Pedro Sánchez ha demostrado que, para él, mantenerse en el poder está por encima de cualquier compromiso, de cualquier principio y de cualquier palabra dada. Todo parece negociable, rectificable o sacrificable si sirve para conservar unos votos más y prolongar su permanencia en La Moncloa.
Mientras tanto, solo nos quedan los jueces como último contrapeso frente a un poder cada vez más dispuesto a justificar cualquier decisión en nombre de su propia supervivencia política. Y una parte de la sociedad asiste a ello con resignación, indiferencia o cansancio.
Hemos llegado al extremo de escuchar que no convoca elecciones para "salvar al pueblo" de decidir. Una afirmación profundamente reveladora. Como si los ciudadanos fueran incapaces de pensar por sí mismos. Como si votar fuera un riesgo. Como si la democracia consistiera en permitir que el pueblo decida únicamente cuando su decisión coincide con los intereses del gobernante.
La realidad es mucho más sencilla: quien cree en la democracia no teme las urnas. Quien teme las urnas teme a los ciudadanos.
Para seguir en el poder ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió. Ha pactado con quienes aseguró que jamás pactaría. Ha indultado y amnistiado a condenados, procesados y fugados después de afirmar que no lo haría. Ha asumido como propias posiciones que antes rechazaba con rotundidad. Y ha convertido en aceptable aquello que durante años presentó como imposible.
No se trata de simples cambios de opinión. Se trata de una forma de hacer política en la que la palabra dada carece de valor y los principios son sustituidos por la conveniencia del momento. Lo que ayer era inadmisible hoy se defiende; lo que ayer se prometía hoy se incumple; lo que ayer se denunciaba hoy se justifica.
La hemeroteca también resulta demoledora. Durante años sostuvo que un Gobierno sin presupuestos carecía de legitimidad para continuar, que la mera existencia de casos de corrupción exigía responsabilidades inmediatas y que la presencia de imputados era incompatible con determinados cargos públicos. Eran principios irrenunciables cuando afectaban a sus adversarios. Sin embargo, esos mismos criterios parecen haber desaparecido cuando las circunstancias le afectan a él o a su entorno político. Lo que antes era motivo de dimisión, elecciones o contundentes condenas públicas hoy se relativiza, se minimiza o simplemente se ignora.
Y cuando las decisiones generan rechazo, la respuesta no suele ser la rectificación, sino el señalamiento. Jueces, tribunales, opositores, periodistas y críticos pasan a ser obstáculos a neutralizar. Todo aquel que cuestiona al poder es presentado como sospechoso o como enemigo.
La igualdad ante la ley, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el respeto institucional han dejado de ser principios intocables para convertirse en piezas sometidas al cálculo político. Lo importante ya no parece ser qué es correcto, sino qué resulta útil para mantenerse un día más en el Gobierno.
Ocho años han bastado para deteriorar gravemente la confianza de muchos ciudadanos en sus instituciones. Se ha normalizado el incumplimiento de compromisos esenciales, se han cruzado líneas que antes parecían infranqueables y se ha instalado la idea de que cualquier cesión es válida si garantiza unos cuantos apoyos parlamentarios más.
Os habéis apropiado de un partido y habéis puesto las instituciones al servicio de vuestra continuidad política. Habéis confundido Gobierno con poder y poder con patrimonio propio. Habéis utilizado las instituciones no como herramientas al servicio de todos los españoles, sino como instrumentos para asegurar vuestra permanencia.
La historia juzgará estos años. Pero ya son muchos los ciudadanos que consideran que el daño está hecho. Que el precio pagado por mantener a Pedro Sánchez en el poder ha sido demasiado alto. Demasiado alto para la credibilidad de la política. Demasiado alto para la confianza en las instituciones. Demasiado alto para una democracia que exige límites al poder y respeto a la palabra dada.
Porque cuando un gobernante llega a considerar que su permanencia es más importante que los principios, las promesas y las reglas comunes, el problema deja de ser una cuestión ideológica. Se convierte en un problema democrático.
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