Marruecos juega con sus menores

Se debe exigir a Rabat que asuma sus responsabilidades sin condicionar nuestra soberanía nacional

El ministro marroquí de Justicia, Abdelatif Uahbi, ha reclamado a España la devolución de todos los menores de su nacionalidad que están en territorio español. Uahbi ha reprochado a las autoridades españolas que sus procedimientos administrativos no facilitan el regreso de los menores con sus familias. El ministro sostuvo además que «Marruecos no está dispuesto a abandonar a sus niños, sus jóvenes y sus adolescentes». Sucede, en cambio, que esto es lo que ha venido haciendo Marruecos desde hace tiempo, porque si esos menores y jóvenes llegan a España es porque las autoridades del país vecino hasta ahora lo han consentido o no han hecho lo suficiente para evitarlo. Ante la pasividad de sus gendarmes fronterizos, cientos de menores –algunos auténticamente niños– han cruzado la frontera para enfrentarse a un futuro incierto, cuando no trágico, como el del casi centenar que murieron ahogados en el asalto de julio a Ceuta, a través del Tarajal.

Los precedentes aconsejan que todo cambio de actitud de Marruecos en materia migratoria deba ser observado con el máximo recelo y la mayor prudencia, porque su estrategia tiene como objetivo acosar a Ceuta y Melilla y demostrar a España que puede socavar su soberanía. Marruecos vuelve a jugar con sus menores como peones de un juego de intereses geopolíticos. Si los deja entrar, sabe que provocará inestabilidad en España, conflicto entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y al reclamarlos ahora con tan inédita firmeza, es porque busca poner a España en un compromiso ético y jurídico.

El asalto de 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta ha provocado un serio problema de imagen para el reino alauí, que alarmó a la comunidad internacional –incluso a socios como Francia– al comportarse como un país incapaz de prevenir estos movimientos o como un 'Estado gamberro' –según la terminología de la ciencia política– que rompe fronteras a su gusto. Por eso, Marruecos ahora se victimiza con un falso dolor, como si sus menores estuvieran retenidos por España contra su voluntad. Lo cierto es que el país vecino no colabora con el retorno de sus niños y jóvenes, incumpliendo así el acuerdo de 2007, suscrito con España para prevenir «la emigración ilegal de menores no acompañados».

Ahora bien, el incumplimiento de ese acuerdo es recíproco, porque las autoridades españolas no aplican como primera opción el procedimiento de retorno establecido por la ley de Extranjería, que prevé la entrega del menor a una institución tutelar marroquí o la reagrupación familiar. El Gobierno español opta directamente por el acogimiento de esos menores –de los que luego se descubre que, en buen número, no son tales–, que en algunos casos son víctimas de mafias que los chantajean (y con las que involuntariamente se colabora), y aprovecha la ocasión para crear enfrentamientos con los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox. La responsabilidad primaria de Marruecos no exime al Gobierno español de aplicar su propia legislación

Las reacciones de los ministros Albares y Bolaños a la petición de su colega marroquí se mantienen en la senda del seguidismo a la política del país vecino y parecen ignorar esta nueva trampa de Marruecos. Ceuta no necesita que sus ministros aplaudan como cortesanos del reino alauí, sino que organicen en la ciudad autónoma un despliegue masivo de medios humanos y materiales para atender dignamente a esos menores, para garantizar su seguridad jurídica y física –muy precaria a la vista de las denuncias por violaciones contra menores magrebíes– y para tramitar con la máxima rapidez sus procedimientos de retorno.

Sin duda, el Gobierno español debe propiciar el retorno de los menores y actuar firmemente frente a Marruecos para que los admita, pero sin obligar a España a renunciar a su condición de Estado de derecho. No hay que aceptar que Marruecos decida en cada momento cómo España ejerce su soberanía territorial y jurídica.