EL GOBIERNO VASCO UTILIZA EL EUSKERA EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS SINDICATOS DE PRISIONES Y PONE TRADUCTOR.

 El Gobierno vasco utiliza el euskera en las negociaciones con los sindicatos de Prisiones y pone traductor

El uso del idioma entorpece las conversaciones y es interpretado como una desconsideración por algunos de los asistentes a las reuniones

Los representantes del Gobierno vasco presentes en las negociaciones con los sindicatos de Prisiones, con los que intenta llegar a un acuerdo para la incorporación de los funcionarios de las cárceles a la administración vasca, utilizan el euskera en las reuniones, a pesar de que como es obvio saben hablar castellano perfectamente. El uso de la lengua de la Comunidad autónoma obliga a la utilización de un intérprete, lo que repercute en la agilidad del intercambio de pareceres, según las fuentes consultadas por ABC.

El detalle, anecdótico para el resultado final de las conversaciones, es percibido como una descortesía por algunos de los asistentes a esos encuentros. Pero más allá de eso, también es un mensaje inequívoco de que se quiere la euskaldunización de los centros penitenciarios, que a partir del 1 de octubre pasan a ser competencia de la Administración vasca.

La mayoría de los más de 700 funcionarios de Prisiones que trabajan en las cárceles vacas son originarios de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y a pesar de que llevan ya muchos años destinados en esas cárceles no manejan el euskera. El propósito del Gobierno vasco es que si se quedan a trabajar allí, tengan un plazo prudente para adquirir los conocimientos básicos del idioma.

Este también puede ser uno de los escollos para que los funcionarios de prisiones decidan quedarse, ya que con una media de edad en torno a 50 años el aprender un idioma complicado como ese les puede suponer un importante esfuerzo. El pasado 12 de mayo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nula una convocatoria de empleo de Policía Local del Ayuntamiento de Irun al entender que resultaba 'discriminatorio' exigir euskera para ser policía local y que bastaba que uno de los dos agentes de cada patrulla conociese el idioma para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

No obstante, lo esencial para que los funcionarios de prisiones destinados ahora en el País Vasco decidan pasar a depender de la administración autonómica es que se les garantice el mantenimiento de sus actuales condiciones laborales más allá de los dos años que propone el Gobierno vasco.

EL SAQUEO DE LO PÚBLICO