Casi mil jueces llevarán a Estrasburgo al Congreso y al Senado por no renovar el CGPJ en tres años
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recuerda que las Cámaras, y no dos partidos, están obligadas por la Constitución
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciado que va a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar que el Congreso de los Diputados y el Senado llevan casi tres años incumpliendo con su obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una competencia «única y exclusiva de ambas Cámaras, no de uno o dos partidos y menos de forma extraparlamentaria», señalan.
La segunda asociación judicial en número de afiliados (por detrás de la Asociación Profesional de la Magistratura) ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya admitido a trámite el recurso de amparo que AJFV interpuso el año pasado para que el órgano de garantías se pronunciara sobre la inactividad del Congreso y del Senado respecto a su obligación de convocar sendas votaciones para renovar el CGPJ, lo cual «solo responde a la sumisión de ambas cámaras a los intereses de los partidos que las controlan», denuncia la asociación.
AJFV también había instado al Tribunal Constitucional a que se pronunciara sobre los repartos con los que PSOE y PP han politizado cada vez más el órgano de gobierno de los jueces españoles desde 1986, cuando el propio TC ya advirtió de la necesidad de garantizar la pluralidad de sensibilidades en el órgano de gobierno de los jueces. Por eso mismo, esta asociación, que representa a cerca de 900 jueces y magistrados, entiende que también es inconstitucional que el Congreso y el Senado lleven «casi tres años incumpliendo con una obligación que, en ningún caso, puede depender de que dos partidos se repartan entre ellos y por intereses partidistas un órgano como el CGPJ al margen de las propias Cortes Generales, que quedan así «limitadas a escenificar el paripé parlamentario de los sucesivos repartos partidistas del órgano de gobierno de los jueces españoles».
Fuera de plazo
El «único argumento» del Constitucional para no entrar en el fondo de ese incumplimiento, explica la asociación, es que presentó su recurso fuera de plazo, que según el TC era solo de 3 meses desde que esa lista de candidatos llegó a las Cortes, lo cual ocurrió en septiembre de 2018, antes incluso de que expirara el mandato oficial del CGPJ. «Es decir, que según el Constitucional, ya desde diciembre de ese año y apenas unas semanas después de que el Congreso y el Senado recibieran la lista de candidatos, ni siquiera los afectados pueden recurrir contra un incumplimiento que no solo no ha acabado, sino que cada día se prolonga más». AJFV confía en que el tribunal europeo con sede en Estrasburgo (Francia) desmonte esta respuesta del Constitucional que, por sí misma, «supone una violación de derechos fundamentales de nuestra asociación y de nuestros asociados».
«Cuando emprendimos este camino, sabíamos que sería largo, pero vamos a llegar hasta el final porque tenemos argumentos y legitimidad de sobra para hacerlo», explica el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, quien añade que «esta dejación de funciones del Congreso y del Senado es la prueba irrefutable de que el sistema actual para elegir el CGPJ condena a este órgano a la politización del mismo que las propias instituciones europeas vienen denunciando desde hace tiempo».
ESTA ES LA ESPAÑA BANANERA
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