Toda sociedad organizada necesita establecer prioridades. Las hay a nivel nacional, autonómico, municipal, local e incluso familiar. Sin prioridades no puede existir una gestión eficaz de los recursos, ni un marco claro de derechos, deberes y responsabilidades.
Gobernar consiste precisamente en decidir qué es más urgente, qué es más importante y cómo se distribuyen unos recursos que siempre son limitados. Pretender que todas las necesidades pueden atenderse simultáneamente y con la misma intensidad no es una muestra de justicia, sino una negación de la realidad.
Además, conceptos como el arraigo, la solidaridad nacional y el sentimiento de pertenencia a una comunidad política son elementos esenciales para la cohesión social. La solidaridad no surge de la nada: nace en los vínculos más cercanos y se proyecta hacia ámbitos más amplios, desde el municipio y la comunidad autónoma hasta el conjunto de la nación.
Por ello, negar que un Estado deba regirse por prioridades comunes equivale a vaciar de contenido la propia idea de comunidad política. Sin objetivos compartidos, sin responsabilidades definidas y sin un marco de referencia común, solo quedan la improvisación, la fragmentación y el conflicto permanente entre intereses particulares.
España, además, no es un concepto ambiguo ni una realidad indefinida. Está claramente definida en nuestra Constitución, que establece los principios fundamentales de nuestra convivencia y la soberanía del pueblo español. Quien considere que España debe ser otra cosa está en su derecho de defenderlo, pero deberá promover una reforma constitucional siguiendo los procedimientos legales establecidos para ello.
Esa decisión no corresponde a un Gobierno concreto, ni a los sanchistas, ni a los activistas, ni a los independentistas por sí solos. Corresponde al conjunto de los españoles, únicos legitimados para decidir sobre cuestiones que afectan a la nación en su totalidad.
La democracia no consiste en imponer una visión particular al margen de las reglas comunes, sino en respetar los mecanismos que la propia sociedad se ha dado para modificar esas reglas cuando exista una mayoría suficiente para hacerlo. Fuera de ese marco, no hay más democracia, sino menos.
Por supuesto que deben prevalecer las prioridades nacionales, comunitarias, municipales, locales y familiares, junto con la solidaridad territorial y personal. Cuando esas prioridades se subordinan al interés individual, la convivencia se deteriora, porque la sociedad deja de construirse sobre el bien común y pasa a girar en torno a un único criterio: el beneficio propio.
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