El Gobierno da marcha atrás y dice ahora que regulará el certificado Covid en septiembre
Protección de Datos advierte a las comunidades sobre el uso ilícito del documento de vacunación
Pese a ser un medida excepcional para una situación excepcional, el certificado Covid no escapa a la polémica. Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera de forma cautelar el uso de este documento como requisito para poder acceder al interior de la hostelería, la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) dio este viernes un toque de atención sobre su legalidad.
A través de un requerimiento, este organismo pidió información a las autoridades sanitarias de Canarias y Galicia sobre el uso que están dando a este documento, creado por la Unión Europea para garantizar una movilidad segura de los viajeros. El objetivo de la Agencia es «comprobar la licitud del tratamiento de los datos personales» que las Consejerías de Sanidad de estas comunidades están realizando con el uso del certificado de vacunación.
En una breve nota, el organismo asegura que las autoridades europeas de protección de datos han expresado su «preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral». En Francia entró en vigor la semana pasada, mientras que en Italia lo hará el próximo 6 de agosto. Portugal, Dinamarca y Grecia también han recurrido a este ‘salvoconducto’.
La agencia recuerda que «la utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con el Covid-19 implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad». Esa regulación –añade– debe atender además «a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas».
Voces críticas
El propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abogó este viernes en el marco de la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca «por buscar una postura común sobre la utilidad de los certificados de vacunación». Concretamente, reclamó una regulación para garantizar un «uso seguro, útil y eficaz». «Es una contradicción de que se exija el pasaporte Covid o prueba PCR negativa para acceder a esta reunión y esta seguridad sanitaria no se ofrezca a los ciudadanos para acceder a locales de hostelería», afirmó. Lo mismo pidió su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Aunque por ahora solo Galicia y Canarias han planteado el uso de este ‘salvoconducto’, cada vez son más las comunidades que se lo plantean. Es el caso de Cataluña, Cantabria, Baleares y Andalucía. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, condicionó esta semana su puesta en marcha a una homogeneidad de criterios a nivel nacional y que se garantice el acceso a la vacunación a toda la población.
Para zanjar las críticas de las comunidades, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dijo este viernes a los presidentes autonómicos que pondrá en marcha «una normativa compartida sobre el certificado Covid en septiembre». Así lo desveló el presidente canario, Ángel Víctor Torres, tras la reunión. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló horas después en una rueda de prensa que «no se puede imponer un certificado Covid a día de hoy cuando hay personas que no han tenido oportunidad de vacunarse».
«Estaríamos estigmatizando», afirmó la ministra de Política Territorial, quien insistió en que ahora «la prioridad es la vacunación» y una vez cumplido con ese objetivo «se estudiarán otras medidas», como el certificado Covid. La propia Agencia de Protección de Datos recuerda en su nota que «la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibirla por razones médicas o de otro tipo y que, en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a ella».
Para salvar este escollo y ante el acelerado avance de la variante Delta, algunos expertos en bioética y derecho sanitario consultados por ABC consideran que «por el momento estamos abocados» al uso de este certificado. «Existe una tensión entre dos derechos contrapuestos pero tiene que prevalecer la salud colectiva aunque no podamos garantizar la protección de datos. Si hay riesgo de contraer la enfermedad, todos vamos a terminar aceptando ceder a nuestra intimidad», explica Fernando Abellán, especialista en derecho sanitario.
Aunque esta medida comenzó a usarse solo en los aerpuertos, este profesor sostiene que su uso será «generalizado» aunque «solo durante algún tiempo». Para evitar posibles conflictos, Abellán reconoce que lo mejor hubiera sido contar con una «ley de pandemias». Sin embargo, ante la falta de legislación, recomienda el desarrollo de algún protocolo sobre el uso del certificado similar a los que se utilizan en otras actividades presenciales como los congresos o las ferias.
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