MÁS DE DOS MILLONES DE ALUMNOS EN EL LIMBO POR LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE LA ESO

 Más de dos millones de alumnos, en el limbo por los exámenes de recuperación de la ESO

La moratoria anunciada ahora por la ministra de Educación divide a las comunidades autónomas

Madrid, Canarias, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Murcia consideran que eliminar la evaluación extraordinaria «una vez iniciado el curso, es cambiar las reglas de juego a mitad del partido»

Más de dos millones de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria han comenzado el curso sin saber si contarán con los exámenes de recuperación o si podrán pasar de curso con asignaturas suspensas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dejado en manos de las comunidades autónomas la supresión de estas pruebas, después de que el borrador del real decreto así lo estableciera para el curso 2021-22.

El proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las comunidades autónomas este mes de septiembre, no preveía convocatorias extraordinarias de exámenes en la etapa de ESO, aunque sí en la de Bachillerato. El Ministerio pretende que los alumnos de ESO promocionen de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias que pudieran no haber superado, «les permite seguir con éxito el curso siguiente». En concreto, el real decreto establece que puedan promocionar aquellos alumnos que tengan evaluación negativa en una o dos materias.

Fuentes ministeriales explicaron a Ep que dado que el curso ya está iniciado y el real decreto entra en vigor este mismo curso, se incluirá una disposición transitoria que, sin modificar el texto articulado, dejará a las comunidades decidir este curso 2021-2022 si suspender estos exámenes o no.

Pese a la moratoria concedida por el Ministerio de Educación, cinco comunidades ya han manifestado su rechazo a suprimir esta pruebas, ya que consideran que «destruye la calidad educativa». Se trata de Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía. De hecho en todas ellas, se mantendrán este curso las convocatorias extraordinarias. Lo mismo hará Canarias aunque está a favor que se elimine este examen. Otras aún no tienen decidido qué hacer, como es el caso de País Vasco, Baleares, La Rioja, y Castilla-La Mancha.

En el caso de Andalucía las pruebas –al igual que el curso pasado– se adelantarán a junio en segundo de Bachillerato y cuarto de la ESO, para facilitar la transición tanto a la Universidad como a los ciclos formativos, informa J. J. B.

Desde la Consejería de Educación y Cultura de Murcia afirman a Ep que mantendrán la evaluación extraordinaria este curso porque, según aseguran, «eliminarla, una vez iniciado el curso, es cambiar las reglas de juego a mitad del partido y los alumnos y las familias necesitan seguridad, no incertidumbre». En Galicia, la idea también es mantener los exámenes de recuperación este curso, aunque aseguran que están a la espera de que se concrete el real decreto, que califican de «ambiguo».

Castilla y León tampoco variará la situación actual. De hecho, el Gobierno autonómico ya ha planteado alegaciones al proyecto de real decreto contra la supresión de los citados exámenes y ha advertido de que en el territorio castellano y leonés se buscará el mecanismo adecuado para que, en el marco de las competencias autonómicas, se pudiesen mantener las recuperaciones de la ESO, informa Montse Serrador.

Para la Junta, la medida que pretendía imponer el departamento de Pilar Alegría ahonda en la idea de que «existe la vida sin esfuerzo y la posibilidad de prosperar sin esforzarse y sin alcanzar la excelencia». En este sentido, fuentes del Ejecutivo insistieron en que el modelo de éxito vigente en Castilla y León es, precisamente, el que ha llevado a la Comunidad a los primeros puestos de los informes PISA y en esta línea se pretende seguir.

También la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias ha asegurado que este curso escolar se mantendrán, si bien critican que «se ha venido demostrando que ese tipo de exámenes no beneficia a la generalidad del alumnado».

En el caso de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha mostrado muy crítico con el real decreto del Gobierno al considerar que «destruye la calidad de la educación». «Ahora, ha decidido eliminar los exámenes extraordinarios de junio o septiembre en ESO. Después de establecer el aprobado general para todos los alumnos han debido pensar: ¿para qué hacer exámenes?», se ha preguntado Ossorio a través de su cuenta de Twitter. Del mismo modo, ha pedido al Ministerio de Educación y FP que corrija «todos los despropósitos del proyecto de Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación».

Sin embargo, no todas las comunidades optarán por mantener la evaluación extraordinaria de Secundaria para este curso escolar. La Comunidad Valenciana está «a favor desde el primer momento» de eliminar los exámenes de recuperación «en pro de adoptar medidas más efectivas para acompañar al alumnado». Fuentes de la Conselleria de Educación indican a ABC que el objetivo del Gobierno valenciano es «dedicar una atención personalizada a cada caso, en una evaluación continua, alumno a alumno», por lo que, «si es factible», se aplicará este mismo curso. No obstante, cuando se conozca la redacción exacta de la moratoria, se tratará con los diferentes agentes educativos autonómicos en las mesas sectoriales, informa Toni Jiménez.

En Cataluña, la Generalitat prevé eliminar los exámenes de recuperación «tan pronto como sea posible», confirman a ABC fuentes de la consejería de Educación. El departamento, que ahora dirige Josep Gonzàlez-Cambray, ha expresado públicamente en los últimos años su apuesta por una evaluación continuada y ha argumentado que con las recuperaciones no se había notado ninguna mejora en el rendimiento escolar, informa Anna Cabeza.

El Real Decreto, que aún se encuentra en fase de borrador, continúa su proceso de tramitación. El siguiente paso es que emita informe el Consejo de Estado. Una vez avalado por este órgano, el proyecto normativo será llevado al Consejo de Ministros, donde previsiblemente tendría luz verde, quedando finalmente aprobado.

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