El caso Gali complica el futuro penal al Gobierno.
La decisión de un juez de Zaragoza de citar en calidad de investigada -antes imputada- a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya demuestra que la operación clandestina por la que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, fue tratado médicamente en España de incógnito no fue solo una chapuza política, sino que además pudo ser ilegal. El juez achaca a Laya presuntos delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras. La exministra ya perdió la condición de aforada al salir del Gobierno en la profunda crisis acometida por Pedro Sánchez en julio, y por tanto el juez es competente. Semanas atrás, el jefe de gabinete de Laya apuntó hacia ella como la responsable de la llegada irregular de Gali, pero insinuó que ella a su vez recibía órdenes superiores, es decir, de la presidencia del Gobierno. El enquistamiento político de este caso generó una crisis profunda con Marruecos. Ahora, amenaza también con una condena penal contra el Gobierno.
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