Costa Asturiana(foto J.A.Miyares)
Cómo afectará a su pensión el cambio para actualizarla con los precios.
El Gobierno baraja cambiar el indicador de IPC general por el de la inflación sin impuestos para revalorizar las pensiones. ¿Como afectaría esto a distintos tipos de prestaciones?. Estos son cuatro ejemplos calculados con los datos disponibles en septiembre para la pensión media de jubilación; las mínimas y las máximas; y las de viudedad.
El Gobierno baraja cambiar la fórmula legal para revalorizar las pensiones debido al alto coste que supone mantener la actualización en función del IPC general del mes de noviembre. Los expertos estiman que la inflación se situará en el entorno del 3,5% dentro de dos meses lo que supondría un coste de actualización de aproximadamente 2.500 millones de euros en 2012 y otros 2.500 para consolidar esta cuantía en 2013. Por ello el Ejecutivo estudia una adaptación de la norma para cambiar el indicador de referencia y utilizar el IPC sin impuestos, en lugar del general. Este nuevo referente fue del 1,4% en septiembre, por lo que de mantenerse en esos niveles, el nuevo coste de revalorización estaría en el entorno de los 400 millones para este año y otros tantos en 2013.
Pero ¿cómo afectaría este cambio a las cuantías concretas de las pensiones? A continuación se muestran cuatro casos concretos del impacto que tendrá el cambio, que podría aplicarse a partir de 2013 o incluso este mismo año.
Pensión media de jubilación
Cuantía (en septiembre): 950 euros al mes
Revalorización con el IPC general: unos 23,7 euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC general: unos 330 euros más anualmente
Revalorización con el IPC sin impuestos: aproximadamente cuatro euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC sin impuestos: unos 53 euros más al año
Pensión mínima de un mayor de 65 años con cónyuge a cargo
Cuantía mensual: 763,60 euros al mes en 2012
Revalorización con el IPC general:19 euros mensuales más
Paga extra en enero y consolidación con el IPC general 266 euros más al año
Revalorización con el IPC sin impuestos: unos tres euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC sin impuestos: 42 euros anuales más Pensión máxima
Pensión máxima en 2012
Cuantía mensual: 2.522,80 euros
Revalorización con IPC general: 63 euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC general: 1.960 euros anuales más
Revalorización con IPC sin impuestos: 10 euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC sin impuestos: 140 euros anuales más
Pensión mínima de viudedad de los menores de 60 años en 2012
Cuantía mensual: 468,50 euros
Revalorización con IPC general: 12 euros más al mes
Paga extra en enero y consolidación con el IPC general: 168 más al año
Revalorización con IPC sin impuestos: 2 euros
Paga extra en enero y consolidación con el IPC sin impuestos: 20 euros más al año
EL DESPILFARRO DE LOS POLÍTICOS Y UN CAPITALISMO SIN CORAZÓN TRAE ESTAS CONSECUENCIAS.
Los servicios sociales ya atienden a más de ocho millones de personas.
Los usuarios de la asistencia pública se incrementaron un 20% de 2009 a 2010.
En dos años, el presupuesto para ayudas de emergencia ha caído un 65,4%.
La crisis no cesa para los más pobres ni da tregua a los que hace unos años se encuadraban en otras categorías. A las oficinas locales de los trabajadores sociales siguen llegando miles de personas que necesitan ayuda de emergencia, lo más básico: pagar el agua, la luz, alimentos. Los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran que, en 2010, la cifra de usuarios atendidos en estas unidades rebasó los ocho millones de personas, un 19,5% más que el año anterior. Se desconocen cifras más recientes, pero a ese ritmo de crecimiento y según la percepción de los propios trabajadores sociales, los datos de 2012 dejarían muy viejos estos.
Las personas que acuden en busca de ayuda suelen ser mayores (uno de cada tres), discapacitados (10%) y familias con menores (26%); hay otros perfiles, drogadicción, familias monoparentales, expresidiarios, minorías étnicas. En los últimos tiempos, gente que vivía modestamente también está llamando a estas puertas.
“En 25 años que llevo de trabajadora social no había visto una cosa parecida”, explica María José Arredondas, que desempeña su tarea en una zona rural de Lugo. Lo que dice es extensible a toda España. Los trabajadores sociales están desbordados. “Este año es notablemente peor que el anterior. Los inmigrantes que lograron reunir a su familia lo están pasando verdaderamente mal, porque ellos no tienen apoyo familiar ni vecinal; pero también estamos viendo muchas parejas jóvenes con hijos, en las que ambos han perdido el empleo. Y en mi zona hay muchos gitanos que, a pesar de su pequeña economía sumergida en mercadillos, no les llega, porque tienen muchos hijos. Y cada vez hay que cubrir necesidades más básicas: agua, luz, comida”, dice. “Los servicios sociales públicos nunca estuvieron tan desbordados y encima ahora con recortes, no hay recursos. Esto no se puede recortar, al revés, habría que incrementarlo”, reclama.
Pero ya parece tarde. Los últimos presupuestos presentados por el Gobierno, lejos de taponar esa herida han recortado un 40% la partida para servicios sociales básicos, la que se destina a los Ayuntamientos para atender, entre otras cosas, las ayudas de emergencia. Si se tienen en cuenta los dos últimos presupuestos la partida ha caído un 65,4%: donde hubo 86 millones ya solo quedan 30, en números redondos.
Dadas las macrocifras que se manejan a diario esta puede parecer menor, pero, para tener una idea de su importancia, con los 20 millones de euros que se pierden en 2013 podrían concederse casi 75.000 ayudas de emergencia.
“Con la rebaja del presupuesto de este año ya ha habido problemas para las ayudas de emergencia, que han quedado al albur de los recursos que cada Ayuntamiento pueda aportar”.
En el presupuesto de 2013, por programas y objetivo, se indica que la reducción prevista tendrá una incidencia de 257.126 usuarios atendidos menos. De ellos, 31.264 en la ayuda a domicilio, que también es cosa de los servicios sociales básicos, y de 53.963 en los participantes en programas de prevención e inserción. Esto ya viene pasando años atrás. Donde no alcanzan los servicios públicos están al quite las también mermadas organizaciones del tercer sector, de corte caritativo y asistencial. Cáritas anunciaba el otro día que había superado el millón de atendidos, por ejemplo.
Tanto unos como otros exprimen al máximo las iniciativas para ofrecer a estas personas, desde formación, búsqueda de empleo o inscripciones en programas de ayuda que ya no son locales, sino europeos o regionales.
En la actualidad, uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,7 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y hay más de 300 desahucios diarios en España… “Con estos datos recortan los presupuestos sociales más básicos, los de emergencia. Eso demuestra una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias y pone en riesgo la cohesión social”, afirma el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
“¿Cómo explicarles que mientras ellos viven su drama, sin ayuda del Estado, aumenta el consumo de bienes de lujo, por ejemplo? No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable”, dice Ramírez. “Esto es mucho más que una cuestión política, es una exigencia humana”, zanja.
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