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lunes, 1 de abril de 2019

MUERE FERLOSIO,MAESTRO DE LAS LETRAS ESPAÑOLA A LOS 91 AÑOS.D.E.P.

Rafael Sanchez Ferlosio

Muere Rafael Sánchez Ferlosio, maestro singular de las letras españolas, a los 91 años


El autor de 'El Jarama' y 'Alfanhuí' y de una amplia y original obra ensayística ganó el Premio Cervantes en 2004.

Rafael Sánchez Ferlosio ha muerto en Madrid a los 91 años. Poco amigo de hablar de sí mismo y de su obra, tituló La forja de un plumífero el que acaso sea su único texto autobiográfico. Ahí queda resumida su historia entera. “Plumífero: persona que tiene por oficio escribir”. No hizo otra cosa, y el resultado difícilmente tenga parangón en la literatura escrita en español en el último siglo. Llevaba siempre consigo unas pequeñas libretas donde apuntaba lo que se le iba ocurriendo. De ahí, de esas notas dispersas sobre sus lecturas y sobre sus observaciones y ocurrencias e ideas, fueron surgiendo sus novelas, sus ensayos, sus pecios (así llamaba a sus aforismos). Trabajaba la escritura con la mayor dedicación y cariño, como quien cultiva una criatura viva, pero jamás quiso darse la menor importancia. Así que, pasado un tiempo, despotricaba de algunos de sus mayores logros literarios como si hubieran sido una gran equivocación. Le ocurrió con El Jarama, la novela con la que ganó el Premio Nadal en 1955, y que se convirtió en un clásico indiscutible. “En El Jarama está muy cuidado el lenguaje”, comentó en una entrevista de 1986, “muy escuchada el habla popular, pero no tiene ni pies ni cabeza. No me gusta nada. Sería un libro que si lo hubiera escrito otro diría: '¡Pero qué pelmazo!”.
Hijo del escritor y periodista Rafael Sánchez Mazas, nació en Roma el 4 de diciembre de 1927, cuando su padre vivía allí como corresponsal del diario Abc. Estudió en los jesuitas del colegio San José, de Villafranca de los Barros (Badajoz). Recordando sus años como interno comentó alguna vez: “Los jesuitas nos decían que un niño puro puede condenarse si comete un acto impuro. Lo decían para que no nos tocáramos la pilila”. Quiso dedicarse a la arquitectura, pero pronto abandonó la carrera para cursar Filología semítica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo vinculado a la llamada generación de los cincuenta, y tuvo un trato muy estrecho con otros escritores como Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos y Carmen Martín Gaite, con la que se casó y con la que tuvo una hija, que moriría muy joven. Tras su separación vivió con Demetria Chamorro, que lo ha acompañado hasta el último minuto.
En 1951 publicó su primera pieza literaria, Industrias y andanzas de Alfanhuí. “Será que solo me quedo con el Alfanhuí”, dijo en una entrevista con este diario en 2017. “Yo vivía entonces en casa y se lo iba leyendo a mi padre y a mi madre conforme lo escribía. No me acuerdo qué edad tenía. Eran incondicionales de lo que escribía. Mi madre pagó la edición. Costó 13.000 pesetas, 1.500 ejemplares. Fue un negocio particular. Alfanhuí tuvo una crítica decisiva. Estaba en el copito, en el auge, y Camilo José Cela me hizo una crítica muy buena. Le gustó. Y eso le dio un empujón imponente”.
Fueron sus lecturas de gramática, sobre todo de la obra de Karl Bühler, las que a finales de los cincuenta vendrían a cambiarlo todo. Su interés por el lenguaje lo arrastró hacia el ensayo, un género que ya no abandonaría más y en el que alcanzó acaso sus mayores logros. No tardó en convertirse en uno de los más lúcidos observadores de cuanto ha ocurrido en la historia y la política de España y de buena parte del mundo. Sus artículos, la mayoría de ellos publicados en EL PAÍS, son probablemente la mejor radiografía de las vicisitudes de este país en las últimas décadas. Fue un obsesivo lector de periódicos. Su carta de presentación como ensayista fue Las semanas del jardín (1974) y, hace no mucho, Debate reunió en cuatro volúmenes indispensables todo su trabajo en este género: Altos estudios eclesiásticos; Gastos, disgustos y tiempo perdido; Babel contra Babel y Qwertyuiop. En Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, publicado en 1993, reunió por primera vez sus pecios —brillantes iluminaciones, frágiles piezas cargadas de belleza y lucidez— que luego, en Campo de retamas, seleccionaría de forma definitiva.
Ferlosio fue galardonado con el Premio Cervantes en 2004 en reconocimiento a “su espíritu libre y su trabajo como narrador y ensayista”. En 2009 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas y en 2015 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En Gog & gun, otro de sus ensayos, escribió: “El que patina va y viene como quiere, a la velocidad que quiere y todo el tiempo que quiere sin ir a parte alguna, pero, sobre todo, gozando corporalmente a cada instante durante el ejercicio”. Si hubiera que resumir cómo fue en realidad este plumífero, quizá esa imagen del hombre que patina sea la que más se ajuste a Ferlosio. Fue de un sitio a otro, y gozó permanentemente de su oficio, la escritura.
D.E.P. UNA GRAN ESCRITOR Y SABIO.

¿CUÁNTAS VÍCTIMAS SE COBRÓ LA GUERRA CIVIL?

La herencia más explosiva de la Guerra Civil

¿Cuántas víctimas se cobró la Guerra Civil? ¿Dónde hubo más?


La demografía calcula que el conflicto causó unos 540.000 muertos, pero su perjuicio sobre la población española no se limitó a los fallecidos.

"No había nada, nada sobre la tierra... Bajo ella, muertos infinitos yacían en confusión, ahora casi tierra ya también ellos, y todavía lastimada humanidad". Francisco Ayala dejó por escrito esa visión de "infinitas" víctimas en su Diálogo de muertos, un relato del año 1939 en el que recogía su estupor por la Guerra Civil. Años más tarde, otro escritor, José María Gironella, usó otra referencia numérica para trasladar a sus lectores la inmensidad del drama: Un millón de muertos, título que eligió para una novela sobre la guerra. Esta semana la cadena SER ha dado a conocer que expertos en memoria histórica han propuesto al Gobierno un plan urgente para exhumar a unas 25.000 víctimas de la guerra y el franquismo. Solo una parte, aun abultada, del total de desaparecidos.
Los historiadores llevan décadas precisando la cifra de víctimas del conflicto. Para eso se han valido de recuentos, muchas veces locales y dispersos, en los que se incluyen los caídos en combate y también los represaliados fuera del campo de batalla. Pero el de la historia no es el único enfoque posible para calcular el impacto sobre la población del conflicto que enfrentó a unos españoles con otros durante tres crudos años. La demografía, comparando la población que debería de haber tenido España de no haber sufrido el conflicto con las cifras fehacientes de los registros civiles, aporta también sus estimaciones.
La población de España crecía desde principios del siglo XX a buen ritmo: un 1% cada año. La epidemia de gripe de 1918 frenó ese incremento, pero enseguida se recuperó la tendencia al alza. Dos demógrafos tuvieron en cuenta esa línea ascendiente para estimar el impacto de la guerra sobre la población. Lo recogieron en un análisis de 2005 Javier Silvestre, de la Universidad de Zaragoza, y José Antonio Ortega, de la de Salamanca, con datos que hoy en día Ortega sigue actualizando. Ambos compararon la población que según la tendencia histórica debía de tener España cada año de la guerra y los tres primeros de posguerra con la que luego, de hecho, registró el país durante aquel sexenio trágico.
La población de España en 1939 contaba 750.000 personas menos que las esperables si no hubiera habido guerra
Entienden los demógrafos que esa diferencia entre población prevista y población real equivale al "daño" que produjo el conflicto. Son los "muertos de más" (o, en términos más precisos, el exceso de mortalidad); todos los que no deberían de haber muerto, en circunstancias normales, y también los no nacidos. Y la cifra es enorme: 540.000 personas. En esos dígitos se contabilizan no solo los caídos en combate o en las represalias, sino también quienes perecieron por las malas condiciones de vida, la mala salud o la desnutrición; las víctimas en diferido del horror fratricida.
El número también comprende a los más jóvenes. La mortalidad infantil, según cálculos demográficos actualizados en 2016, aumentó durante la guerra en 18.000 muertes más sobre las esperables, y en 39.000 más si se extiende el cálculo hasta 1942.

Cifras de impacto de la guerra hasta 1942

El perjuicio demográfico de la guerra no se limita a los muertos. En su estimación, los investigadores tuvieron en cuenta otro daño añadido: los niños que dejaron de nacer a causa del conflicto y la posguerra. Fuera por la muerte de los posibles progenitores, porque se formaban menos parejas o porque las circunstancias dificultaban que se engendrasen hijos, la natalidad se resintió mucho. Hubo 395.000 nacimientos menos en los tres años de Guerra Civil que los que cabía esperar. Si se tiene en cuenta el periodo de 1939 a 1942, esa cifra asciende a 572.000.
En efecto, la España que resultó de la guerra quedó muy mermada con respecto a la que pudo haber sido. En cifras redondas, la población en 1939 contaba 750.000 personas menos que las esperables para aquellas fechas. Y las secuelas se acumularon con los años: en 1942, los registros difieren en 1.150.000 personas de las cifras previsibles para ese año.
Porque si dura fue la guerra, la posguerra no le fue a la zaga en su daño a la natalidad. Destrozado por el conflicto, el país vio cómo el trienio que le siguió cercenaba la población tanto como el periodo bélico en sí. "Al analizar los datos nos llamó la atención que, tras el conflicto, no se diera el rebote esperable en los nacimientos", apunta José Antonio Ortega. Hasta 1942 se siguieron dando cifras de impacto "comparables a las de la guerra en sí", añade este profesor del departamento de Economía e Historia de la Universidad de Salamanca. "Eso ocurrió por culpa de las condiciones tan duras de la inmediata posguerra".

Tres veces más hombres muertos que mujeres

El balance fue atroz: en el período de 1936 a 1939, la sobremortalidad fue de 110.000 hombres y 22.000 mujeres en el territorio "nacional", y de 154.000 hombres y 59.000 mujeres en el republicano. Por provincias, Madrid registró un 68% más de muertes masculinas entre 1936 y 1942 (es decir, los tres años de la guerra y tres años de posguerra) que las que eran previsibles en periodo de preguerra. La siguieron en incidencia Ciudad Real, Tarragona, Badajoz y Zaragoza. En todas las provincias hubo más muertes de hombres que las previsibles sin guerra, pero, con todo, donde menos hubo fue en Palencia (un 4,5% más de muertes que las previsibles), Ourense y Segovia.
Si se atiende solo a los tres años de guerra, Madrid y Tarragona acusaron la mayor sobremortalidad masculina: murió un 90% de hombres más de lo previsible. El perjuicio persistió al terminar el enfrentamiento; tres años después de acabar la guerra, solo nueve de las cincuenta provincias mostraban unas cifras de mortalidad masculina normales.
La muerte se cebó con todos, pero más con los hombres. "Aproximadamente tres de cada cuatro muertes en exceso fueron masculinas", apuntan los demógrafos en su estudio. Entre las mujeres, la provincia de Jaén fue la que registró un exceso de mortalidad mayor entre 1936 y 1942: un 32%, seguida de Huelva y Ciudad Real. En el caso de las mujeres, en varios territorios hubo menos fallecimientos de los esperables. "La razón de estos excesos de mortalidad femenina tiene mucho que ver con las migraciones: muchas mujeres dejaban la zona del frente, donde se registraban incluso menos defunciones de lo normal, como Teruel, e iban a regiones de retaguardia, como Ciudad Real", explica Ortega.
Las cifras anteriores tienen en cuenta a todos los muertos mayores de un año. Entre los bebés, ya sin distinguir por sexos, la provincia con mayor incremento de la mortalidad infantil debido a la guerra fue, con diferencia, Tarragona, en un 64%. En cuatro territorios, en cambio, hubo menos muertes de las esperables en ese periodo. En la de Las Palmas, un llamativo 9% menos. ¿No resulta paradójico? "En esa zona, la mortalidad infantil antes de la guerra era de las mayores del país. Acababa de conseguir el estatus de provincia en 1927 y eso ayudo a mejorar el saneamiento y la calidad del agua en esos años", contesta José Antonio Ortega.

Los que no nacieron

Con las muertes se interrumpieron no solo la vida de aquellas víctimas, sino que también dejaron de nacer posibles hijos. Muchas parejas no pudieron o no quisieron tenerlos en esas circunstancias. De resultas de ello, en el periodo 1936-1942 la natalidad fue 576.000 nacimientos menor que la esperable.
El fenómeno se registró en todas las provincias españolas, salvo en Las Palmas, con menos nacimientos de los que marcaba la tendencia demográfica antes de la guerra. En Teruel nacieron un 37,5% menos de niños de los esperables; en Huesca, un 35% menos; en Toledo, un 28% menos.
La formación de parejas también se resintió. Las bodas cayeron en gran parte de España (en Teruel se celebraron, durante la guerra, un 63% menos de lo que hubiese sido normal en periodo de paz; en Huesca o Soria, más del 50% por debajo de la tendencia), aunque en algunas provincias se produjo un incremento espectacular: es el caso de Jaén (122% más), Murcia (73%) o Albacete (62%). ¿Por qué? "Porque esos tres casos son de retaguardia republicana, donde aumentaron mucho los matrimonios durante la propia guerra, con un máximo en 1937", explica Ortega.
Uno de los muertos a los que Francisco Ayala da voz en su relato de 1939 se refiere a las víctimas como "convertidos ya en suelo patrio,(...) en dolor y orgullo de los que aún viven y de los que vivirán después". Otro fallecido se sorprende de esa alusión a los vivos. De que, al cabo de un conflicto tan mortífero, quedase alguien con vida en España: "Pero ¿sigue la vida? ¿Otros siguen viviendo? ¿No quedó todo detenido de repente un día para nunca más?".
MEJOR OVIDAR QUE RESUCITAR MUERTOS,DESPUÁS DE TANTOS AÑOS

LA HERENCIA MÁS EXPLOSIVA DE LA GUARDIA CIVIL

 

La herencia más explosiva de la Guerra Civil


80 años después del fin del conflicto, los artificieros de la Guardia Civil siguen neutralizando cada año más de un millar de artefactos bélicos.

El pasado día 21, los artificieros de la Policía Nacional desactivaron un proyectil de 45 centímetros desenterrado por unas obras en un camino de la Casa de Campo de Madrid, a la que cada fin de semana acuden miles de vecinos de la capital. Por seguridad, se acordonó la zona y se desalojaron dos edificios colindantes.
No fue un hecho inusual. Solo cuatro días antes, se halló otro obús cerca de la Escuela de Arquitectura. Por la Universidad y la Casa de Campo pasó la línea del frente de la Guerra Civil, de cuyo final oficial (“cautivo y desarmado el Ejército rojo...”, comenzaba el bando del general Franco) se cumplen hoy 80 años.
Pese al tiempo transcurrido, las decenas de miles de artefactos sin explotar que tres años de conflicto bélico dejaron en herencia a las generaciones venideras no han perdido un átomo de su poder destructivo. “Si el proyectil se abre, el explosivo puede degradarse por la humedad, pero si está intacto, sigue activo indefinidamente”, advierte el teniente Salvador Serrano, del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil con base en Valdemoro (Madrid).
El 2 de mayo del año pasado, un hombre de 38 años resultó gravemente herido al explosionar un proyectil que guardaba en su chalé en Arévalo (Ávila). Cuando acudió la Guardia Civil, alertada por los vecinos, se encontró un arsenal de artefactos de la Guerra Civil que había ido almacenando. En noviembre de 2014, un agricultor murió en Vila-real (Castellón) al explotar una bomba en su caseta de aperos; y en septiembre de 2013, un hombre y su hijo sufrieron heridas graves por la explosión de un artefacto en un garaje que estaban limpiando en Teruel.
Según una respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, la Guardia Civil ha detonado en los últimos 33 años, desde 1985, unos 35.000 artefactos explosivos, en un 80% procedentes de la Guerra Civil.
El mapa de los hallazgos, elaborado a partir de un listado de más de 300 páginas, marca en rojo las zonas donde se libraron las grandes batallas: Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, el Ebro... pero no hay una provincia libre de este peligro latente. El primer puesto se lo lleva Teruel (3.693 artefactos), seguida de Asturias (2.283), Madrid (2.277), Tarragona (2.194) y Castellón (2.058).
En contra de lo que cabría esperar, el número de hallazgos no decrece con el paso de los años, sino que se mantiene estable en torno a poco más de un millar anual, con picos que responden al descubrimiento de una partida especialmente voluminosa (como las 538 granadas de mortero halladas en julio de 2017 en un acuífero de Teruel) o la llegada de la fiebre de la construcción a terrenos que fueron en su día campo de batalla.
Según explica el teniente, en las zonas rurales la mayoría de los hallazgos los realizan senderistas o pastores, que se topan con artefactos desenterrados por la lluvia, mientras que en las ciudades salen a la luz cuando las máquinas remueven la tierra de un solar para edificarlo. También han hallado proyectiles en casas aisladas, ocultos en falsos techos o en huecos entre los muros, como si sus moradores los hubieran guardado para usarlos en caso de ser atacados.
El mayor peligro son los coleccionistas, que se los llevan a casa sin ser conscientes de la carga mortífera que transportan. Incluso la carcasa de un proyectil, roto y en apariencia vacío, que algunos usan de florero, puede tener una base con pólvora.
Los artefactos más numerosos son las granadas de mano (13.219), seguidas por los proyectiles de artillería (12.959), la mayoría rompedores de 75 y 105 milímetros. Les siguen las granadas de mortero, las más frecuentes de 81 milímetros (6.080); y las espoletas (1.267). La cifra más baja (645) corresponde a bombas de aviación, italianas (legionarias) o alemanas (negrillas), pero son también las que tienen más carga explosiva: el 75% de su peso es TNT.
Inicialmente iban cargados de trilita, pero a medida que avanzó la guerra, se rellenaban con el explosivo más a mano; e incluso algunas bombas de aviación eran proyectiles de artillería a los que se ponían aletas.
A principios de mes, al guardia Eusebio Rodríguez, 36 años de artificiero, le tocó ir a Loranca de Tajuña (Guadalajara) porque un vecino había encontrado una granada. Se quedó pálido cuando el descubridor del artefacto le explicó que debía tener una pieza suelta porque al agitarlo sonaba algo dentro, Pudo haber volado por los aires.
Algunas bombas son incluso anteriores a la Guerra Civil. En marzo de 1985, un arrastrero pescó en el golfo de Vizcaya dos bombas de la Primera Guerra Mundial y las llevó a puerto. Cuando el equipo de la Guardia Civil comenzó a desactivar la primera, salió una emanación de gas que intoxicó al agente y le mantuvo cuatro días hospitalizado. Era una bomba química. Afortunadamente, cuando se escapó la nube tóxica estaba lloviendo, por lo que no se dispersó. Sin tocarlo siquiera, el segundo proyectil fue arrojado a una sima en el fondo del mar.
 

Prohibido tocar, peligro de explosión

La Guardia Civil no se cansa de repetir que cuando alguien se encuentre en el campo algún objeto sospechoso de ser un artefacto no debe tocarlo bajo ningún concepto y, mucho menos, transportarlo. Lo que hay que hacer es marcar con alguna señal el lugar del hallazgo y llamar al 062. El protocolo que usa el instituto armado para este tipo de artefactos no pasa por desactivarlos, sino por destruirlos con un cebo. Si es posible, en el propio lugar donde se encuentre, y si no fuera viable, en el sitio más próximo que reúna las condiciones de seguridad.
Estas incluyen buscar una hondonada donde colocar el artefacto y situarse a una distancia mínima de 200 a 300 metros, a cubierto tras accidentes del terreno o con sacos terreros.
Los artificieros de la Guardia Civil utilizan trajes especiales para explosionar los artefactos, mantas antiexplosivas y remolques por si hace falta transportarlos, pero no robots. Se reservan para desactivar bombas.
Y YA VAN AÑOS DE LA GUERRA.

MARLASKA ASEGURA QUE YA YO NO EXISTEN LAS CLOACAS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la semana pasada en una visita a una comisaría en Cádiz. rn rn

Marlaska asegura que “ya no existen las cloacas en el Ministerio de Interior”


El ministro explica que se han adoptado "medidas claras y contundentes" desde que él ocupa este cargo.

El PSOE tiene claro que la "policía patriótica", el grupo que presuntamente creó el PP dentro del Ministerio de Interior para espiar y sabotear a rivales políticos, es un asunto del pasado, a pesar de lo que pueda decir Pablo Iglesias. El actual ministro, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este lunes que "las cloacas" del Estado ya no existen en su departamento porque "se han adoptado medidas claras y contundentes" desde que él ocupa este cargo. Una idea que ha retomado también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha advertido al líder de Podemos que la formación morada no fue la única "afectada" por estas prácticas ya que ellos también se vieron perjudicados. 
En un acto en Cádiz, donde ha presentado su candidatura como número uno provincial del PSOE al Congreso de los Diputados, Marlaska ha opinado que las llamadas cloacas del Estado son "cosas del pasado". El ministro ha reconocido que hubo "personas concretas, policías concretos con nombres y apellidos" que "hacían utilizaciones fraudulentas de parte del aparato ministerial", en asuntos como el robo de un móvil a una persona cercana al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que investiga la Audiencia Nacional. Pero Marlaska cree que "a día de hoy" estas actuaciones deberían tener "alguna responsabilidad política", mientras las penales "siguen su curso".
El ministro, que como ha recordado, es "funcionario público desde hace 30 años", considera que no hay "mayor deslealtad" que "la de un funcionario público incumpliendo sus compromisos con la ley y la Constitución".
Tras una semana en la que la trama de corrupción policial liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto a la primera línea, Ábalos ha adoptado una postura muy similar a la de Marlaska. Sin negar que los socialistas hayan sido víctimas de estas supuestas actividades delictivas, el secretario de Organización del PSOE ha advertido de que no es solo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el "afectado" por estas prácticas. 
Según el ministro de Fomento, este servicio de policía política se montó para "espiar a adversarios políticos", pero también a miembros del PP, y para "dar cierta cobertura a quienes estaban afectados" por casos de corrupción. Pero esa "cloaca maloliente" ya no existe, ha asegurado Ábalos en referencia a la afirmación realizada por Iglesias, que sostiene que esa policía sigue funcionado con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior. "No hay función equiparable en el Ministerio a aquella policía patriotica", ha señalado.
La "brigada patriótica" funcionó presuntamente durante varios años mientras el PP estaba en el poder, pero tras la salida de Jorge Fernández Díaz del Ministerio del Interior, entró en hibernación. Con varios integrantes ya jubilados —entre ellos el comisario José Manuel Villarejo y su superior jerárquico y número dos de la Policía, el también comisario Eugenio Pino—, el nuevo ministro del PP, Juan Ignacio Zoido, inició en el verano de 2016 una operación limpieza de alcance muy limitado que se quedó en el cese de un alto mando —el comisario Enrique García Castaño, conocido en ámbitos policiales como El Gordo— y a desmantelar una brigada que revisaba en secreto casos ya cerrados como el 11-M y el chivatazo a ETA.
Sin embargo, Zoido mantuvo a otros agentes salpicados por el escándalo, a los que su antecesor destinó a puestos en embajadas bien retribuidos. Allí han estado hasta que Fernando Grande-Marlaska llegó al ministerio. Tres han sido destituidos. Entre ellos, inspector jefe Bonifacio Díez, procesado por el caso del pen-drive fantasma del caso Pujol, y su compañero José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino. El primero había sido premiado con un destino en México. El segundo, en La Haya. El primero está a punto de jubilarse. El segundo ha sido destinado a un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según detallan fuentes policiales.
LAS CONCERTINAS SE  VEN Y SON UN RIESGO QUE SE EXPONE EL QUE QUIERE SALTARLAS.

GRANDES FORTUNAS SE FUGAN DE ESPAÑA A PORTUGAL POR BAJOS IMPUESTOS.

Grandes fortunas y jubilados se refugian en Portugal por sus bajos impuestos

Grandes fortunas y jubilados se refugian en Portugal por sus bajos impuestos.

El régimen luso para extranjeros permite ahorrar miles de euros en la factura fiscal y seduce a altos patrimonios internacionales y españoles.

Portugal se ha convertido en un reclamo para atraer a jubilados de otros países con un cierto poder adquisitivo, que se dejan seducir por las ventajas fiscales en vigor y, sobre todo, por la flexibilidad del programa NHR, es decir, residentes no habituales (de acuerdo con sus siglas en inglés).
También los españoles se suman a esta tendencia, especialmente en los últimos meses debido a razones de peso como el hecho de que ni siquiera sea necesario vivir al otro lado de la frontera: basta con adquirir una propiedad o alquilarla. Y se puede mantener la residencia fiscal sin tener que garantizar previamente al menos seis meses de estancia.
En esos casos, la exención de impuestos o el pago muy reducido están asegurados durante un periodo de 10 años, por lo que las peticiones para acogerse a este plan se han incrementado un 45% en los cuatro últimos años.

Así que cada vez más jubilados españoles se deciden a dar el paso, en sintonía con los de Alemania, Suecia, Francia, Holanda o Finlandia, cuyo gobierno protestó meses atrás por la «competencia desleal» que supone la iniciativa portuguesa. Fuentes jurídicas apuntan que la Comisión Europea ha comenzado a revisar este régimen por su discriminación. En el caso del Reino Unido, las solicitudes se cuentan ya por miles, a causa del pánico a la incertidumbre del Brexit. Las regiones de Lisboa y Oporto concentran a los aspirantes, aunque también el Algarve o Madeira despuntan en el horizonte.
Este régimen ha atraído a miles jubilados que rescatan sus planes de pensiones privados sin pagar un euro a Hacienda. Con estos mimbres, el país ha seducido a personalidades como el exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto -que de 2018 hasta ahora tenía fijada su residencia en el país luso-, o a la mismísima Madonna, establecida en Lisboa.

Miles de pensionistas

Como ejemplo de las diferencias fiscales, si una gran fortuna ingresa 1,5 millones de euros por rendimientos del trabajo, en España pagará unos 700.000 euros en impuestos, una cuota similar a la que tributará un portugués residente, con tipos de hasta un 48%. Ahora, si se trata de un español acogida al régimen NCR, la factura bajaría al entorno de los 300.000 euros, un 20%. Una distancia de unos 400.000 euros entre un status y otro que se va incrementando con ganancias mayores: hay exención para dividendos, intereses, rentas del alquiler y demás.
Eso sí, Hacienda vigila que verdaderamente la residencia esté localizada efectivamente en el país luso y para ello rastrea desde el consumo de luz o gas hasta si el contribuyente en cuestión está suscrito a periódicos locales, apuntan asesores. «Hay algunas asociaciones con socios de elevado poder adquisitivo y con fondos de pensiones acumulados muy altos que se hallan en fase de trasladar su residencia a Portugal para aprovechar todas las ventajas fiscales de este lado de la frontera», dice a ABC un ejecutivo de un banco español presente en Portugal.
Es el termómetro de la situación que se está ‘cociendo’ en este sentido, a través de fórmulas que pasan cada vez más por el asesoramiento especializado y colectivo. Un síntoma inequívoco de que no se trata de casos aislados.
La embajada de España en Lisboa informó a ABC de que, a fecha 21 de marzo de este 2019, tiene inscritas como residentes a 1.932 personas mayores de 65 años y como no residentes a 62. En cuanto al consulado de España en Oporto, sus cifras oficiales para esa edad totalizan 388 y uno, respectivamente. La curva se dibuja ascendente, amplificada por la cercanía, la calidad de vida y la buena gastronomía que ofrece Portugal.
Según ha podido saber ABC, el perfil de pensionista va desde jubilados de oro de los principales bancos españoles hasta terratenientes y adinerados del mundo rural pasando por inversores con importantes ganancias en Bolsa que ponen rumbo al país luso para enjugar sus impuestos.

Casos concretos

A sus 68 años, Carmen Martínez-Bordiú es uno de los rostros más conocidos que ha dado el salto para aprovecharse de este régimen desde su nueva residencia en Cascais, a 30 kilómetros de Lisboa y erigida en la localidad portuguesa con mayor renta per cápita. Asimismo, el escritor Lorenzo de Médici (último de la histórica dinastía) ha cambiado Barcelona por Azeitao, un enclave a 35 kilómetros de Lisboa donde este italiano «muy español» ha encontrado mayores beneficios fiscales.
El programa NHR existe desde 2009, así que cumple una década y ha sido implementado tanto por los socialistas (que lo pusieron en marcha bajo el mandato de José Sócrates) como por los conservadores del PSD, que no cesaron de incentivarlo cuando Passos Coelho ejercía de primer ministro. Es la contribución de Portugal a la denominada «silver economy» (economía de plata, vinculada a los jubilados), con el aval de que el coste de la vida resulta inferior al que se registra en España, Italia o Dinamarca. El «efecto llamada» ya está aquí.
PORTUGAL ES UNA MARAVILLA COMPARADO CON ESPAÑA.

FUGA DE EMPRESAS,DESPLOME DE LA INVERSIÓN Y CAIDA DE DEPÓSITOS LA FACTURA DEL PROCÉS.

Fuga de empresas, desplome de la inversión y caída de los depósitos: así es la factura del «procés»

La inversión extranjera en la comunidad se ha desplomado un 63% en dos años, mientras que en Madrid se ha disparado un 167%

La incertidumbre empujó a 2.359 sociedades fuera de la región en 2018 (unas 5.500 desde el 1-O) y lleva al turismo al estancamiento .

Año y medio después del 1 de octubre de 2017, los responsables del «procés» responden por sus actos en sede judicial. El banquillo de los acusados del Tribunal Supremo es ya su nuevo hábitat; las soflamas independentistas eclipsan a diario la resaca que dejó -y deja- en Cataluña un referéndum y procedimiento de desconexión de España suspendidos por el Tribunal Constitucional. Consecuencias del todo sociales pero también, y especialmente, económicas. Los datos demuestran una «factura» con platos que nadie ha pedido a sus responsables.
«El principal impacto ha sido relegar a Cataluña como motor económico del conjunto de España», dice José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Y añade: «Ha pasado de liderar el crecimiento económico del país a formar parte del pelotón». Lo cierto es que habla con conocimiento de causa porque los indicadores de la comunidad autónoma son en un 56% de las veces peores que la media nacional, cuando en el año 2016 apenas lo eran el 41%. Ahora, de lo general a lo concreto, porque son muchas las variables en las que la región dirigida por Quim Torra sale mal parada.
Si bien, tal como ha venido publicando ABC, la acción y adoctrinamiento exteriores eran prioritarios para la Generalitat, no lo era tanto que el capital foráneo recalara en la región. Prueba de ello son las cifras de inversión extranjera bruta de los dos últimos años: Cataluña registró un pico de 8.296,7 millones de euros en 2016 y, dos años después, la cifra queda en 3.077,1 millones. Un descenso del 63% en solo dos ejercicios que contrasta con el comportamiento de los datos para el total de España y la Comunidad de Madrid. En el primer caso, el alza fue del 44,8% y, en el segundo, del 167%. La capital acapara ya el 84,42% del capital foráneo que llega a nuestro país, cuando hace dos ejercicios era el 45,79%; Cataluña, en cambio, ha pasado de representar el 22,75% de la inversión de fuera a apenas el 5,83%.
Sin embargo, estos datos obedecen -en buena parte- a una razón: operaciones concretas relacionadas con cambios de sede social. A finales de 2017, Abertis trasladó su sede de Barcelona a Madrid y, en el año 2018, fructificó la opa de Hochtief (ACS) y Atlantia sobre ella, con la consiguiente entrada masiva de dinero extranjero. Miles de millones que un cambio de sede por culpa del «procés» le arrebata a la comunidad autónoma. De haber permanecido Abertis en Barcelona, habría computado a Cataluña.
Por sectores, son el inmobiliario, comercio al por mayor, energía y actividades auxiliares a los servicios financieros los que más sufren. El penúltimo, relacionado con el traslado de sede de la sociedad de distribución de Endesa y la entonces Gas Natural (Naturgy) y el último, con los movimientos de Caixabank y Banco Sabadell.
María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, considera que el impacto económico está siendo «moderado» y limitado; y habla del desplome en la inversión extranjera como problema en el largo plazo: «Si se va a mantener de forma permanente un nivel inversión inferior, puede tener efecto. La inversión de hoy es la actividad del mañana. Esas diferencias se van acumulando y a lo largo de los años supone un nivel de actividad que podría ser inferior para el caso de no haber sucedido esto». Todo ello contrasta con que los inversores ya no pregunten en las reuniones por la situación catalana: «Ya no sale en los temas de conversación». La excepción, aquí, sería el sector inmobiliario. Según un informe de Pwc y el Urban Land Institute, Barcelona ha pasado del puesto 11 al 27 en destinos europeos de inversión en un año. La razón: la inestabilidad política iniciada desde el 1-O.

Fuga de empresas

Más allá de ello, la fuga de empresas ha sido constante desde el referéndum ilegal de 2017. Con cifras definitivas de traslado efectivo de sede del Colegio de Registradores, un total de 2.359 compañías abandonaron Cataluña en 2018, una cifra similar a la de los tres últimos meses del año anterior, en pleno apogeo del «procés», pero sin datos oficiales exactos. En total, según fuentes empresariales, la huida real de sociedades desde el 1-O ha sido de unas 5.500.
Siguiendo la estadística del Colegio de Registradores de 2018 -única oficial, pero con datos incompletos-, 1.288 compañías tuvieron como destino Madrid, seguidas de las 256 que acogió la Comunidad Valenciana y las 184 de Aragón, estas dos por cercanía geográfica. Muy pocas han regresado, siendo Aguas de Barcelona la única de entre las grandes que lo ha hecho.
«En general, las empresas no volverán en bastante tiempo. Una vez dado el paso no van a estar cambiando; en la mayoría de los casos ya es definitivo», dice la experta de Funcas, al tiempo que señala que, a su juicio, estos cambios de sede «no es que tengan un efecto excesivamente importante sobre su economía», en referencia a los impuestos autonómicos.
Asimismo, mientras miles de sociedades han abandonado Cataluña, la factura de la causa secesionista también ha impactado en la creación de nuevas empresas. Desde octubre de 2017 a enero de 2019 -último mes con datos-, en España se han alumbrado 125.828 compañías, apenas un 0,07% más respecto a los 16 meses anteriores. La variación llegó por comunidades. Madrid pasó de una media de 1.623 empresas a 1.779 desde el «procés»; Cataluña, en cambio, pasó de 1.637 a 1.455. En el centro peninsular el crecimiento es evidente y en territorio catalán el hundimiento también. Lo que ha transcurrido entre medias ha sido la deriva secesionista, con sus idas y venidas e incertidumbre.

Caída de los depósitos y el crédito

Desde el 1-O las consecuencias se han visto plasmadas en los datos. Los primeros meses se constató en una actividad bancaria frenética que hoy se traduce en fuga de depósitos y reducción de crédito. En septiembre de 2017, los depósitos en Cataluña ascendían a 184.734 millones de euros y ahora se sitúan en 164.783 millones, después de una ligera recuperación, aunque insuficiente, los dos últimos trimestres. En el caso del crédito, la estadística ha transcurrido desde los 232.878 millones hasta los 208.104 millones actuales. Suma y sigue, de lo cual la región podría no llegar a recuperarse. «Si se mantiene la inacción del Gobierno catalán en un contexto de desaceleración económica general, no creo posible que la economía catalana mejore», reseña Bonet, de la Cámara de Comercio.
La traducción de esto hay quien podría pensar que está en el Producto Interior Bruto de la comunidad, pero la realidad es bien distinta. Marisol Blázquez, analista de la agencia de calificación Moody’s, hace hincapié en que «Cataluña sigue siendo la región con mayor peso en la economía de España con un 19.2% al cierre del año 2017, unas décimas por encima de Madrid con un 18.9%». Sin embargo, el Colegio de Economistas de Madrid vaticinó hace escasamente diez días que el PIB catalán en 2018 quedó por debajo del madrileño -en peso relativo sobre el total- debido a la situación de inacción e inestabilidad política y al buen desarrollo de la capital. Ambos factores explican la pérdida de protagonismo de una Cataluña que pierde en todos los sentidos, incluso en elaboración legislativa. El Govern ha frenado en buena medida el desarrollo de leyes autonómicas, lo que da cuenta del parón en la región. «Si se mantuviera una tensión política constante como la de finales de 2017 sí tendría un efecto más importante sobre el consumo, confianza, inversión...», afirma Fernández, de Funcas. Aunque añade: «Al final aquello ha quedado en nada, en unos cuantos gestos, y todo el mundo ha asumido ya que la independencia no va a ocurrir». Un sueño, que se diría, que ahora se juzga en el Tribunal Supremo pero cuyas aristas continúan perjudicando a Cataluña
Así las cosas, uno de los motores de la costa española, como lo es esta comunidad, ha logrado sortear la cifra negativa en el turismo, pero no el desplome en el crecimiento. España al completo recibió 82,77 millones de turistas extranjeros el año pasado, por 81,87 millones del ejercicio inmediatamente anterior. Eso supuso incrementos del 1,1% y 8,7% respectivamente en cada año; Cataluña, en cambio, se apuntó alzas del 0,02% en 2018 y 5,4% en 2017. En otras palabras, el año pasado el turismo tuvo un comportamiento plano, peor que la cifra nacional.
Es cierto que en todo el país las visitas se ralentizaron, principalmente por la recuperación de destinos alternativos pero también por efecto del «procés». Así lo ha venido explicando en reiteradas comparecencias de prensa Exceltur, el lobby turístico a nivel nacional.
Sin embargo, solo el pasado está escrito y el futuro aún está por hacerse. Los expertos alertan del riesgo que supone para el territorio perpepetuar la situación de incertidumbre. «No es deseable» es una frase que puede ser puesta en boca de los economistas consultados para no repetir los errores de 2017. Lo cierto es que los indicadores, por una parte, siguen sin ser halagüeños en su mayoría, pero, por otra, hay algunos que invitan al optimismo. Lo peor ya ha pasado -dicen- y el descalabro se evitó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal como constata Moody’s en su último informe sobre la comunidad autónoma.
La Justicia, ahora, juzga los hechos que han llevado a Cataluña por un camino empedrado; una de las ruedas de su economía ya está pinchada y el riesgo de que suceda también con las demás todavía es alto. Esta es la «factura del procés».
TODO DEBIDO A LA INSEGURIDAD LEGAL DE LA AUTONOMÍA.