María Jesús del Barco: «¿Quién es Leire para que merezca ser recibida en la Fiscalía General?»
«Si se ven indicios suficientes y motivados, no hay razón para no pedir el suplicatorio para Pedro Sánchez», dice la presidenta de la APM
La presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, recibe a ABC apenas dos días después de conocer los detalles del sumario de las 'cloacas' del PSOE. La búsqueda de trapos sucios para destruir la reputación de jueces y fiscales supone, dice, un salto cualitativo en una campaña de acoso y derribo que impacta de lleno en los pilares del Estado de derecho.
—¿Dónde está la frontera entre la crítica a decisiones judiciales y el ataque a la separación de poderes?
—Nadie niega que es válida la crítica a las resoluciones judiciales. Los jueces no nos consideramos intocables, ni mucho menos. Pero una cosa es criticar las resoluciones jurídicas con argumentos técnicos y otra cosa es cuestionar la labor del juez y decir que existe una conjura o que los jueces estamos actuando para derribar a un Gobierno. Los jueces aplicamos la norma simple y llanamente. El límite se ha pasado hace tanto tiempo que no sé si vamos a ser capaces de volver al respeto a la división de poderes, al Estado de derecho. La clase política debe ser ejemplarizante en su actuación siempre. Si el político considera que el juez que investiga hechos presuntamente delictivos es un necio o un corrupto, estás trasladándole al ciudadano la idea de que la Justicia no funciona y que no es de fiar. ¡Pero es que encima parece que ha existido una trama orquestada para investigar a los jueces que instruyen causas que afectan al círculo del presidente del Gobierno! Eso para mí es lo más grave.
—Eso decían en su comunicado del martes, y que el CGPJ se había quedado corto en su respuesta...
—Y así es. Que nos ataquen ya se ha convertido en costumbre, pero los ataques que llevamos recibiendo en los últimos años han sido muy graves. Vemos cada día en redes sociales cómo hay ministros que se dedican a insultar a los jueces y nos llaman prevaricadores. Vamos a ver, todos los procedimientos se hacen con plenas garantías, pero además existe un sistema de recursos para que aquella persona que es parte de un procedimiento recurra una resolución si entiende que no es ajustada a derecho. ¿Pero qué es esto de perseguir a una juez porque está investigando un hecho delictivo en el que aparece como presunto autor el hermano del presidente del Gobierno? Es que se ha buscado qué puede haber malo en la vida de esta juez para poder utilizarlo contra ella; es que se ha tratado también de paralizar o de desviar la actuación de la UCO. Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no realizan su labor policial, si no pueden llevar esos atestados ante el juez o si el juez no va a poder darles en confianza las instrucciones que debe darles en el curso de un procedimiento de instrucción, ¿qué tipo de Estado de derecho tenemos? Utilizar tácticas como la persecución a jueces no son propias de Gobiernos democráticos, sino de otros regímenes que se acercan más a la autocracia o más a prácticas, digamos, entre comillas, mafiosas, pero no desde luego, de quien defiende el Estado de derecho. ¿De verdad se piensa que los jueces nos ponemos de acuerdo, que nos sentamos a tomar el café: «Oye, pues yo voy a investigar al hermano de Pedro Sánchez, yo a Rodríguez Zapatero y yo a Koldo o Santos Cerdán?». ¿En qué cabeza cabe eso?
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