y corruptelas. También obvia la mesura y la cautela con la que, en general, evitamos publicar datos que pongan en peligro la instrucción judicial. No se trata de respetar privilegios gremiales, sino de preservar principios democráticos. Constreñir la libre circulación de la información conlleva demasiados riesgos.
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