Archivan la querella contra 64 diputados por cobrar dieta con casa en Madrid
- Los parlamentarios elegidos fuera de Madrid cobran 1.823,86 euros al mes
- La acusación subrayaba que no necesitan costearse un hotel o un alquiler
- El tribunal dice que 'no tienen que justificar' que va al alojamiento.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir por unanimidad la querella presentada por la Asociación Democracia Real Ya contra 64 diputados por el cobro supuestamente indebido de dietas por alojamiento.
En un auto firmado el pasado 28 de febrero y notificado al Congreso hace escasas fechas, el Supremo entiende que los hechos denunciados "no son constitutivos de ilícito penal alguno", con lo que ha decidido el archivo de la querella.
La denuncia se presentó contra 64 diputados por cobrar dietas por ser diputados de fuera de Madrid y, a la vez, tener vivienda en propiedad en la capital o una residencia oficial. Entre los querellados estaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tres ministros -Cristóbal Montoro, Jorge Fernández y Ana Pastor, y otros 59 diputados.
La Asociación Democracia Real Ya se querelló contra estos políticos -del PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria- por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El Congreso de los Diputados tiene establecidos en concepto de indemnización libre de impuestos dos cantidades diferentes para los parlamentarios elegidos en Madrid (870,56 euros mensuales) y fuera de Madrid (1.823,86 euros). Se supone que estos últimos incurren en mayores gastos por alojamiento y desplazamientos habituales, según fuentes parlamentarias, pero en ningún sitio consta que tengan que destinar el importe de la dieta a pagar su estancia en Madrid.
La Asociación DRY entendía que los diputados que tenían vivienda en propiedad en la capital no debían recibir dieta como parlamentarios elegidos en otras circunscriciones porque no necesitan costearse un hotel o un alquiler. Eso sí, la mayoría están pagando las hipotecas de sus pisos.
El ponente del auto del Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, establece que los diputados "no tienen que justificar" que una parte de esa indenmización se destina a alojamiento. "Es más", añade, "resulta perfectamente factible que un diputado, dado el régimen abierto de asignación de gastos que se le aplica, tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida en precario y no la use en sus estancias en esta capital".
Por último, estalbece que "no cabe colegir que por tener una vivienda o varias en Madrid se esté apoderando con ánimo de lucro del dinero del erario público", como deducía DRY.
Por todo ello, la Sala de lo Penal del Supremo -y así lo firman sus cinco magistrados- ha decidido "inadmitir a trámite el procedimiento por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, procediéndose al archivo de lo actuado".
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha manifestado su "satisfacción" con el archivo y ha valorado que el Tribunal Supremo establece en este auto que "tanto el Congreso como dichos parlamentarios están haciendo las cosas bien y dentro de la más absoluta legalidad".
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