La corrupción mata

La pregunta de la Fiscalía europea es de justicia elemental: ¿se hizo lo que se cobró?.

El escándalo de la seguridad de las líneas de alta velocidad ha escalado en las instituciones. La Fiscalía europea investiga ya irregularidades en la contratación para la conservación y el cambio del LZB de la línea de Urda. El organismo sospecha de las empresas adjudicatarias del contrato de mantenimiento y ha desplegado una operación de requerimientos de información en Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en el Tribunal de Cuentas, ante un posible fraude de fondos europeos destinados a mejorar la seguridad de la línea donde el 28 de octubre murieron 69 personas. Es la segunda investigación: en marzo abrió otra por un posible fraude de fondos comunitarios en el tramo de Adamuz, donde murieron 46. Conviene recordar la cautela necesaria que exige el Estado de derecho: investigar no es condenar y nadie ha sido acusado, pero lo que ya se conoce no admite coartadas. Todo lo que rodeó el accidente de Urda parte del incumplimiento de los deberes de renovación en plazo adecuado del sistema LZB, el que falló por el ERTMS, el estándar europeo. A los retrasos incomprensibles, se suma que la Agencia de Seguridad Ferroviaria ya había alertado, meses antes de la tragedia, de «prácticas inadecuadas» y fallos en las órdenes.

El contrato para renovar los sistemas de seguridad, adjudicado en septiembre de 2021, tenía un presupuesto de 136 millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses, de modo que debería haberse ejecutado en enero de 2026. Se adjudicó a Thales por 93,8 millones, y otros 21 millones fueron para la renovación de los circuitos de vía. Según Puente, el nuevo sistema no funcionará hasta principios de 2027. La víspera del choque, el Consejo de Ministros autorizó ampliar en 11,5 millones de euros el contrato de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico de la línea Madrid-Sevilla. La documentación no explica qué cubre la ampliación ni por qué se aprobó entonces. La pregunta de la Fiscalía europea es de justicia elemental: ¿se hizo lo que se cobró? Hay que recordar que la Fiscalía Europea ya tiene abiertas diligencias por los contratos de Barrabés desde mayo de 2024, sin que se tengan noticias de sus actuaciones. La investigación sobre los fondos de la UE y su empleo en la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad resulta muy relevante siempre que se tramite, esta vez, con diligencia.

Las noticias que se publican a cada día deben hacernos reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí como nación. Las prioridades erróneas de Sánchez, obsesionado únicamente por mantenerse en el poder a cualquier precio, no son una explicación suficiente y nuestro país debe auditar el sistema de responsabilidad de los poderes políticos, más allá de lo meramente judicial, así como la facilidad y la impunidad con la que España ha desembocado en esta crisis. La ausencia de Presupuestos no ha permitido la fiscalización necesaria en el Parlamento. Las administraciones han fallado en su deber de vigilar una actuación que incurre, si no en la complicidad, sí al menos en una laxitud de los controles que merece una explicación urgente a los ciudadanos. El Gobierno no puede escudarse en la dimisión de un ministro para dar por cerrada la crisis. Debe entregar sin reservas a la Fiscalía Europea y a los jueces toda la documentación, publicar la información y los informes técnicos, explicar la modificación contractual de la víspera y permitir que se investigue sin trabas.

Nuestro país vive tiempos sombríos en los que se hacen patentes las pruebas de la corrupción y las sospechas sobre la labor del Gobierno y las consecuencias funestas y evidentes de la erosión de las infraestructuras. Llegados a este momento no se puede establecer una desconexión entre la sustitución de los responsables técnicos por políticos fieles y las irregularidades en las adjudicaciones, o entre la sombra de la corrupción, ya sea de enriquecimiento personal o de desviación de fondos para fines y medidas electorales, ya sea para quedarse con el dinero o con el poder, y la destrucción de las infraestructuras y los servicios de un país entero, con las consecuencias dolorosas y la indefensión de los usuarios frente a esta Administración torticera o incapaz. Lo que hemos aprendido en los últimos tiempos, de manera tan dolorosa y luctuosa, es que la corrupción no solo arruina: también mata.