UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA YA EL RESCATE DE PLUS ULTRA.

 Un juzgado de Madrid investiga ya el rescate de Plus Ultra

Abre diligencias previas a partir de una denuncia de Manos Limpias contra el expresidente de la SEPI y el consejo de Administración que aprobó las ayudas

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias de investigación sobre el proceso de rescate a la aerolínea Plus Ultra a partir de una denuncia por un posible delito de malversación y/o de prevaricación en aquella decisión aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que presidía Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la entidad.

Tal y como ha adelantado El Español y ha confirmado ABC en fuentes jurídicas, las diligencias se han abierto a partir de una denuncia de Manos Limpias, cuyo presidente está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por la Operación Nelson, después de que en un primer intento de cuestionar en los tribunales el proceso de rescate el asunto fuese sobreseído.

De acuerdo a las mismas fuentes, Manos Limpias aportó los informes esgrimidos por la SEPI para defender la operación que supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones– en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que lleva en pérdidas prácticamente desde su constitución. Fue a partir de esos informes que se incoaron las diligencias previas.

Las diligencias se dirigen contra Lora y todo el consejo de administración que aprobó las ayudas, sin embargo, la instructora aún no ha acordado citaciones y ha empezado por requerir a la sociedad estatal el expediente completo que derivó en esa inyección económica que se sustenta en su carácter supuestamente «estratégico».

Esta no es la primera ofensiva judicial en los tribunales al hilo de la polémica ayuda a una empresa que sobre el papel, es española, pero que tiene la mitad de su capital en manos de venezolanos. Se trata de una aerolínea con dos aviones en alquiler, de dudosa solvencia y con solo cinco millones de patrimonio neto.

Una operación cuestionada

Vox ya interpuso hace unas semanas una querella ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y todo el consejo de Administración de la SEPI por entender que no se trata, contra la visión del Ejecutivo, de una empresa estratégica con relevancia en su sector y que tampoco tenía derecho a ese plan de rescate puesto que sus pérdidas no son consecuencia de la pandemia. Está por resolverse la admisión a trámite de esta iniciativa mientras en Madrid, ya se investiga la operación.

La aerolínea Plus Ultra apenas representa el 5% del total de los préstamos repartidos por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI. Pero teniendo en cuenta su facturación (94 millones) en las últimas cuentas declaradas a 31 de enero de 2020, el rescate de 53 millones equivale a más de la mitad de sus ingresos.

Plus Ultra ya constituía una empresa en crisis antes de llegar la pandemia. De hecho, nunca había registrado un año con sus cuentas en positivo y arrastraba una deuda de más de diez de millones en su último balance.

De no ser por un préstamo participativo llegado desde un banco panameño relacionado con el accionariado venezolano de la aerolínea, estaría en causa de disolución según la auditora de sus cuentas. Antes de pedir el rescate a la SEPI, Plus Ultra acudió a la banca privada y esta rechazó concederle cualquier tipo de financiación al considerar que había riesgo de impago, a pesar del respaldo del 70% del aval del ICO para grandes empresas. A pesar de todos estos hechos y de su escasa relevancia en el sector aéreo ha sido considerada estratégica.