Aragonès transfiere los 10 millones para los avales ante el Tribunal de Cuentas al Instituto Catalán de Finanzas
El Govern sigue sin constituir la entidad gestora del fondo para afianzar posibles multas por el 'procés' y sin encontrar el banco privado que haga de intermediario
El Govern catalán ha aprobado este martes transferir 10 millones de euros de «fondos extraordinarios» de los presupuestos autonómicos al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCR), con el fin de activar los avales destinados a los 34 altos cargos y miembros del Ejecutivo catalán implicados en el 'procés' del 1-O y que el Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones de euros.
Los 10 millones de euros se transfieren del capítulo 2 de los presupuestos de la Generalitat, dentro del concepto DD10 'Gastos de diversos departamentos. Fondos extraordinarios'. Pero la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo, no ha concretado de qué departamentos o Consejerías se desviarán fondos.
«Este dinero sale de las arcas de la Generalitat, pero no tengo detallado de qué departamentos. (...) Son fondos extraordinarios, no están relacionados con el Covid», se ha limitado a explicar Plaja, que no ha anunciado la transferencia en su exposición inicial en la rueda de prensa, pese a que sí figura en la referencia de los acuerdos del Govern aprobados hoy que se ha entregado a los medios de comunicación.
Además, el Govern catalán sigue sin crear la entidad gestora que debe controlar los 10 millones de euros, y por lo tanto la transferencia aprobada hoy se realizará al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y tampoco encuentra la entidad bancaria privada que debe interceder entre la Generalitat y los afectados por el 'procés'.
Estas dificultades podrían llevar a la Generalitat a tener que poner en marcha otra iniciativa, ya que el plazo para afianzar los 5,4 millones finaliza el 21 de julio. «No nos avancemos, la previsión es que haya un banco que lo avale», ha añadido Plaja, que sí ha confirmado que «hay conversaciones» entre la Generalitat y algunos de los implicados en el proceso judicial del Tribunal de Cuentas.
ES UN ROBO PÚBLICO Y PREVARICACIÓN CON DELITO
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